Todo lo que el Parlamento Europeo ha cambiado en tu vida durante los últimos cinco años

Entre el 6 y el 9 de junio 350 millones de europeos elegirán a los que serán sus nuevos representantes en el Parlamento Europeo. Una nueva legislatura que coge el testigo de los trabajos que han realizado los eurodiputados de esta legislatura que acaba y que han condicionado el día a día de millones de europeos. Algunas visibles y con impacto directo y otras menos notorias en la vida cotidiana pero que contribuyen directamente a la forma en la que vivimos en sociedad.

Una de las más notorias son las relacionadas con un mundo más verde. Desde hace dos años, por ejemplo, muchos han notado una consecuencia directa: el plástico que une el tapón a las botellas y que evita así el despilfarro de plástico.

Es una de las medidas más visibles, pero, por ejemplo, el equiparar los cargadores de los dispositivos electrónicos es otra. Más del 80% de los ciudadanos de la UE usa diferentes cargadores para distintos dispositivos convirtiéndose en un inconveniente para los consumidores. Además, produce toneladas innecesarias de residuos electrónicos. La UE introducirá como fecha límite en diciembre de 2024 un cargador común para alcanzar sus objetivos medioambientales y reducir costes.

También hay más medidas que cambiarán la forma de vida de los ciudadanos europeos pero que son mucho menos notorias. Por ejemplo, Parlamento Europeo ha aprobado durante la legislatura uno de los ejes a desarrollar los próximos cinco años: el Pacto Verde Europeo. En la norma, que tienen que cumplir los Veintisiete, se establece que el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 y obliga jurídicamente a la UE a reducir las emisiones netas a cero para el año 2050. Una cuestión que obliga a aprobar una cascada de iniciativas, y que se tendrán que seguir realizando, para garantizar que la UE pueda alcanzar esos objetivos climáticos.

También durante estos cinco años de legislatura, la Eurocámara aprobó una norma que implica al mercado de la automoción. En solo 11 años, los coches y las furgonetas tendrán que cambiar si las empresas quieren vender en la UE. A partir del año 2035, todos los nuevos vehículos que se fabriquen deben producir cero emisiones de CO2 a la atmósfera y así contribuir a reducir las emisiones y aliviar la contaminación en ciudades.

La obsolescencia programada, además, tiene las horas contadas. Muchos productos son diseñados con una fecha de caducidad para forzar a los ciudadanos a comprar otros, provocando una gran cantidad de residuos que aumenta considerablemente la contaminación.

El 77% de los consumidores, según una encuesta del Eurobarómetro de 2020, preferirían reparar sus dispositivos antes que sustituirlos por unos nuevos. Por ello, las empresas tendrán la obligación de facilitar la reparación, en especial de los productos electrónicos. Un proyecto que se desarrollará en los próximos años

En el ámbito económico, la gran medida de la legislatura han sido los fondos de recuperación. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plan de recuperación tras la pandemia del Covid-19, fue dotado con 750.000 millones de euros.

Las normas, que consisten en desembolsos parciales cumpliendo una serie de objetivos que afiancen las economías de los estados miembros, ofrece apoyo a gran escala a los países de la UE para las inversiones y reformas necesarias para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia y preparar las economías de la UE para un futuro sostenible y digital. Muchos países están inmersos en esos fondos y seguirán recibiendo poco a poco los desembolsos de estos fondos.

También la Comisión Europea aprobaba hace dos años la denominada como excepción ibérica propuesta por España y Portugal para abaratar el precio de la luz. Esta medida, que no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, pero sí por el otro gran organismo de la UE, ha hecho que ambos países hayan un tope al precio del gas en el mercado mayorista tras la inflacción provocada por la guerra de Ucrania. De esta forma, durante dos años, se ha podido mitigar la factura de la luz dado el alto coste que tienen los países de la Península Ibérica para acceder a las fuentes de materias primas que provocan el acceso a este servicio esencial.

Por hablar de cifras, la medida ha costado 8.400 millones de euros, de los cuales 6.300 millones corresponden a España y 2.100 millones, a Portugal.

Hablando de cifras económicas, desde esta legislatura las empresas de la UE están ahora obligadas a divulgar información que facilite a los empleados la comparación de salarios y ponga al descubierto las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres y tratar de reducir así la brecha salarial.

Por otro lado, también en ámbito económico, y para contrarrestar las prohibiciones en el campo que han provocado en gran medida las movilizaciones de los agriculpores, Europa ha decidido modificar y flexibilizar la Política Agraria Común (la PAC) así como el plan compensatorio de ayudas al sector.

Por poner un ejemplo que explique la importancia de esta flexibilidad, entre 2023 y 2027 España contará con 34.000 millones de euros para estas ayudas que palian las medidas de producción o importación de Europa.

Uno de los grandes hitos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se logró un acuerdo histórico: la primera norma del mundo que regula la IA. La Ley de Inteligencia Artificial, tendrá que seguir desarrollándose, pero hasta el momento, tal y como está regulada, garantiza la seguridad y el cumplimiento de los derechos fundamentales por parte de las herramientas de IA. Por ejemplo, se prohíben las mediciones biométricas que analizan a trabajadores, como ocurre en otros países del mundo.

La medida va intrínsecamente relacionada con la Ley de Mercados Digitales, que pretende garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas digitales, independientemente de su tamaño estableciendo reglas claras para las grandes plataformas con el fin de impedir, por ejemplo, que impongan condiciones injustas a empresas y consumidores. También, pretende evitar monopolios de las grandes tecnológicas. Es una de las consecuencia que hace, por poner un ejemplo, que no se pueda acceder a Google Maps cuando haces una búsqueda en Google.

La Ley de Servicios Digitales da a los ciudadanos más control sobre lo que ven en internet. Por ejemplo, en su desarrollo, va a permitir que los usuarios tengan más información sobre por qué se les recomiendan determinados contenidos como la ventana que te ha podido salir al entrar a esta noticia pidiendo que aceptes las cookies y limites cuales quieren compartir. En las redes sociales, se hará frente a la desinformación en línea y se obligará a eliminar los contenidos ilegales.