Sin margen para la política
A las desproporcionadas peticiones de pena de entre 17 y 25 años por parte de la Fiscalía para los presos políticos catalanes por la organización del 1 de Octubre, ahora se suma otro despropósito también de magnitudes exageradas: las multas de 4,9 millones de euros contra Artur Mas y tres de sus consejeros por el 9 de noviembre de 2014. El delito en ambos casos es el mismo: poner urnas.
Los planes de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas –que son coincidentes con los del PP, Ciudadanos y una parte mayoritaria de los aparatos del Estado– tienen un objetivo y un método común: la humillación del independentismo y la destrucción personal de sus líderes. Se trata, sin duda, de la peor estrategia para quien realmente quiere ganar a medio o a largo plazo. Y la Historia lo ha escrito en infinidad de ocasiones. En las intenciones de la Fiscalía (y en la que se intuyen del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional), así como en las decisiones de un Tribunal de Cuentas terriblemente politizado brilla por su ausencia un principio básico del Derecho, que es el encaje de los hechos en la sociedad.
La actitud de ambos órganos ilustra el enésimo episodio de la voluntad implantada en el nervio del Estado para que el conflicto catalán no encuentre otra solución que no sea el sometimiento total por parte de los soberanistas. Es decir, están aportando la mejor medicina para que el independentismo goce la suficiente base durante un largo recorrido, a pesar de los constantes errores estratégicos cometidos.
No hay nada que alimente tanto al independentismo como los ataques y la represión procedente de amplios sectores de las estructuras del Estado: desde partidos hasta policía, pasando por jueces y medios. El independentismo puede estar tranquilo; a pesar de la falta de liderazgos sólidos, de las fratricidas luchas entre los partidos, de los errores de la unilateralidad –que tiraron por la borda el enorme capital ganado el 1 y el 3 de Octubre– y de la falta de rumbo actual, el Estado le continúa llenando el depósito.
Los despropósitos de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas o de los agentes de policía provocando por las calles de Barcelona es lo que necesitan los extremistas. Para los nacionalistas españoles supone una aparente victoria parcial de sus tesis por resolver el conflicto desde la represión y por la supuesta "goleada" que vaticinó Sáenz de Santamaría. Para los sectores hiperventilados del independentismo es la confirmación de "cuanto peor, mejor", que es una fórmula que sólo sirve para encasillar el problema sin posibilidades de buscar una solución. Una vez más, los extremos se necesitan.
Pero en medio de ambos se echa en falta una política activa por parte del Gobierno para desatascar lo que el PP se obsesionó en erosionar –con la complicidad indirecta del PSOE, por cierto–. Pedro Sánchez está atrapado entre su voluntad por aportar soluciones políticas a un conflicto que él mismo ha reconocido que es político (un paso que no es menor) y el incendio generado en media España por Rajoy desde que en 2005 empezó a recoger firmas contra el Estatut, mientras el PSOE mantenía una tibia actitud distante que acabó convirtiéndolo en cómplice.
Nadie debería de esperar que un presidente del Gobierno español, en las circunstancias actuales, conceda un referéndum de autodeterminación, algo que, por otra parte, deberá llegar con su debido tiempo como una salida posible. Exigirlo, como hace el president Torra, es desconocer la realidad y renunciar a la política. Pero también es cierto que Sánchez debe de pasar de los gestos a la acción, no sólo una vez haya ganado las elecciones generales, sino en un plazo breve de tiempo.
Es lo que corresponde a los gobernantes con altura de miras, visión de Estado y voluntad reformista. Mantener una actitud distante ante la gravedad que supone tener presos políticos y exiliados no es un respeto a la supuesta independencia judicial, sino ausentarse de las responsabilidades que identifican a un estadista. Y limitar la resolución del conflicto al desbloqueo de leyes y a la recuperación del diálogo entre Gobiernos no es aportar una normalidad institucional que nunca debería haberse perdido, sino ganar tiempo. Y la resolución del conflicto, efectivamente, necesita tiempo, pero la represión arbitrada por tribunales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación o partidos políticos requiere intervenciones urgentes. Políticas, por supuesto.
