Estos son los primeros ciudadanos españoles en movilizarse si Putin hace estallar la guerra global

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el pasado jueves que, a partir de ese momento, la guerra de Ucrania ha adoptado las características de "conflicto global". La utilización de misiles rusos occidentales para atacar territorio ruso por parte de Ucrania recibió la respuesta con el nuevo misil hipersónico Oréshnik. 

El avance de Putin y estas declaraciones ha encendido las alarmas y varias naciones, como Francia, ya han implementado su capacidad industrial en defensa. En España, el debate sobre la defensa es complejo. El Gobierno oscila entre apoyar a sus aliados de la UE y la OTAN y el antimilitarismo de parte de su Ejecutivo y socios parlamentarios. 

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el gasto militar ha aumentado significativamente, acercándose al 2% del PIB comprometido con la Alianza Atlántica. Sin embargo, el país aún no habla de la guerra con la misma claridad que algunos de sus vecinos.

La Constitución española es clara en su artículo 30: "Los españoles tienen el derecho y deber de defender a España". Desde 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar abolió el servicio militar obligatorio, España cuenta con un ejército profesional de aproximadamente 120,000 efectivos. En situaciones de crisis, la ley de la carrera militar de 2007 permite la incorporación de reservistas: especiales, voluntarios y obligatorios.

El Consejo de Ministros puede llamar a filas a los reservistas voluntarios y especiales, un grupo de unos 8,000 exmilitares y civiles adscritos a las Fuerzas Armadas. Si esto no es suficiente, el Gobierno debe solicitar al Congreso la convocatoria de los reservistas obligatorios, civiles de 19 a 25 años. Estos jóvenes recibirían un cuestionario sobre su estado de salud y preferencias en el Ejército, seguido de reconocimientos médicos y pruebas físicas y psicológicas antes de su incorporación.

La objeción de conciencia permite a quienes no quieran servir en las Fuerzas Armadas realizar servicios en entidades de interés general. La Ley de Seguridad Nacional contempla medidas extraordinarias en situaciones de emergencia, incluyendo la movilización de la población civil y expropiaciones. Aunque una propuesta de reforma cayó con la disolución de las Cortes Generales, el Gobierno planea retomarla.