Una persecución de la Guardia Civil a una moto de agua harta a Gibraltar y pide a España que madure

El Gobierno británico ha exigido una explicación detallada sobre la incursión ocurrida el pasado lunes 19 de agosto, cuando una lancha de la Guardia Civil española persiguió una moto acuática hasta las aguas de Gibraltar. Este incidente, que ha reavivado las tensiones entre España y Reino Unido, se produjo en lo que las autoridades británicas insisten en calificar como "aguas indiscutiblemente británicas" alrededor del Peñón.

El Gobierno del Reino Unido ha manifestado su preocupación ante posibles acciones ejecutivas ilegales por parte de los buques estatales españoles en estas aguas. En un comunicado emitido el domingo, coincidiendo con la continuación de estas incursiones, las autoridades británicas recalcaron que la reclamación española sobre las aguas circundantes a Gibraltar carece de base legal. Según el comunicado, el envío de embarcaciones estatales españolas a aguas territoriales británicas (BGTW, por sus siglas en inglés) no modifica en absoluto el estatus jurídico de la zona.

Este último incidente comenzó cuando una embarcación de la Guardia Civil se lanzó en persecución de una moto acuática que había ingresado ilegalmente en la Bahía de Catalán. El Gobierno británico ha solicitado detalles sobre las circunstancias que llevaron a la persecución, la identidad del individuo en la moto acuática y los motivos de su huida. Además, denuncian que la continua política española de incursiones solo genera tensión y división entre las fuerzas del orden de ambos lados de la frontera, tanto en tierra como en el mar.

Según informes de medios locales como Europa Sur y Gibraltar Chronicle, el episodio tuvo su origen en unas maniobras realizadas por la Royal Navy en las aguas cercanas al Peñón, que España reclama como propias. Durante estas maniobras, que incluían ejercicios de disparos de fogueo y persecuciones a alta velocidad, dos embarcaciones de la Guardia Civil se acercaron a la zona, provocando una reacción de la flota británica, que calificó la acción española como "alteraciones de rumbo injustificadas".