Un chivatazo de la CIA en Estados Unidos da con un arsenal de armas en una parroquia española
Los efectivos de la Guardia Civil se toparon con mucho más de lo que imaginaban: un arsenal formado por 84 armas de fuego, diez de ellas consideradas prohibidas.
La Agencia etadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colabora directamente con la CIA, dio la voz de alarma a la Guardia Civil sobre las actividades de un individuo de Pontevedra que se enfrenta ahora a sesis años de cárcel por tenencia ilítica de armas.
Los hechos se remontan hasta el 21 de mayo del 2019, cuando se registraron dos viviendas y una finca en Ponteareas. Los efectivos de Información de la Guardia Civil, según informa el medio La Voz de Galicia, se toparon entonces con mucho más de lo que imaginaban: un arsenal formado por 84 armas de fuego, diez de ellas consideradas prohibidas por su catalogación de armamento de guerra.
La trastienda de aquellos registros se conoció el pasado jueves en el inicio del juicio contra el titular del arsenal. Tanto la defensa del acusado como la Fiscalía relataron que la alarma de la ATF surgió por el control que realiza sobre la venta de armas internacional, y cómo posteriormente, esta agencia trasladó a Europol la información para remitirla finalmente a la Guardia Civil en la provincia.
El acusado había comprado el material prohibido en una web especializada en venta de armas en China. Esa página de Internet es uno de los objetivos habituales a vigilar por la ATF, de ahí que fijara sus ojos en este vecino de Ponteareas al comprar unas piezas que se consideran prohibidas para el uso de la ciudadanía, aunque tenga licencia de armas.
Mientas, la defensa del acusado considera que el problema de fondo es "la guerra comercial" de EE.UU contra el gigante asiático para monopolizar este sector empresarial. Lo relató en su escrito de defensa, que pide la nulidad del procedimiento por varios motivos. El primero por vulnerar la ley de protección datos. Los EEUU conocieron el correo electrónico personal del acusado, con el que realizó las compras, las direcciones IP con las que compró, y su dirección postal. Aquello derivó en los registros de propiedades del acusado, por lo que su defensa considera que vulneran su derecho a la intimidad.
La Fiscalía, por su parte, enumeró todos los indicios acumulados para iniciar el procedimiento contra el acusado, que van más allá de la información aportada por EEUU. El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, que juzga la causa, deliberará sobre la petición de nulidad planteada por la defensa en las cuestiones previas. Las partes están citadas el 12 de noviembre para conocer la resolución.
