La pérfida inteligencia del ministro Wert

Dice el tópico que los profesores se quejan de que a los padres sólo les interese tener a sus hijos en el colegio el máximo número de horas para poder compaginar la educación de éstos con la vida laboral; también dice el tópico que los padres se quejan de que los políticos hagan infinitas reformas con la única intención de, según su ideología, cambiar la forma (más o menos subvenciones a las privadas) o el contenido (más o menos religión); finalmente, dice el tópico que los políticos se quejan de que a los profesores sólo les interese trabajar menos y ganar más. Lo peor de todo es que en estos tópicos se esconde una parte de verdad, a veces mayor y a veces menor.

De todos estos tópicos el más preocupante es el de los políticos, porque son ellos los que realmente tienen el poder de decidir qué se hace en las aulas. Y lo cierto es que no se acaban de decidir. Tanta reforma indiscriminada demuestra que la educación, entendida como la enseñanza efectiva de valores universales y de conocimiento, es secundaria para ellos, porque en ningún caso se ha concedido tiempo suficiente a la anterior reforma para comprobar si funcionaba.

Las reformas deberían ser estables y consensuadas por todas las partes implicadas. Tan solo se deberían modificar aspectos formales derivados de, por ejemplo, cambios demográficos o avances tecnológicos. Su realización debería tomar como punto de partida los modelos exitosos de otros países, muchos de los cuales, con menos P.I.B. invertido en educación, obtienen mejores resultados.

Algo que en principio parece tan simple, en España es imposible de realizar. El último ejemplo es el del ministro Wert, quien ha presentado una nueva reforma sin antes consultarla con nadie, en la que los únicos cambios afectan a aspectos de gasto e ideológicos que de ninguna manera mejorarán los resultados de España en el informe PISA.

Otro asunto es el de la obsesión del ministro Wert por el catalán. Todos los informes demuestran que el nivel de conocimiento de español en Cataluña por parte de los alumnos es similar e incluso superior al de otras autonomías monolingües. Esto se debe a que el uso vehicular de una lengua segunda aumenta la conciencia sobre la lengua primera. Así, los institutos bilingües madrileños en los que las clases se imparten en inglés obtienen mejores resultados en español que el resto de centros de la Comunidad de Madrid. Y esto lo saben los sociolingüistas y los pedagogos. Y el ministro Wert también, si es que se lee los informes.

De ahí que no se entienda que el ministro esté interesado en que en Cataluña haya catalanes que no sepan manejarse en catalán, lo cual, evidentemente, les limitará en su futura vida laboral y les convertirá en catalanes de segunda, porque eso es quien vive en un ámbito en el que coexisten dos lenguas pero sólo se habla una de ellas.

El aspecto lingüístico de la reforma del ministro Wert responde a intereses ideológicos. Si cualquiera puede acceder a la educación privada con la única condición de exigir el español como lengua vehicular, es de suponer que muchos padres para quienes el catalán no sea la cosa más importante aprovecharán la ocasión y pasarán a sus hijos a la privada. Por ejemplo, todos los padres que consideren que la educación privada es mejor que la pública por los motivos que sea (número de alumnos por aula, presencia excesiva de inmigrantes, material, etc.). La Generalitat, por tanto, tendrá que firmar acuerdos con más centros concertados y se verá obligada a potenciar por ley la educación privada. Evidentemente, en autonomías en las que no se habla catalán habrá que buscar otra excusa. Si no hay clases de religión en algún centro, se deberá posibilitar a los padres la opción de una escuela religiosa privada a cargo de la autonomía.

De esta manera el ministro Wert mata dos pájaros de un tiro: mina la escuela pública y el uso del catalán en las aulas. Además, salga la ley adelante o no, sus votantes aplaudirán sus esfuerzos en defensa del español. Mucha ideología y poca educación.