¿Tiene España la cultura política que se merece?

Estamos en una época conflictiva para la política nacional, con elecciones no determinantes, corrupción y judicialización de la política y personalismos infranqueables. Vivimos entre campañas electorales nacionales y autonómicas, relaciones de poder centro-periferia y multidifusión mediática diaria de informaciones políticas cambiantes. Pero en medio de todas estas acciones, debemos pensar si España tiene una cultura política adecuada a su situación, si hemos llegado a una mayoría de edad que nos haga entender lo que está pasando con la suficiente perspectiva y reflexión.

La cultura política de un país se mide por el grado de aceptación de los mecanismos de participación política. Cuando hablamos de cultura política no nos referimos al nivel cultural de conocimiento sobre políticos, ni sobre actitudes ideológicas, ni tan siquiera sobre el conocimiento del tipo de sistema político de un país determinado. El concepto hace referencia a las percepciones, actitudes y costumbres de la ciudadanía hacia la forma en la que considera se desempeña y trabaja su Gobierno, y la manera en la que se relaciona con él. Ya en los años cincuenta Gabriel Almond empezó a popularizar este concepto (citado por Lane en su libro Constitutions and political theory (1996). Posteriormente, otros autores han definido, redefinido y argumentado este concepto, autores como Lucian Pye y Sidney Verba, en su libro Political culture and political development (1960), Mattei Dogan, en su obra Elites, crises, and the origins of regimes (1996), Arthur Asa Berger en Narratives in popular culture, media, and everyday life (1997) o Aaron Eildavsky en The new politics of the budgetary process (1998), entre otros.

Más recientemente escribe Luis F. Aguilar en su libro La hechura de las políticas (2003) que el estudio de la cultura política es de fundamental importancia, porque a partir del conocimiento de los valores, creencias, convicciones, costumbres y conductas de los ciudadanos es como se puede considerar la posibilidad de construir y de garantizar la solidez y permanencia de un sistema democrático. Y el año pasado, los autores Gabriel Almond y Sidney Verba, en su obra The civic culture: political attitudes and democracy in five nations (2015) nos argumentaban que la cultura política es el conjunto de orientaciones específicamente políticas de los ciudadanos hacia el sistema político, hacia sus partes componentes y hacia uno mismo como parte del sistema. Partiendo de estas ideas, ¿cómo calificaríamos la cultura política actual?

Las concepciones principales de la mayoría de estos autores estaban centradas en el compromiso y el involucramiento de los ciudadanos en su sistema de gobernanza. Desde estos dos pilares, surge el concepto de cultura política actual que podemos trasladar a la sociedad civil. En un primer eslabón, sobre el concepto de cultura política analizaremos el compromiso de los ciudadanos sobre la política. Este eslabón se valora con el nivel de participación en las elecciones de un Gobierno. Así, podríamos decir que en las últimas elecciones ha habido una alta participación, lo que nos da un índice de compromiso y de cultura política alto. La democracia implica un sistema de representatividad. En España tenemos un sistema de representación en la que los ciudadanos eligen a unos representantes, y éstos son los encargados de elegir a un presidente, quien designará un Gobierno que, a su vez, se someterá al control del parlamento formado por todos los representantes escogidos por los ciudadanos. Así se cierra el círculo de la representatividad y de la gobernanza de España.

Pero como vemos, ese círculo tiene huecos que no estaban cubiertos o cerrados. Como hemos visto estos meses, no es tarea fácil este último paso. Pero, ¿cómo analizaríamos este proceso y qué tiene que ver esto con la cultura política de un país? En realidad, mucho, porque el sistema político español hace que la representatividad de los ciudadanos en el sistema de gobierno apenas se muestre más que cada cuatro años (salvo situaciones excepcionales como las de estos últimos meses). Y de esta manera, el factor de participación ciudadana queda solamente escenificado temporalmente y con una temporalidad muy larga. De esta manera, la cultura política sobre el papel sería amplia en representatividad, pero sobre la realidad del ciudadano quedaría más débil. Actualmente no contamos con sistemas deliberativos que aumenten el compromiso ciudadano de participación democrática.

La cultura política, como hemos dicho, tiene mucho que ver con la representatividad y el sistema democrático de un país, pero tiene que ver también con las maneras en que el Gobierno desempeña sus funciones y la manera en la que éste se relaciona con sus ciudadanos. Desde este segundo eslabón o punto de vista, podríamos decir que actualmente vivimos en un país en que la cultura política parece estar separada del ámbito ciudadano. Se gobierna para el pueblo pero sin el pueblo, dirían las voces más radicales y/o extremistas del país. En realidad, por lo que respecta a la cultura política, diríamos que se gobierna en un sistema cerrado de representatividad ciudadana, un sistema basado en fuertes pilares que lo hacen robusto y poco moldeable. Un sistema avanzado para cubrir las necesidades de un momento en que se salía de un sistema autoritario abierto y se entraba en una democracia. Eso implicaba unas relaciones con los ciudadanos mediatizadas por el tecnocratismo como única vía posible para no herir susceptibilidades y soportar críticas.

Ese tecnocratismo sigue hoy en día como norma institucionalizada, donde sin currículum vitae no se consigue ser líder de un partido o digno representante de la sociedad. Tenemos el Congreso y el Senado más tecnócratas de la historia de España, con ministros catedráticos y líderes de partidos que son profesores de universidad. Incontables expertos participan de las decisiones de gobernanza. En la política actual, los informes y asesores están por todos los rincones de las cámaras. Cada representante tiene a su cargo varios asesores y fundamenta las decisiones en extensos informes sobre las más diversas temática. Y eso implica que se ha pasado de decidirse por ideología a decidirse por asesoría. Se han mezclado la cultura política de la representatividad y la decisión experta fundamentada. Desde este segundo punto de vista, se podría decir que la cultura política expresa sus funciones en una oligarquía académico-profesional, en un tecnocratismo expansivo e invasor.

Gabriel Almond y Sidney Verba (2015) señalaban también que existen unas disposiciones cognitivas afectivas y evaluativas de los ciudadanos hacia los objetivos sociales. Entramos en la tercera parte o eslabón del concepto de cultura política, esa parte sensible, subjetiva y motivacional de la ciudadanía. ¿Cómo se sienten los ciudadanos ante la gobernanza de un país y sus acciones de gobierno? Eso se puede medir mediante los barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Según los últimos baremos, tenemos una situación política actual calificada de muy mala (43%) o mala (36%) por casi el 80% de la población (Barómetro del CIS junio 2016). Eso lleva a entender que no se acaban de aceptar los mecanismos de participación política y/o ciudadana ni las formas de hacer y actuar. La corrupción política sigue siendo una de las primeras preocupaciones de los ciudadanos de estos últimos años (Barómetro del CIS 2015 y 2016). Todas estas disposiciones cognitivas nos llevan a pensar que la cultura política, en términos académicos, la podemos definir como reducida desde estos puntos de vista. La ciudadanía se siente descontenta a la vez que preocupada por las situaciones políticas. Pero también se consolida la consistencia de un sistema político actual, una democracia robusta y adecuada a las democracias actuales europeas. Como vemos, la cultura política actual pasa por uno de sus peores momentos en cuanto a sus disposiciones cognitivas, aunque la participación ciudadana sigue siendo alta y el interés por mejorar estas condiciones aumenta diariamente.