Esto es lo que ofrece la ley si una comunidad de vecinos necesita expulsar a los okupas a toda costa

Lo primero que tiene que tener claro una comunidad de vecinos es que, si detecta una ocupación ilegal en su edificio, lo primero es acudir a la Policía Nacional o la Guardia Civil a denunciarlo. Lo aconsejable antes de hacerlo es recabar la máxima cantidad de información posible sobre la infracción que esté teniendo lugar, para detallarla lo mejor posible en la denuncia, lo que facilitará la investigación a los especialistas.

Hay que tener presente que la legislación española sí establece un marco jurídico concreto para actuar en estos casos y echar a los okupas. En concreto, lo aparece recogido en las leyes de Enjuiciamiento Civil y la Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Esta segunda, que se aprobó en 2015, ha sido modificada recientemente con la finalidad de agilizar los trámites en los casos de okupaciones.

Cuando éstas se producen en un edificio de diversas viviendas, el papel de la comunidad de vecinos es relevante, ya que suele haber más personas que pueden tener pruebas de la okupación, disponer de datos relevantes o incluso testificar sobre lo que está pasando, si así lo requieren las autoridades.

Para desocuparla, hay dos vías, la civil y la penal, y se tratará por una o por otra dependiendo de las circunstancias de cada caso, por lo que es fundamental contar con la ayuda de un abogado especializado en este tipo de sucesos, lo que no es complicado de encontrar porque existen ya equipos jurídicos que se dedican a ello, dada la envergadura que ha cobrado este problema en los últimos años. Éstos aconsejan actuar lo más rápido posible cuando se detecte un caso, porque la denuncia rápida permite desalojar antes a esos inquilinos no deseados.