El Supremo manda al banquillo al diputado Alberto Casero y este pide la suspensión de militancia del PP
El político que saltó a la fama por su error en la votación de la reforma laboral está siendo investigado por presuntas irregularidades en adjudicaciones durante su época como alcalde de Trujillo (Cáceres).
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha propuesto juzgar al diputado del PP Alberto Casero por los delitos de prevaricación y malversación en relación a presuntas irregularidades en cinco contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Algo a lo que el parlamentario popular ha reaccionado solicitando la suspensión de militancia en su partido despues de la decisión del Alto tribunal, según han informado fuentes del PP a los medios de comunicación, tal y como recoge EFE.
El juez ha dictado un auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el que da diez días de plazo al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento.
El magistrado ha explicado que los hechos que, con el carácter provisorio e indiciario propios de esta fase, son atribuidos al investigado están relacionados con actuaciones realizadas en su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y órgano de contratación en el mismo, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 al concertar con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto, por la normativa aplicable en cada caso.
El juez cree que aunque la normativa, en algunos supuestos, no establecía unos exigentes requisitos de validez, "sí establecía formalidades encaminadas cuando menos a que constara su existencia en el Consistorio mediante la apertura del correspondiente expediente conteniendo la debida resolución por parte del órgano de contratación aprobando el gasto, con justificación de su necesidad y la posterior aportación de la factura correspondiente a los trabajos objeto del contrato”.
En la investigación, el magistrado cree que la conducta que se ha relatado encaja dentro del delito de prevaricación administrativa, resultante de los referidos indicios fundados. "No solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas, sino un modo de proceder del aforado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico", añade.