Ordenan la demolición de un edificio que trastoca la seguridad militar española a las puertas de Marruecos
La medida tiene la finalidad de "garantizar en todas las direcciones el aislamiento y defensa de las instalaciones de que se trate2".
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha respaldado la decisión del Ministerio de Defensa de ordenar la demolición de una construcción ilegal en la zona de seguridad de la Batería de Costa K-8, en Ceuta.
Con esta sentencia, se desestima el recurso contencioso administrativo presentado por la afectada contra la resolución de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, emitida en marzo de 2022, que disponía la demolición total de la obra.
El fallo, al que ha tenido acceso El Faro de Ceuta, impone además el pago de los costes del procedimiento y abre la posibilidad de interponer un recurso de casación. En la resolución judicial se subraya también la necesidad de respetar los límites establecidos para garantizar la seguridad de las instalaciones militares y evitar la invasión de su campo de acción.
Una obra sin autorización
Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando el general jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército Sur impuso una multa de 1.280 euros a la propietaria de la construcción ilegal.
La obra consistía en la edificación de una planta con parte en mampostería y otra en chapa prefabricada, sobre una vivienda ubicada en terrenos de propiedad militar y dentro de la zona de seguridad de la Batería de Costa K-8, declarada como tal por Orden Ministerial. Al no contar con la autorización del Ministerio de Defensa, se inició el procedimiento administrativo correspondiente.
En marzo de 2022, el director general de Infraestructura dictó una resolución en la que se ordenaba la demolición total de la construcción. En el informe emitido por Defensa se destaca que la zona de seguridad tiene como finalidad "garantizar en todas las direcciones el aislamiento y defensa de las instalaciones de que se trate, y asegurar el empleo eficaz de sus medios sobre los sectores de actuación que tuviere encomendados".
Dicho informe establecía que la construcción en cuestión ofrecía una visión directa sobre la Batería de Costa K-8, permitiendo tareas de observación y, en un escenario extremo, acciones de fuego sobre las instalaciones, lo que representaba un riesgo para la seguridad.
El recurso desestimado
La defensa de la afectada argumentó en su recurso que la obra tenía una extensión de apenas 20 metros cuadrados y que no comprometía la seguridad de las instalaciones militares.
Sin embargo, la Audiencia Nacional consideró que quedaba acreditado lo contrario y que realizaron obras sin la correspondiente autorización dentro de la zona de seguridad, concretamente dentro de los límites de la zona próxima de seguridad.
La sentencia, dictada tres años después del inicio del caso, justifica la decisión del Ministerio de Defensa de ordenar la demolición, resaltando la importancia de proteger las instalaciones del Ejército de Tierra. Además, los informes presentados en el procedimiento avalan tanto la sanción económica inicial como la medida extrema de demoler la obra para preservar la seguridad de la zona.
