Vuelta a empezar: la ley de amnistía reactiva su tramitación en el Congreso

La ley de amnistía reactiva su tramitación este martes en la Cámara Baja, con la vuelta a la Comisión de Justicia, previo paso por la Mesa del Congreso y un nuevo plazo de 15 días naturales para aprobar un texto que, en principio, solo admitiría modificaciones en las enmiendas que quedaron vivas.

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que la ley de amnistía se aprobará y negociará con Junts, y si bien no se prevé cambiar el texto rechazado por el Pleno del Congreso, no descarta una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar dilataciones y eliminar los plazos de instrucción.

El pasado martes 30, el Congreso tumbó la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox, por lo que la iniciativa deberá ser discutida de nuevo en la Comisión de Justicia, antes de volver al pleno de la Cámara Baja. Sánchez ha asegurado que la ley no va a ampliar la amnistía a todos los delitos de terrorismo tal y como pedía la formación de Carles Puigdemont y aunque no prevé cambiar el texto, sí ha admitido que entre todos habrá que encontrar una solución.

Sobre la posible modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la duración de las instrucciones judiciales, el PP ya se ha pronunciado y ha dicho ver en esa táctica "una amnistía por la puerta de atrás".

Desde ERC han admitido que el independentismo necesita la ley para poner "punto final" a la "etapa represora" y han recordado que hay un consenso mayoritario a favor, al contar con los votos de PSOE, Sumar, Bildu, BNG, PNV, Podemos y ERC. El partido republicano ha advertido de que no habrá ninguna enmienda a la amnistía que cubra "las ocurrencias futuras de los jueces instructores que van inventándose los relatos", en alusión a JxCat.

La reunión crucial de los Fiscales de Sala

Mientras la ley de amnistía regresa a la Comisión de Justicia, la Junta de Fiscales de Sala analiza este martes el informe del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo que no ve indicios para investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, como propone el juez Manuel García-Castellón.

El fiscal del Supremo defiende que no hay terrorismo ni concurren indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont, por lo que solicita devolver la causa de Tsunami Democràtic al juez de la Audiencia Nacional para que continúe la instrucción. En su escrito, el fiscal repasa las acciones de la plataforma independentista como el bloqueo del aeropuerto de el Prat y concluye que para que esos hechos sean calificados de terrorismo debe producirse un delito grave contra la libertad, lo que entiende que no ocurrió.

El informe del fiscal del Supremo va a ser estudiado por la Junta de Fiscales de la Sección Primera del alto tribunal, donde las decisiones se toman por mayoría. Si la Junta de Fiscales lo aprueba por mayoría podría elevarlo ya a la Sala de lo Penal del Supremo, que es la que tiene que tomar la decisión de si asume o no la investigación. En cambio, si los fiscales no avalan el informe pueden encargar que se redacte un nuevo texto con su criterio, bien al mismo fiscal o, si este no quiere, a otro que lo pueda asumir.

Tras hacer público su escrito, el fiscal Redondo ha negado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le haya presionado para exonerar al expresidente del delito de terrorismo en este caso, tras haber sido acusado por varios medios de comunicación de cambiar su criterio tras reunirse con él. También García Ortiz ha negado tajantemente haber influido en la decisión del fiscal y ha reclamado a los medios que rectifiquen esa información sin perjuicio de ejercitar en su caso las acciones que resulten oportunas.