Los 'jefes' de Glovo se preparan para la prisión
Por haber encubierto el uso de falsos autónomos.
Los directivos de Glovo se encuentran en una situación límite. De hecho, el Ministerio de Trabajo dio recientemente un ultimátum a la empresa de reparto recientemente: o cumplen con la 'ley rider' o acabarán entrando en prisión.
A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que dictaminó la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en su modelo de negocio. Ha manteniendo a los repartidores como falsos autónomos en lugar de ofrecerles contratos laborales convencionales. Como si las multas millonarias impuestas por Inspección de Trabajo o las decisiones judiciales no tuvieran nada que ver con la empresa.
De hecho, la situación se recrudece para ellos. Fuentes de Trabajo han confirmado ya que en los próximos días van a trasladar a la Fiscalía la petición para que actúen y apliquen la reforma del artículo 311 del Código Penal. De este modo, podrán ver si se incurre o no en posibles delitos y quiénes serían los culpables.
La reciente modificación del Código Penal establece la posibilidad de que los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores pueden ser condenados a prisión. Se contemplan penas de cárcel que van de los seis meses hasta los seis años.
Sin embargo, y mientras esto sucede, Glovo ya ha admitido que podría enfrentarse a multas de Hacienda y la Seguridad Social que ascenderían a la cantidad de entre 200 y 400 millones de euros. Pero no parece que vayan a ceder a estos requerimientos. Los directivos están dispuestos a ir a juicio para defender su modelo de negocio.
