Un medio español alerta a los ingleses de multas de 2.000 euros por la coacción de apartamentos turísticos por WhatsApp
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a los propieterios del alojamiento por una infracción que ha considerado "muy grave".
Un turista español que había reservado un apartamento vacacional en Badajoz a través de una plataforma de alojamiento fue contacado por uno de los propietarios para exigirle que enviara una fotografía de ambos lados de su documento de identidad y el de los demás huéspedes por WhatsApp o correo electrónico.
Esta, según insistieron los propietarios, era una condición para entrar en el alojamiento, a pesar de que en la confirmación de la reserva se indicaba que solo tendrían que mostrarlos a la llegada, según ha informado la edición en inglés de Diario Sur.
El huésped se negó a enviar su documetnación personal por WhatsApp y cuando llegó al apartamento para realizar el check-in mostrando su DNI, los propietarios le insistieron en que debía enviar la documentación por WhatsApp si quería quedarse allí.
Finalmente, la negativa reiterada del huésped provocó que el establecimiento le impidiera acceder al apartamento previamente reservado y pagado. Ante esta decisión, el hombre denunció a los propietarios ante la Guardia Civil y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que posteriormente los ha sancionado por una infracción que ha considerado "muy grave".
Los propietarios argumentaron que por el tipo de alojamiento no están obligados por ley a disponer de recepción, pero, al tratarse de un alojamiento vacacional, estaban obligados a transmitir diariamente por vía telemática a las autoridades todos los datos incluidos en el informe del huésped.
"Datos que los clientes deben facilitar por medios telemáticos, debido a la falta de recepción y de personal encargado de estas funciones y de verificar los datos facilitados por los clientes. Los trámites relacionados con los alojamientos vacacionales no tienen una ubicación física", argumentaron.
Además de imponer una multa de 2.000 euros, la AEPD ha ordenado a los titulares que dejen de recoger copias de los documentos de identidad de sus clientes para la formalización del registro en el plazo de tres meses y que modifiquen la información que ofrecen sobre protección de datos personales. Asimismo, ha advertido de que el incumplimiento de esta obligación podría ser considerado una infracción administrativa que podría dar lugar a otra multa.
