Hepatitis C, Sovaldi y chachachá

¿Que a Defensa se le oxidan los cañones? Pues 900 millones más en 2014 para Morenés y que compre tanques nuevos. ¿Qué el proyecto CASTOR de ACS es un fiasco y provoca terremotos? Pues 1350 millones de euros para Florentino y sus abnegados socios. ¡Y rápido, que viene el Coletas! ¿Que los enfermos de hepatitis C piden mucho dinero para comprar el tratamiento y curarse? Ah... esto es diferente: ¡nombramos una Comisión!

El nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de acreditado estilo vitoriano (no "victoriano"), esto es, directo pero dialogante, y que anunció un giro social a su llegada, se ha topado con una patata caliente que dejó sin resolver, como tantas otras cosas, la "partícipe a título lucrativo" ministra Ana Mato.

¿Qué sucede con la hepatitis C?

Se trata de una enfermedad vírica, poco conocida para el gran público, y padecida por muchos enfermos sin saberlo; es la típica enfermedad silenciosa, que sólo sale a la luz tras 20 o 30 años del contacto inicial con el virus; presenta síntomas difusos como cansancio o malestar general, pero evoluciona en muchos casos hacia situaciones graves como cirrosis hepática o cáncer de hígado, causando en España una mortalidad elevada: más de 3000 personas al año, esto es, más de 10 personas al día.

Hasta ahora, el tratamiento, con rivabirina e interferón inyectable, era poco efectivo, requería largos meses de tratamiento y dolorosos efectos secundarios que provocaba en muchos casos su abandono.

Pero llega una esperanza de Ultramar; en diciembre de 2013 era aprobado por la FDA, la agencia estadounidense de medicamentos y alimentos, el medicamento Sovaldi® (a base de sofosbuvir), una revolución terapéutica que cura un 90% de los casos, sin apenas efectos secundarios, y con sólo 12-24 semanas de tratamiento; en enero de 2014, es aprobado por la EMA (agencia europea de medicamentos), con validez para toda Europa, si bien hay que fijar un precio de venta, que se establece país por país. En el caso de España, tras largos meses, y con los pacientes amotinados, hasta el 1 de octubre del pasado año no estuvo disponible en los hospitales, para su entrega a los pacientes.

¿Cuál es el problema?

Pues que es un medicamento muy caro, en torno a 84.000 dólares por tratamiento en EEUU; en las negociaciones en Europa se fija un precio de 60.000 euros en Francia. En nuestro país, tras las oscuras negociaciones habituales (¿pero no hay una Ley de Transparencia?), el ministerio de Sanidad anuncia un precio de 25.000 euros, y un techo de gasto -novedosa fórmula- de 125 millones de euros para toda España. Tras dos meses de desconcierto de los enfermos, que denuncian que el medicamento no les llega, y de encierros en hospitales, el nuevo secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, se ve obligado a reconocer en plenas Navidades que el techo de gasto no es tal, y que el medicamento sólo alcanzará a 5000-7000 pacientes, cuando los hepatólogos reclaman que llegue a unos 30.000.

Las críticas arrecian

El partido mediático PODEMOS y el magenta UpyD proponen que ante un problema de salud pública evidente, el Gobierno emita una licencia obligatoria para el Sovaldi®, saltándose la patente, propiedad del laboratorio californiano Gilead. Se trata de algo legal, reconocido por los convenios de la OMC (art. 31 de los ADPIC), firmados por nuestro país, y tipificado en la propia ley española de patentes (art.90), que señala a cuestiones de "salud pública" como una de las razones para emitir licencias obligatorias, por mucho que en el Ministerio de Sanidad pretendan desconocer esta legislación.

Diferentes voces, desconocedores de los mecanismos internacionales de fijación de precios, aducen el bajo coste que tiene este medicamento en Egipto e India, menos de 1000 dólares por tratamiento. Incluso interviene en el debate -scoop de El Mundo- uno de los padres del medicamento, Raymond Schinazzi, que vivió parte de su niñez en España. Este químico, formado en Inglaterra, fue el fundador en EEUU en 1998 de Pharmasset, la empresa que realmente descubrió el medicamento, y que fue comprada en 2011 por Gilead, un tiburón del mundo farmacéutico, por 11.000 millones de de dólares.

Schinazzi, nacido en 1950 en Alejandría (Egipto) e hijo de judíos sefarditas que emigraron a España en los años 60 tras la independencia egipcia -su padre trabajó casi 20 años en Burgos, en una conocida empresa del sector de embutidos que ha visto calcinadas sus instalaciones recientemente- apuntaba: "Los Gobiernos deben negociar con la farmacéutica para rebajar los precios todo lo posible".

Mientras tanto, las fábricas de Gilead echan humo, y su caja fuerte rebosa de efectivo. En la jerga farmacéutica denominan blockbuster a los medicamentos que superan los 1000 millones de dólares al año en ventas. Y todos los laboratorios ansían tener uno o varios. Pues Sovaldi® es algo más, batiendo en 2014 el récord mundial de ventas de un medicamento en su primer año: 8.500 millones de dólares. ¡Algo extraordinario! Y ello sólo con las ventas en EEUU (100.000 pacientes) y en un par de países europeos (17.000 pacientes, sobre todo de Francia y Alemania), según revelaba John Milligan, CEO de Gilead, recientemente.

¿Qué hacer?

¿Puede un medicamento dejar huérfanos a los pacientes por su precio? ¿No era la salud un derecho? Eso es algo que las ONG sanitarias -Farmamundi entre ellas- llevamos denunciando desde hace años: que un tercio de la población mundial, 2000 millones de personas, carecen de acceso a los medicamentos básicos, a los 300 esenciales que proclama la OMS. ¿Sovaldi® es uno de ellos? Claramente, sí, pues es la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Qué debe hacer España? ¿Saltarse la patente? No sería fácil, se trata de algo poco habitual en países desarrollados. Pero sobre todo, no debemos olvidar que se trata de un producto, de un medicamento norteamericano. Si en España el ministro Soria cogió las maletas y se fue a la Argentina tras la expropiación de Repsol en YPF, una licencia obligatoria de un producto estadounidense haría que la embajada de EEUU en Madrid, que está para algo más que las becas de cursos de inglés, empezase a empezase a hacer gestiones y llamar a los teléfonos de altos cargos del Gobierno.

Lo que haga España dependerá de su Gobierno, de las propuestas de otros partidos, de los pacientes y de la sociedad. Negociar con Gilead, dotar con recursos al Fondo de Cohesión Sanitaria, saltarse la patente, unirse a otros países europeos..., el ministerio de Sanidad tiene varias opciones; todo menos nombrar una Comisión y -es lo que parece- perder el tiempo bailando un chachachá.