Multa de la UE a España por las aguas residuales

El incumplimiento de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes le está costando a España sanciones por parte de la Unión Europea. Según ha informado El Periódico de España, desde el año 2018, fecha de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contraria a España por este motivo, nuestro país ya ha abonado más de 70 millones de euros para cerrar el expediente. 

No obstante, indica este medio, "todavía quedan tres de las ocho ciudades infractoras (Alhaurín el Grande en Málaga, Barbate en Cádiz y Matalascañas en Huelva) que extenderán el pago hasta al menos 2026, cuando entre en funcionamiento la depuradora onubense". Es por ello que el Gobierno prevé que el total de la multa supere los 80 millones de euros, la mayor sanción impuesta por este motivo. 

Aún no se está haciendo todo lo que se debe, a juicio de Europa, en un país con más de la mitad del territorio en riesgo de desertización. Hoy España cuenta con 2.232 depuradoras, que tratan 4.066 hectómetros cúbicos de aguas residuales, pero el problema no es algo nuevo, sino que nos deberes vienen sin hacer desde hace tiempo. Lo explican en el citado medio: "Aunque la sanción económica no llegó hasta 2018, lo cierto es que las autoridades comunitarias impusieron una primera sentencia en 2011 por la mala situación de la depuración de aguas residuales en 43 aglomeraciones en base a la directiva europea de 1991 que entró en vigor en 1998. En ella se establecía el año 2000 como una primera fecha límite para su corrector tratamiento. Todo se complicó en 2017, cuando todavía quedaban 17 localidades que no cumplían con los requisitos mínimos. El número de infractoras se redujo a nueve en el momento de hacer pública la sentencia un año después y la sanción se impuso sobre ocho: cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado y las otras cuatro son de las comunidades autónomas".

Cuando el caso llegó, lento, a la justicia europea, se acabó poniendo una multa inicial de 12 millones de euros, más una coercitiva de 11 millones por cada semestre que se incumpliese la ley. Ahora, esa sanción por semestre "se ha reducido a los 3 millones de euros cada seis meses", pero restan por aclarar los planes de las localidades ya citadas. 

Ya se está trabajando para que las multas ni se repitan ni vayan a más, porque los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo (2022-2027) incluyen una partida de 6.643,67 millones de euros para infraestructuras de saneamiento y depuración. De esta inversión, 476 medidas son de carácter básico y "su inobservancia es susceptible de sanción por parte de la Comisión Europea". No obstante, según datos de la patronal de la construcción Seopan aportados también por El Periódico de España, tampoco esa inversión parece ser suficiente aún, ya que sigue siendo un 54-58% inferior a los datos de 2010. Y más aún: la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Aguas Urbanas añade que sería necesaria una inversión anual total de 4.900 millones de euros para cumplir los objetivos de aguas residuales.