Es el empleo, estúpido

Esta variación de aquella célebre frase que James Carville escribió en un post-it para el equipo de campaña de Clinton en 1992 debería servirnos para afrontar debidamente el año electoral 2015 que se avecina en nuestro país.

Los estudios de opinión sitúan al empleo como la primera de las preocupaciones de la ciudadanía española. El interés por los buenos empleos está muy por encima de las andanzas del pequeño Nicolás o de los escarceos amorosos del presidente extremeño e, incluso, sobrepasa a la reforma constitucional, la corrupción o la amenaza secesionista.

Sin embargo, a juzgar por las prioridades mediáticas, los protagonismos de la agenda política y los decretos gubernamentales sobre el fin de la crisis, pareciera como si la sociedad española se hubiera conformado ya con sufrir el paro y la precariedad laboral en los terribles niveles actuales. O faltan ideas, o sobra resignación, o ambas cosas.

Por seguir con la analogía norteamericana, allí no existe esta sensación. Es más, los Estados Unidos fueron el epicentro de la crisis global, pero los estadounidenses disfrutan ya de un cómodo 5,8% de paro, mientras esta cifra se duplica en la Unión Europea y se cuadruplica en España.

¿Por qué? Sencillamente porque en EEUU la lucha contra el paro sí es una prioridad tanto en las preocupaciones de los ciudadanos como en las políticas de sus autoridades. Allí, los objetivos de la política económica, de la política fiscal y de la política monetaria se centran en el empleo. Aquí, por el contrario, las prioridades económicas son el control del déficit, la inflación y los intereses de los acreedores financieros. El empleo es una variable secundaria.

No obstante, múltiples informes de la Comisión Europea, el Fondo Monetario y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras instituciones, concluyen que el paro y la precariedad laboral constituyen la causa fundamental del aumento de la desigualdad y de la pobreza en Europa, y suponen, además, un pesado lastre para la mejora de la competitividad de la que depende la recuperación económica.

¿Cuál es, por tanto, la diferencia? En EEUU, la política predomina aún sobre la economía. En Europa, hace mucho tiempo que los poderes económicos se impusieron sobre unos poderes políticos faltos de proyecto, de liderazgo y de capacidad institucional. La economía ha trascendido las fronteras, pero la política que ha de regularla y someterla al interés general aún retoza perezosa y estéril en los palacios gubernamentales de cada Estado.

El Gobierno español celebra con gran trompetería una mejora famélica en el PIB que no tiene traslación apenas en el mercado laboral. Respecto al inicio de la legislatura, hoy hay más paro, menos afiliación a la Seguridad Social, más precariedad en los contratos, menos salarios, más explotación laboral, menos cobertura social para los desempleados...

La leve mejoría en el contexto económico de Europa tan solo está sirviendo en España para transformar viejos contratos indefinidos en nuevos contratos basura: más de nueve de cada diez contratos que se firman son temporales, y más de un tercio lo son a tiempo parcial, en su mayoría involuntarios, y tapadera en buena parte de jornadas ilegales de 10 u 11 horas que ni se reconocen ni se pagan.

Más de 10 millones de horas extras se trabajan cada semana fuera de la ley y hasta el 52% del total simplemente no se cobran, según un estudio reciente de UGT. La Agencia Tributaria acaba de reconocer que el 34% de los trabajadores españoles recibe salarios por debajo de los 645 euros al mes, pero el Gobierno, a pesar de que "la crisis es historia" según Rajoy, solo accede a aumentar el salario mínimo en 3 euros para 2015.

El paro de larga duración se enquista, especialmente entre los mayores de 45 años, al tiempo que el Gobierno ahorra este año 5000 millones de euros rebajando la cobertura al desempleo desde el 70% (2011) al 53,7% en octubre de 2014, tomando datos de paro registrado. Con datos EPA (Encuesta de Población Activa), la situación es aún peor: sólo 30% de cobertura y 3,8 millones de españoles parados sin ayuda pública. Además, 740.000 familias sin ningún tipo de ingresos. Pero la respuesta de Rajoy no ha podido ser más decepcionante: un acuerdo con los agentes sociales para dedicar solo 1000 de aquellos 5000 millones ahorrados en 2014 para mejoras en las prestaciones a parados en el año electoral.

Por otra parte, de los 850.000 jóvenes en paro, tan solo 11.000 se habían inscrito en septiembre de 2014 en el programa gubernamental de Garantía Juvenil. Y centenares de nuestros jóvenes siguen marchándose cada día del país en busca de la oportunidad que aquí se les niega.

No hay nada que celebrar.

El Tribunal Supremo acaba de sentenciar la anulación de la viga maestra de la reforma laboral del 2012 con la que el Gobierno supeditó los derechos de los trabajadores a los intereses de algunos empresarios. Solo gracias a la Justicia, y a pesar del PP, los empleados vuelven a disfrutar los derechos adquiridos mediante negociación colectiva, con la referencia válida de su contrato de trabajo, aun cuando hubiera caducado el convenio vigente.

¿Pueden cambiarse las cosas? Sí, pero necesitamos un Gobierno en Europa y en España que atienda la llamada con que titulamos estas líneas. Primero, una política anticíclica en Europa que subordine los objetivos de déficit y de inflación a la activación de la demanda y la creación de buenos empleos. Segundo, una transición económica que persiga la competitividad con cohesión social, apostando por la industria, la innovación y el conocimiento, reformando la fiscalidad, las condiciones del suministro energético y la regulación democrática de las relaciones económicas...

Necesitamos impulsar ambiciosos planes para la creación de buenos puestos de trabajo, empleando recursos públicos, en una suerte de New Deal europeo, que vaya mucho más allá del raquítico Plan Juncker. Si el empleo es la prioridad, dediquemos recursos del presupuesto europeo, de los presupuestos nacionales y del Banco Europeo de Inversiones, a propósitos de interés común intensivos en buenos empleos, como la rehabilitación de núcleos urbanos deteriorados, la eficiencia energética de las viviendas, la transición energética a las fuentes renovables, la logística que mejora la competitividad de las empresas, la atención social a los más desfavorecidos y dependientes... Este es el sentido de las propuestas que está realizando Pedro Sánchez en España, como la Garantía +45.

Hemos de afrontar también una nueva regulación laboral que derogue la reforma de 2012, que recupere el espacio de la negociación colectiva, que restituya el equilibrio en las relaciones de poder entre empleador y empleado, y que impida la explotación laboral vigente. La recuperación de los buenos empleos exige de una apuesta por la eficiencia en los Servicios Públicos de Empleo, y de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, treinta y cinco años después.

Tenemos que emplear recursos preventivos, inspectores y punitivos para combatir la precariedad y la explotación de los trabajadores que sufren contratos basura y jornadas leoninas sin derechos. Debemos impulsar un nuevo pacto de rentas entre representantes de empresarios y trabajadores, como aquel que el Gobierno desperdició en 2012 para aumentar los salarios y reducir las desigualdades, en beneficio de una demanda interna compatible con la recuperación económica general: la Carta Social Europea mandata elevar el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, al menos. Y hemos de recuperar unos niveles dignos de cobertura pública a los parados y las familias sin recursos.

Hay un debate pendiente cada día más difícil de soslayar. ¿Cómo seguir vinculando renta y trabajo en unas sociedades que parecen no poder asegurar ya el pleno empleo? ¿Repartimos el trabajo existente? ¿Afrontamos alternativamente la renta básica universal? Estas son las auténticas cuestiones de interés para el presente y para el futuro de los españoles.