Un grupo de opositores venezolanos demanda a Zapatero por un delito de lesa humanidad en Venezuela
La Audiencia Nacional debe decidir si se admite a trámite.
Un grupo de venezolanos residentes en España ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, por delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral. Estos delitos están contemplados en los artículos 607 bis y 174 a 177 del Código Penal. Según El Debate, la denuncia ha sido asignada al magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción Número 2, quien se encuentra evaluando si procede admitir la querella.
El abogado de los querellantes, Ricardo E. Miracle, destacó que esta acción judicial es la primera que realizan "personas físicas" sin intermediarios. Según Miracle, los denunciantes han sufrido amenazas y torturas a manos del régimen de Nicolás Maduro, lo que los llevó a huir de Venezuela. La querella acusa a Zapatero de haber "blanqueado" al régimen bolivariano y de ser "partícipe de los delitos contra el pueblo venezolano", afirmando que el ex presidente ha actuado como un lobista en favor del régimen de Maduro en la escena internacional.
El documento presentado ante el tribunal recalca que, aunque Zapatero se presentó en 2014 como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición, su rol fue más el de un defensor del régimen de Maduro. Esta afirmación se sustenta, según los denunciantes, en declaraciones recientes tanto del actual gobierno español como del expresidente Felipe González, quienes han insinuado la cercanía de Zapatero con el régimen.
La querella subraya que el ex presidente español ha sido visto en múltiples ocasiones al lado de Nicolás Maduro, líder del régimen bolivariano y señalado por Estados Unidos como responsable del 'Cártel de los Soles', una organización criminal vinculada al tráfico de drogas.
Desde un punto de vista procesal, la Audiencia Nacional tiene jurisdicción para juzgar a Rodríguez Zapatero por sus acciones en Venezuela, en base al artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a la justicia española investigar delitos cometidos fuera del país cuando los responsables son ciudadanos españoles.