Cataluña, el rey y el rey
El rey Felipe VI podría hacer suyas hoy las palabras de su padre y decir que la Constitución es garantía de que todas las ideas se pueden defender por la vía democrática y legal. ¿Quién va a estar en desacuerdo con esas palabras? Pero ¿consideraría oportuno el rey repetir hoy las palabras del Rey en 1989? ¿O en el actual contexto político serían consideradas un aliento al desafío catalán?
La siguiente cita corresponde al discurso del rey Juan Carlos I en su discurso de apertura de las Cortes, el 6 de diciembre de 1989.
El diario ABC reprodujo en su portada esta frase del Rey: "El ordenamiento constitucional es garantía de que todo es posible por la vía pacífica". (Portada de Abc, 7 de diciembre de 1989)
La Vanguardia tituló: "El Monarca subraya que la Constitución es garantía para cualquier objetivo político". (7 de diciembre de 1989)
Avui: "El Rey invita a los violentos a la democracia "porque todo es posible por la vía pacífica". (En aquel tiempo remoto yo era corresponsal del diario Avui en Madrid).
Todos entendimos el mensaje real de la misma manera: la Constitución no es un límite para la defensa de ideas políticas, sino garantía de que se puede defender cualquier objetivo político.
El contexto de aquellas palabras no tiene nada que ver con el de hoy. ETA asesinaba apelando a razones políticas, y la invitación del Rey tenía una motivación inmediata: tres semanas atrás, en la noche del 20 de noviembre, un diputado de Herri Batasuna, Josu Muguruza, había sido asesinado en una cafetería de Madrid por pistoleros de extrema derecha. El resto de parlamentarios batasunos electos meditaba renunciar a la actividad parlamentaria.
En realidad, era la primera vez que se disponían a participar en las Cortes. En ese contexto, el rey se dirigía a los diputados de Batasuna: integraros en la vida parlamentaria, en democracia se puede discutir de todo.
¿Tienen validez las palabras de don Juan Carlos en el actual contexto político? ¿Tienen sentido veintiséis años después?
Hay una pregunta que planea, sin explicitarse, por encima del debate catalán: si nuestro sistema tiene capacidad para amparar y dar cabida a cualquier objetivo político, si ninguna aspiración queda excluida, si todo es posible por vía pacífica, ¿no sería conveniente aclarar cuál debiera ser el procedimiento pacífico, democrático y legal que debiera seguir un independentista para lograr su objetivo político?
A simple vista parece contradictorio afirmar que la Constitución lo permite todo pero que hay una cosa que la Constitución no permite, ya que la unidad de España es indiscutible. Don Juan Carlos no dijo en su discurso a las Cortes de 1989: "Todo es posible...salvo alguna cosa".
El actual presidente de las Cortes, el socialista Patxi López, tercera autoridad del Estado, escribió un artículo en El País titulado Empecemos por la claridad (El País, 11-1-13). En ese artículo reflexionaba sobre la conveniencia de adaptar a España la Ley de Claridad que en Canadá permitió convocar a los quebequeses a un referéndum sobre su independencia, bajo unas determinadas normas, sobre pregunta, recuento de votos y negociación posterior.
El también socialista Ramón Jáuregui, en un artículo en La Vanguardia titulado Primero un nuevo acuerdo, después la consulta (La Vanguardia, 30-9-13) defendía la actual posición de los socialistas: negociar un acuerdo que sea después ratificado en las urnas para evitar una consulta explícita sobre independencia. Pero también aceptaba, a título personal, sin comprometer a su partido, que si en una comunidad autónoma se da una mayoría amplia, estable, transversal, homogénea territorialmente, y reiterada en el tiempo, a favor de la independencia, se pudiera plantear una consulta. En definitiva, una adaptación de la Ley de Claridad canadiense.
Podemos propone un referéndum sobre la independencia en Cataluña, sin que esté del todo claro en qué condiciones, ni si el resto de españoles tendría algo que decir. Tampoco queda claro si Podemos propone contraponer en referéndum la independencia con la situación actual, o bien con una eventual nueva situación que surgiera de una negociación. En este último caso, la propuesta de Podemos y la del PSOE serían muy parecidas.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre la declaración soberanista del Parlament de Cataluña (5-3-14) aludía a la legitimidad política del derecho a decidir. El TC planteaba la legitimidad de esa aspiración política, siempre que se siguiera el camino legal. Sucede que nadie sabe cuál es el camino legal que debe seguir un independentista para conseguir sus objetivos políticos.
Si para lograr sus objetivos políticos los independentistas catalanes tienen que lograr una mayoría de dos tercios en toda España, modificar primero la Constitución y luego someter la independencia de Cataluña a un referéndum en toda España, en la práctica se está diciendo que esa aspiración no es posible.
En estos días se subraya que los partidos independentistas solo han obtenido el 47% de los votos en las autonómicas catalanas, y que eso no les legitima para una declaración unilateral de independencia. Quien argumenta eso, ¿está diciendo que sí sería legítima esa declaración unilateral con el 51%? ¿Con el 60%? ¿Y si el 80% de los catalanes votara por partidos independentistas en unas autonómicas? ¿Cuál es el porcentaje que permitiría estudiar qué?
El rey Felipe VI podría hacer suyas hoy las palabras de su padre y decir que la Constitución es garantía de que todas las ideas se pueden defender por la vía democrática y legal. ¿Quién va a estar en desacuerdo con esas palabras? Pero ¿consideraría oportuno el rey repetir hoy las palabras del Rey en 1989? ¿O en el actual contexto político serían consideradas un aliento al desafío catalán? En estos días, Felipe VI no ha considerado oportuno recibir a la presidenta del Parlament de Cataluña para recordarle que todos los objetivos políticos son legítimos si se respetan los cauces legales.
Si a los independentistas se les dice que la independencia queda fuera de la ley, solo pueden hacer dos cosas: desistir de sus ideas o buscar sus objetivos fuera de la ley, en los márgenes de la ley, o forzando la ley, que es lo que están haciendo. También puede que finalmente se rindan, y acepten que su aspiración política está descartada. Son las dos opciones de los independentistas catalanes: renunciar a la independencia o buscarla bordeando la ley. La política española tiene también dos opciones: forzar el desistimiento de los independentistas, o derrotarles en las urnas.
