El juez del 'caso Tsunami' pide localizar al diputado de ERC Wagensberg en Suiza
García Castellón explica en el auto que cabe la posibilidad de que "el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga a la plataforma 'Tsunami Democràtic' por su papel en los disturbios y acciones posteriores a la sentencia del 'procés' independentista catalán ha acordado que la Guardia Civil localice al diputado del Parlament por ERC Ruben Wagensberg, que se encuentra en Suiza según informó su formación política.
En un auto, el magistrado explica que "se ha publicado en diversos medios de comunicación en los últimos días que uno de los investigado en el presente procedimiento de Diligencias Previas 85/2019, Ruben Wagensberg Ramón, habría podido abandonar el territorio nacional y podría encontrarse en algún punto de la Confederación Helvética".
Añade que "determinar la localización de Wagensberg y asegurar su disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para los fines de la instrucción sumarial", y explica que cabe la posibilidad de que "el investigado pudiera haber tratado de abstraerse de la acción judicial".
Según ha explicado en una entrevista en Rac1, el diputado republicano ha asegurado que le da "pánico" volver a Cataluña "viendo cómo se está poniendo la situación".
Solicita más información sobre el asalto al Prat de 2019
Por otro lado, interesa además recabar de la Agencia Española de Seguridad Aérea información relativa a los hechos acontecidos en el Prat en octubre de 2019 e informar de los mismos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si se ha realizado alguna actuación al respecto.
El magistrado recuerda que la calificación de los hechos imputados a 'Tsunami' como delito de terrorismo se puede constatar desde poco después de acordarse la incoación de este procedimiento, en octubre de 2019. El magistrado añade que unos días más tarde, el 19 de noviembre, ya apreció la presencia de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una alteración grave de la paz pública (como señala el artículo 573 del Código Penal para los delitos de terrorismo).
Explica que tanto en las comisiones rogatorias enviadas a Suiza, en diciembre de ese año, como en la cursada a Estados Unidos, ya se hablaba expresamente de delito de terrorismo.
El fiscal Álvaro Redondo lo expone en un informe que estudiará este martes la junta de fiscales de lo penal del alto tribunal, según ha confirmado 'El País'.
