Las asociaciones de consumidores alertan de los nuevos negocios que han surgido por el miedo a la okupación

La okupación se ha convertido poco a poco en un caballo de troya que se ha ido introduciendo en la política, hasta el punto de que hay partidos que han presentado medidas para hacerle frente a pesar de que los datos muestran un número de casos muy bajo. 

Las denuncias por okupación ilegal en España en 2023 fueron 15.289, según los datos del MInisterio del Interior. Y llevan años bajando. En 2022 la bajada fue del 3,2% y en 2023 del 8,8%. 2024 sigue la tendencia a la baja, aunque los datos definitivos no estarán disponibles hasta bien entrado el 2025. 

No obstante, en este tipo de delitos no se discrimina entre los dos tipos penales que conforman la ocupación ilegal: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble.

A pedar de los datos reales, cada vez más personas temen que les okupen sus propiedades. Ante esto, algunas empresas han visto una oportunidad de negocio, como es el caso de las aseguradoras, que han comenzado a diseñar seguros antiokupas.

Sin embargo, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha alertado a los consumidores de posibles irregularidades en las pólizas de este tipo. Una de las claves es que se realiza una publicidad que puede llevar a confusió a aquellos que terminan contratando este tipo de seguros para su hogar.

Uno de los puntos claves de este tipo de seguros son la cobertura de daños, una ampliación que a veces se solapa con los tradicionales seguros del hogar vinculados a la hipoteca. Pero los conflictos también se producen en materia de asesoramiento jurídico, ya que muchas personas piensan que estos cubren gastos como el abogado o el procurador.

Asufin avisa de que a veces estas empresas intentan confundir a los clientes de manera deliberada con todos estos productos. Una de las vías más sencillas de generar confusión es con el empleo de términos que pueden sonar parecido. 

"El allanamiento de morada ocurre en la vivienda habitual, incluso la segunda residencia, como acción de ingresar o permanecer en un domicilio ajeno sin la autorización del morador", aclara Asufin. 

A continuación, señala que este término "se confunde deliberadamente con la usurpación, cuando el inmueble donde se comete el delito no es un lugar donde se mora, sea el titular o un inquilino, sino una vivienda deshabitada, como son, por ejemplo, las viviendas abandonadas de los bancos".