La última oportunidad de Glovo: cumplir con la 'ley rider' o acabar en la cárcel
Trabajo da un ultimátum a la empresa de reparto, que incumple la legislación vigente y hace oídos sordos a las multas millonarias y a sentencias del Supremo.
La batalla que mantienen el Ministerio de Trabajo y Glovo por los falsos autónomos acaba de escribir su penúltimo capítulo. Porque el ministerio de Yolanda Díaz ha dado un ultimátum a la empresa de reparto para que egularice la situación de sus trabajadores y cumpla con la conocida como 'ley rider', aprobada en 2021.
A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020 que estableció la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en su modelo de negocio, manteniendo a los repartidores como falsos autónomos en lugar de ofrecerles contratos laborales convencionales. Como si las multas millonarias impuestas por Inspección de Trabajo o las decisiones judiciales no fuesen con la empresa.
Ante la actitud de Glovo, y según El País, el Ejecutivo ha optado por la "vía penal" para que cumpla con la normativa vigente. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que el Gobierno ya ha enviado requerimientos formales a la compañía de reparto y a otras plataformas similares para que se ajusten a la ley. "Que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales”, explica Pérez Rey.
Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que si Glovo no modifica su comportamiento, se remitirá la documentación a la Fiscalía para que tome las medidas legales pertinente. La reciente modificación del Código Penal establece la posibilidad de que los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores pueden ser condenados con penas de cárcel que van de los seis meses hasta los seis años.
Los efectos de la 'ley rider' ya se notan en muchas empresas del sector, que han ajustado sus prácticas para cumplir con la legislación, pero Glovo ha mantenido una actitud desafiante, incluso con las millonarias multas impuestas por Trabajo, que las ha llevado una a una a los tribunales.
El Congreso aprobó una modificación del Código Penal para castigar a los responsables de las empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores mediante fórmulas distintas al contrato laboral vigente. Esta reforma, diseñada para evitar comportamientos inaceptables, ha colocado a Glovo en una posición crítica, tanto que podría determinar su futuro en el mercado español.
La directiva europea sobre trabajo en plataformas digitales también juega un papel importante en este contexto, y el Gobierno español ha expresado su apoyo a mantener el espíritu de la propuesta original para asegurar condiciones laborales justas en la economía de plataformas.
En última instancia, el destino de Glovo está en juego. La empresa debe decidir si se ajusta a la ley "rider" y se adapta a las regulaciones laborales vigentes, o si arriesga enfrentar consecuencias penales que podrían amenazar su presencia en el mercado español. El tiempo dirá si Glovo opta por la legalidad y el respeto a los derechos laborales, o si su negativa a cumplir con la ley la lleva por un camino más incierto y arriesgado.
