44 policías se van a la calle en Sevilla por un soplo
Los hechos ocurrieron hace más de una década antes del examen de oposiciones para Policía Local.
El Ayuntamiento de Sevilla se enfrenta a un problema que podría poner en riesgo algunos aspectos de la seguridad del municipio. Esto se debe a una sentencia judicial por la cual 44 policías locales podrían ser destituidos de su puesto de trabajo debido a supuestas irregularidades en el momento del examen de las oposiciones en 2012.
Este asunto ha generado una situación problemática en la capital sevillana, y es que, su alcalde José Luis Sanz (PP) prometió contratar a 400 nuevos agentes -100 por año- durante sus cuatro años de mandato. Esto podría verse en entredicho en caso de que estos 44 agentes -tras más de una década de causa abierta en los juzgados- se vieran obligados a repetir las pruebas de acceso al cuerpo.
El motivo real que ha provocado esta situación fue la filtración del examen a los opositores hace once años, según apunta la jueza. Esto implicaría tener que cesar a todos los aprobados, aunque es una decisión muy polémica ya que es complicado discernir quién sí, quién no y hasta que punto, se vieron beneficiados por esta filtración.
Los implicados se defienden
Pero esta causa judicial podría dar un vuelco, ya que según apuntan, uno de los denunciantes y afectados por esta situación, ya no está interesado en incorporarse al cuerpo. Y es que, tras más de diez años, ya ha logrado encontrar un puesto de trabajo en otro lugar y preferiría recibir una indemnización antes que volver a realizar el examen.
En el otro lado de la moneda se encuentran los implicados en el caso y que, bajo ningún concepto quieren repetir la prueba después de tantos años. Por su parte, la jueza aseguró que lo más justo es que se despida a todos los policías que aprobaron en aquella ocasión para "garantizar una competición justa".
Ante este episodio, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 7 de Sevilla instó al consistorio a ejecutar la sentencia, aunque desde el ayuntamiento no lo ven tan claro. En primer lugar porque esto implicaría un elevado coste económico a la ciudad, ya que los 44 agentes tendrían que percibir una indemnización "desproporcionada" en caso de ser despedidos.
Filtración por parte de miembros del Tribunal
Mientras tanto, el segundo motivo sería aún más graves, ya que comprometería en gran medida la seguridad pública de la capital sevillana, que de por sí afronta una escasez de agentes en estos momentos.
Las sospechas que terminaron por confirmarse se descubrieron a la hora de la corrección del examen, al comprobar que un número determinado de opositores cometió los mismos errores que solo aparecían en la plantilla filtrada. Las mismas expresiones, errores idénticos y respuestas similares, fueron los motivos que levantaron las sospechas de los correctores.
De acuerdo con la investigación, dos miembros del tribunal habrían sido los encargados de llevar un boceto de la prueba a los implicados en los días previos al examen. "Algunos de los acusados, en mayor o menor medida, han tenido acceso a la plantilla de corrección", afirmó la sentencia.
El Ayuntamiento de Sevilla y el TSJA ven imposible cumplir la sentencia
Debido a las complicaciones para saber quiénes fueron los beneficiados, todos los agentes fueron absueltos pese a la sentencia. Al juicio tuvieron que personarse los opositores, cinco miembros del tribunal, un empresario y otro miembro de la junta de personal del ayuntamiento, además de la máxima autoridad del cuerpo de Sevilla.
A día de hoy y tras más de una década, muchos de ellos han experimentado ascensos, otros se trasladaron de localidad e incluso uno de ellos falleció durante un servicio. Además, desde el sindicato apuntan que la mayoría de ellos "tienen familias e hipotecas" y pueden "irse a la calle sin saber quién pudo ver el examen antes de hacerlo", apunta Luis del Val, representante del SPMME.
Finalmente parece que todos (implicados, ayuntamiento y el afectado denunciante) interpondrán un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pese a ello, el tribunal considera que transcurrido tanto tiempo es imposible llevar a cabo la sentencia, aunque la instructora del caso se mantiene en su decisión justificando que hay que velar por "los principios que fueron vulnerados por la Administración" en el momento del examen.
