Estos derechos adquiere un okupa al ocupar una vivienda
Hay que tenerlos en cuenta.
Las okupaciones en España siguen cayendo en picado. No es uno de los problemas que sufre la ciudadanía, con descenso generalizado de los datos desde 2020. Las cifras de 2023, conocidas este año, cayeron un 8,8% respecto a 2022.
El año pasado se contabilizaron 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles. Pese a ello, sigue siendo una de las preocupaciones de casi el 54% de los españoles, según la encuesta que hizo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Pero en el caso de que pueda ocurrir algo parecido, hace falta conocer los derechos que adquiere un okupa cuando se mete en una vivienda y los plazos que determinarán el desalojo.
Si una persona ocupa una vivienda, habrá que tener en cuenta si se está cometiendo un delito de allanamiento de morada o una usurpación. En el caso del primero, conllevaría una pena mayor.
Algo a tener en cuenta es el periodo de 48 horas. La policía podrá desalojar a las personas que hayan accedido sin permiso a la vivienda durante ese límite temporal. En ese caso, serían detenidos por allanamiento de morada.
El problema está en la vivienda que no suele ser la habitual del propietario, lo que derivaría en un delito de usurpación. Algo que obligaría a un proceso más largo para tratar de recuperar la casa.
En el caso en el que esas personas cambien la cerradura y estén más de 48 horas en su interior se puede considerar un derecho esencial y sería considerado su domicilio hasta que la Justicia considerara lo contrario.
Aunque puedan ser momentos de tensión, los dueños no deben perder los papeles, ya que cualquier medida por su cuenta puede constituir un delito. Por ejemplo, poner fin a los suministros básicos habituales. Tendrán que esperar a la decisión judicial.
Los pequeños propietarios piden acortar los plazos
La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acortar los plazos de desahucios por impago de rentas, ya que el pequeño propietario tiene que afrontar en ocasiones los costes de suministro de vivienda en el caso de los inquilinos considerados como vulnerables hasta que se les ofrece una solución habitacional.
Por ello, ha pedido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, soluciones tanto compensatorias como de agilización de trámites. También ha incidido en abordar con seriedad la okupación de los inmuebles, ya que es un problema que genera "intranquilidad en los ciudadanos", por lo que ha instado a Rodríguez a actuar con medidas "eficaces" y amparadas por una legislación adecuada.
