La Casa De Alba reconoce tener pozos ilegales y es acusada de desfalcar 6 millones de euros
No obstante, justifica que sus prácticas mejoran la hidrodinámica del acuífero.
La Casa de Alba ha reconocido la existencia de nueve pozos sin licencia en su finca de Aljóbar, ubicada en el municipio sevillano de Aznalcázar, en las inmediaciones de Doñana. Además, admite que dichos pozos han operado sin medidores de control, aunque defiende que no ha extraído más agua de la permitida. Aun así, la Guardia Civil sostiene que el daño ambiental podría ascender a seis millones de euros.
Este cálculo, señala Eldiario.es, se basa en la cantidad de agua extraída sin autorización durante la última década, estimada en 6.600 millones de litros, y en el beneficio económico que ello habría generado. La investigación judicial se fundamenta en un informe del instituto armado que alerta de un posible daño irreversible en el acuífero Aljarafe Sur, del que se abastecen estos pozos.
Una defensa basada en la hidrodinámica
Para rebatir estas acusaciones, la empresa Eurotécnica Agraria, encargada de la gestión de la finca, ha presentado un informe técnico que cuestiona los cálculos de la Guardia Civil. En su defensa, argumenta que no existen pruebas de que se haya superado el límite de 605.150 metros cúbicos anuales autorizado y, además, plantea que el uso de los nueve pozos ilegales ha supuesto un beneficio para el acuífero.
El informe argumenta que la distribución del caudal de extracción entre más puntos ha mejorado la hidrodinámica del acuífero, evitando una sobreexplotación localizada que se produce con las "extracciones fuertes en solo dos puntos". La empresa sostiene que, al utilizar múltiples pozos, se genera un cono de descenso menos pronunciado al estar "repartido entre diez captaciones", reduciendo el impacto sobre el subsuelo.
Inspecciones y medidas judiciales
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha detectado en varias ocasiones la extracción ilegal de agua en la finca, calificando la práctica de "despilfarro". Por ello, el juez instructor ordenó el sellado de los pozos, medida que fue levantada en junio del año pasado tras considerar el argumento técnico de la CHG sobre la mejora hidrodinámica. Sin embargo, meses después, al confirmarse que los pozos seguían en uso, se restableció la prohibición.
A pesar de la causa judicial abierta, la CHG ha dado su visto bueno inicial a la regularización de los pozos, siempre que no se supere el volumen de agua autorizado. Esta situación ha generado controversia, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente se opuso a la medida, señalando el posible impacto en el ecosistema de Doñana.
Mientras tanto, la Casa de Alba sigue en el punto de mira por una práctica que, según la Guardia Civil, podría haber tenido consecuencias irreversibles para el medio ambiente.
