Amplían la investigación a la cadena de mando por las muertes de militares en Cerro Muriano
Ya no se investiga sólo al polémico capitán que dio las órdenes.
El juez de lo Militar en Madrid será el que investigue finalmente la muerte de dos militares en la base de Cerro Muriano (Córdoba), el pasado diciembre. Según han confirmado los abogados de la familia, no sólo importa quién se encargará del caso, el Juzgado Togado Militar Central Número 2, sino que éste amplía la investigación a la cadena de mando y tomará declaración a cuatro altos cargos de la Brigada Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra por la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado Carlos León, el pasado 21 de diciembre, mientras realizaban maniobras en un embalse. No se limita, pues, al polémico capitán que dio las órdenes, cesado por el Ministerio de Defensa.
Así lo ha decidido el tribunal militar central en sus dos autos de 6 y 7 de junio en los que además acuerda señalar fecha para la declaración de los cuatro jefes militares y 42 testigos, peritos y testigos-peritos.
En concreto, se trata de dos coroneles, el que ostentaba la jefatura del regimiento de Infantería La Reina número 2 cuando se programó el ejercicio y el que lo había sustituido en el mando cuando este se ejecutó; del teniente coronel que dirigía la plana mayor de la unidad en el momento en que se aprobó el plan de instrucción de los reclutas y del comandante que ejercía estas funciones el día del accidente.
"Desde el día 29 de diciembre en nuestra primera denuncia veníamos solicitando estas imputaciones y la del General de Brigada, en la que seguiremos insistiendo. Posteriormente lo hemos reiterado en varios recursos y escritos dirigidos al Juzgado Togado Militar de Sevilla", ha señalado tras la noticia el abogado sevillano Luis Romero Santos, que ejerce la acusación particular de la familia del Soldado Carlos León.
"Igualmente, solicitaremos el sobreseimiento y archivo respecto al Sargento Estupiñán, la imputación para el General de Brigada y la declaración de más testigos", ha añadido.
Los dos militares murieron ahogados sobre las 9.00 horas del día de autos, durante el ejercicio de adiestramiento denominado "cruce de paso de agua", que se desarrolló en un pantano del campo de tiro. El agua estaba helada y los militares llevaban lastre como castigo, algo vetado en las Fuerzas Armadas españolas. Además, no había equipos de emergencias cerca de lago, por si era necesario llamarlos, así que la asistencia se retrasó.
El más señalado por este caso es el capitán Ignacio Zúñiga. Según el diario ABC, era el responsable de dirigir las maniobras el día de autos y está en la causa por la comisión de un un presunto delito contra la "eficacia del servicio" del artículo 77 del Código Penal Militar. Este artículo señala que se juzgará "al militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito". "En caso de demostrarse, será castigado con las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo", indica.
