Fresas ilegales de Doñana no, gracias

Las grandes cadenas de supermercados de Europa han dado la espalda a las fresas regadas con captaciones ilegales de agua en Doñana. La plataforma SAI (Sustainable Agriculture Initiative), que agrupa a las grandes industrias y supermercados de Europa, acaba de mandar cartas a las Administraciones y a los regantes expresando su oposición y honda preocupación ante el hecho de que no se acaben de cerrar los pozos ilegales que se usan para cultivos freseros, que están esquilmando el acuífero 27 del que se nutre el principal humedal de Europa: Doñana.

La carta, en la que las cadenas de distribución europeas muestran su apuesta ecológica por la conservación de Doñana, pone también énfasis en que no cumplir la ley de cerrar los pozos ilegales "producirá una reducción a largo plazo de la disponibilidad de fresas en la zona".

"Este documento nunca se habría escrito si no fuese porque la Plataforma en Defensa del Regadío del Condado está presionando para que haya una amnistía", ha explicado uno de los asistentes a las múltiples reuniones que se han llevado a cabo en la plataforma SAI por este asunto.

En efecto, desde que la Junta de Andalucía aprobase en 2014 el Plan de Regadíos para la Corona Norte de Doñana, que ponía orden en el descontrol de los regadíos, se han legalizado unas 9.000 hectáreas y otras 1.500 se han quedado fuera. Esta norma, que no satisfizo a los ecologistas al suponer en la práctica legalizar una gran parte de los cultivos, al menos ponía un marco normativo que, desde la plataforma SAI, se venía demandando para poder saber si la fresa que estaban comprando era legal o no. Sin embargo, llegada la hora de empezar a cerrar pozos ilegales, la Plataforma en Defensa del Regadío del Condado inició acciones de presión mediática y política para lograr una amnistía.

La próxima muestra de fuerza de este lobby de los regantes tendrá lugar el 6 de abril en las puertas del Parlamento de Andalucía, aunque ya han sometido a una gran presión a los máximos responsables del Gobierno andaluz, la presidenta Susana Díaz y el consejero de Medio Ambiente José Fiscal, durante los últimos meses.

El gran negocio de la fresa de Huelva, que mueve en torno a los 300 millones de euros de facturación por campaña, según datos del sector, tiene en Europa uno de sus grandes mercados, por lo que la postura del SAI es crucial para la supervivencia de estas producciones, también las legales. No en vano, la plataforma SAI, nacida por iniciativa de las grandes industrias, que después sumó a los grandes supermercados, agrupa a los grandes clientes europeos que compran fresa, como la cadena británica Marks & Spencer, la holandesa Ahold -dueña de los supermercados Albert Heijn-, o las suizas Migros y Coop, entre otros; pero también industrias como Innocent Drink, con la que Coca Cola produce sus smoothies, o Unilever, que distribuye sus batidos de fruta también en el mercado estadounidense.

Los peligros de la sobreexplotación del acuífero 27 afectarían a todos los cultivos de Doñana. La fresa necesita mucha agua para su producción, y Doñana no es capaz de soportar la demanda actual. Hasta la década de 1980, el parque tenía una agricultura de secano pero, con el boom del cultivo bajo plástico, empezó la bonanza agrícola, hasta el punto de que son la fresa y los frutos rojos su principal producción.

La Plataforma de los Regantes asegura que el Plan de la Corona Norte, que regulariza las captaciones de agua subterránea, deja fuera al 30% de los cultivos -aunque según los datos que tiene la Consejería de Medio Ambiente, apenas se trata de un 10%- y alertan de los efectos que tendría en el empleo el cierre de los pozos ilegales. De ahí que pidan la amnistía y mantener el statu quo, aunque ello suponga el fin de la fresa a medio o largo plazo.

La visión cortoplacista de agua para hoy, sin cultivos para mañana, sin embargo, ha logrado adeptos políticos. Los alcaldes de los municipios donde se concentran más cultivos ilegales son los primeros en apoyar al lobby de los regantes: Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado, Bonares y Almonte. Algunos incluso han aprobado mociones municipales a favor de la amnistía, como les ha solicitado la Plataforma de los regantes. Aunque se trata de alcaldes del PSOE, el gran apoyo político viene de manos del PP, que se ha posicionado desde sus inicios a favor de la amnistía y moviliza para ello nada menos que a su ministra de Empleo, Fátima Báñez, una onubense de San Juan del Puerto que usa su cargo para hacer política en su provincia, yendo más allá de las competencias de su ministerio.

Sin ninguna competencia en materia de regadíos, Fátima Báñez acudió antes de las elecciones generales a entregar documentación a los regantes que sí entraron en el Plan de la Corona Norte para que pudiesen justificar que sus pozos ilegales estaban en trámites de regularización, facilitándoles desde el Gobierno central el acceso a ayudas europeas, pero también para acallar los recelos de la Plataforma SAI.

Ahora regresa a Moguer en plena campaña por la amnistía de regadíos para hacer entrega este martes de resoluciones de autorizaciones temporales de concesiones de agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que dependen, no de su ministerio, sino del de Medio Ambiente. Se trata de 729 hectáreas de 192 propietarios de la Comunidad de Regantes del Fresno, que se han regularizado tras las actuaciones de la Junta de Andalucía.

Báñez muestra así de nuevo el apoyo político desde las más altas esferas del PP a la Plataforma que quiere la amnistía de los regadíos ilegales, ya que lo que entrega son resoluciones provisionales, al estar actualmente esas concesiones definitivas en el trámite de exposición pública en la web de la CHG, lo que quiere decir que, hasta que sean resoluciones en firme, tendrán que pasar varios trámites y meses.

Mientras, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por la sobreexplotación del acuífero que nutre Doñana, un ecosistema que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que la prestigiosa revista Science ha comparado, a efectos de importancia para la biodiversidad, con la barrera coralina de Australia y la selva amazónica.

La defensa ambiental del mayor humedal de Europa también tiene mucho que ver con los mercados. Consumidores como el británico o el holandés, con una mayor cultura ecologista, valoran que su cesta de la compra sea respetuosa, lo que explica también el posicionamiento de la plataforma SAI.

"Doñana es un espacio donde pasan el invierno la gran mayoría de las aves que nacen en Gran Bretaña o en los países de Europa central, y los consumidores de estos países, en los que hay una gran afición social a la ornitología, quieren saber antes de comprar fresas si éstas perjudican a la avifauna", explica Felipe Fuentelsaz, de WWF-España, quien sentencia que "los mercados europeos y la defensa ambiental están íntimamente conectados".