Multas de hasta 800.000 euros por descuidar la vigilancia del gas invisible que pone en alerta a España por el cáncer de pulmón
Inspecciones y multas elevadas para garantizar la seguridad de los trabajadores en zonas de alto riesgo y que provoca una media de 110 muertes al año solo en Galicia.
Más de 300.000 personas en España fueron diagnosticadas con cáncer de pulmón en el pasado 2023, siendo así la primera causa de muerte por cáncer de España. Si bien el tabaco sigue siendo el principal factor, piden estar alerta por un gas clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como carcinógeno del grupo 1: el radón.
Se trata de un gas radioactivo que se produce naturalmente por la desintegración del uranio en el suelo, especialmente en suelos de granito, pizarra, esquisto y basalto. Es incoloro, inodoro e insípido, lo que dificulta su detección. Al desintegrarse, emite partículas alfa que, al ser inhaladas, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón.
Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago demostró que el radón incrementa significativamente el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en fumadores. Actualmente, se están realizando mediciones de radón en viviendas de pacientes con cáncer de pulmón en colaboración con varios hospitales, con el objetivo de correlacionar los niveles de radón con mutaciones específicas.
El radón también puede estar presente en el agua potable proveniente de fuentes subterráneas, lo que representa un riesgo adicional al poder liberarse al aire de espacios interiores. Por ello, las autoridades recomiendan medidas preventivas tanto en lugares de trabajo como en viviendas para reducir los niveles de radón y minimizar los riesgos asociados. Entre las comunidades autónomas más afectadas se encuentran Galicia, Extremadura y la Sierra de Madrid dadas sus características geológicas.
Medidas para frenar la exposición
Dadas estas características del gas y de acuerdo con la normativa aprobada a finales del 2022, todos los centros de trabajo que estén situados en las plantas bajas o en los bajos de edificios tendrán que realizar mediciones para conocer su exposición al gas radón.
El diario Progreso de Lugo señala que la normativa recogida en el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre y que modifica el Código Técnico de Edificación, afectará a aquellos consistorios que tengan un nivel de radón promedio anual superior a los 300 bequerelios por metro cúbico en espacios cerrados. En el caso de Galicia, una de las zonas de España en las que se detectan mayores niveles de este gas, por culpa de los suelos graníticos, la nueva regulación afecta a 283 ayuntamientos: 87 en la provincia de A Coruña, otros 82 en Ourense, 50 más en Pontevedra y 11 en la de Lugo.
Según el citado medio, los responsables de los centros laborales tendrán la obligación de contactar con empresas especializadas en la realización de estas mediciones, mientras que la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia serán los encargados de supervisar el cumplimiento de la normativa.
Para medir el gas radón, se deben instalar detectores de trazas, que permanecen unos tres meses en el lugar debido a la fluctuante concentración del gas. Específicamente, las mediciones deben evitarse en verano cuando las concentraciones son generalmente más bajas. En lugares de trabajo subterráneos, se recomienda un monitoreo anual.
El costo de medir el gas radón varía según el tamaño del centro de trabajo y la cantidad de sensores necesarios. Para una empresa con cinco o seis despachos puede rondar los 200 euros, mientras que para una con 40 despachos, puede ascender a 900 euros. Si es necesario realizar obras, la inversión será mayor. Actualmente, no existe un límite máximo permitido para la concentración del gas, pero sí un nivel referencia anual de 300 Bq/m³.
Si las mediciones superan el límite permitido, se deberán realizar cambios estructurales en las instalaciones para evitar la acumulación del gas, como la despresurización del terreno o la ventilación forzada con intercambiadores de aire. Posteriormente, se deben realizar nuevas mediciones para garantizar la efectividad de las modificaciones. Además, pueden usarse monitores continuos, especialmente con sistemas de extracción forzada.
No cumplir con esta nueva obligación acarrea graves consecuencias, clasificándose como un delito de salud laboral, con multas que van de los 2.000 a los 800.000 euros.