Sanidad propone el fin de Muface en 9 meses incorporando la financiación y usuarios a la pública

Punto y final a Muface en 9 meses, redirigiendo la financiación que antes iba a aseguradoras privadas a la sanidad pública. Este es el plan del Ministerio de Sanidad como reacción y respuesta al conflicto surgido con la compañías que han optado por el plantón en la última convocatoria del concierto. Ninguna de las tres aseguradoras optó a continuar prestando el servicio tras reiterar que sufrían pérdidas económicas y no seguirían sin aumento de la prima económica.

Según adelanta en exclusiva la Cadena SER, y ha podido confirmar El HuffPost con fuentes de Sanidad, desde la cartera que dirige la ministra Mónica García han ideado un plan de transición cuando los intentos por lograr un acercamiento con Adeslas, DKV y Asisa no parecen surtir efecto, a pesar de las peticiones de los sindicatos al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública -a cargo del ministro Óscar López- para que se mantenga la prestación del servicio con misma calidad y condiciones.

Desde que se consumó el 'no' al concierto y se confirmó que las aseguradoras no iban de farol, se ha generado un importante componente de incertidumbre entre los más de 1,5 millones de usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ante un horizonte temporal que vence este 31 de diciembre.

¿Cómo funcionaría el plan de Sanidad?: compromiso de lista de espera cero

El punto clave del plan pasaría por la transferencia del monto que hasta ahora iba a parar a las empresas privadas que se encargaban de la prestación del servicio. Un total de 2.681 millones de euros que se repartiría a las comunidades autónomas -puesto que ellas tienen la competencia de Sanidad-. Esos fondos deberán ser obligatoriamente invertidos con carácter finalista en los primeros tres años -un mecanismo de control-.

No es la única condición que supone un pilar de este plan de transición o informe al que ha tenido acceso El HuffPost. Habrá un  compromiso de 'lista de espera cero'. Esto supondría que todas las operaciones previstas de Muface deberán realizarlas las aseguradoras durante los 4 primeros meses de la prórroga. 

Precisamente, uno de los mayores temores entre los usuarios de Muface afectados de un eventual -y todo parece que inevitable- fin del modelo, pasa por las intervenciones que tienen en el horizonte y al que sumado a un cambio de médicos, despierta muchas dudas sobre la calidad de la atención a ese paciente. 

Tal y como recoge el informe, se plantea un proceso en el que primarán los pacientes de mayor riesgo. Primero se realizaría una "identificación de pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público", abriendo la puerta incluso a prórrogas extraordinarias en casos concretos, adoptando "una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga".

Por otra parte, ese desenlace de Muface contaría con un "plan de transición y continuidad" dirigido a pacientes con "procesos crónicos de alta complejidad". Supondría que estos usuarios no tendrían que seguir los "los cauces comunes de una primera consulta". De forma paralela se desplegaría también un "plan de transferencia de información clínica" que tendría como objetivo que no haya brechas en la atención continuada de la asistencia que recibe cada usuario, pero también "evitar la duplicidad en la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas".

A mayores, y ante las dudas que genera todo este conflicto entre los usuarios y la propia población en general, se lanzaría un plan de comunicación para informar sobre todos los detalles de lo ocurrido y la transición, pero sobre todo para resolver dudas entre los afectados.

Sanidad rechaza subir la prima que reclaman las empresas privadas

Por otra parte, en el documento de Sanidad también se realiza una firme apuesta por no dar el brazo a torcer ante las empresas privadas, que reclaman una subida de la prima que reciben por asegurado superior al 25%, deslizando que con ese porcentaje, solo llegarían a superar la brecha económica que aseguran padecer desde el último concierto -que afectó a los últimos tres años-. Esa opción, es tachada de "evidente y continuista" en el documento.

Según especifica el informe, las aseguradoras reclaman una subida del 40%. Primero se habían levantado de la mesa de negociación cuando el porcentaje puesto por el Gobierno era del 14%. Posteriormente, Función Pública subió al 17,1%, pero fue rechazado igualmente. En ese informe se habla de una suerte de aprovechamiento de la oportunidad. "Por primera vez en muchos años se presenta la posibilidad de que sea viable y razonable incorporar a los mutualistas a la asistencia sanitaria pública", subraya, indicando que "es postergar una decisión que habrá que tomar antes o después".

Con todo, hay que señalar que este escenario es fruto de varios condicionantes entre los que también han pesado ciertas dinámicas entre los usuarios de Muface. En la radiografía que recoge el mencionado documento de Sanidad, se analizan los últimos 12 años, evidenciando una caída del 75% de los funcionarios que continúan en este modelo de servicio. Son 1.007.322 de estos -y sus familiares- los que siguen empleando la sanidad privada desde Muface. Traerlos a la pública supondría aumentar un 2,1% el volumen de usuarios.

También hay contestación a algunas de las premisas y críticas que han venido esgrimiendo las aseguradoras privadas. Por ejemplo, señala directamente que entre los mutualistas hay menos pacientes de enfermedades asociadas a un mayor gasto sanitario por su cronificación y otros factores como la propia medicación y atención. Hablamos de personas con diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, o cardiología sistémica. Sanidad expone que se ha venido produciendo una selección de aquellos usuarios que supondrán un menor gasto a las aseguradoras.