¿Qué han pactado PNV y PSOE?: del reconocimiento nacional a las transferencias y el concierto
El pacto entre los socialistas y los 'jeltzales' incluye la cesión de Seguridad Social a Euskadi en un plazo de dos años, además del impulso al euskera o nuevas competencias para la Ertzaintza. Se trata de un acuerdo de investidura y de legislatura, si hay cumplimiento progresivo.
Tras desbloquear ayer el apoyo de Junts, el PSOE ha cerrado este viernes el último acuerdo que le restaba para asegurar la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana en primera votación. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha culminado las negociaciones con el PSOE, llegando a buen puerto y materializándose en un pacto que supondrá culminar la gran promesa pendiente a Euskadi. Es decir, la transferencia de todas las competencias pendientes recogidas en el Estatuto de Gernika, con la de la Seguridad Social como punto estrella, pero también avances de cara al reconocimiento de la nación vasca.
En esta línea, PSOE y PNV se han comprometido a un acuerdo de investidura que también está destinado a dar estabilidad a una legislatura en la que cada voto contará para que el Gobierno de coalición progresista pueda sacar adelante sus políticas y leyes. No obstante, dicha estabilidad quedará "sujeta a los avances y cumplimiento de los siguientes compromisos del presente texto", reza el documento rubricado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PNV, Andoni Ortuzar, esta mañana en el Congreso.
El PNV también ha arrancado inversiones en materia lingüística, es decir, para el euskera. Se trata de una "financiación de 100 millones de euros en cuatro años a las instituciones vascas para la adaptación del euskera a la nueva era digital".
1- Ampliación del autogobierno en el futuro y reconocimiento nacional de Euskadi
Así, el aumento del autogobierno y los avances en aras del reconocimiento nacional de Euskadi conforman los dos grandes líneas políticas acordadas, concretamente en lo que atañe a "garantizar el autogobierno mediante su actualización y ampliación, y el relativo al reconocimiento nacional de Euskadi".
En este punto, en una serie de párrafos que evocan a la parte del pacto con Junts en la que se fijan las posiciones de cada formación, PNV y PSOE han llegado a la siguiente consideración: "Ambas partes están de acuerdo en que el autogobierno vasco debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación".
Ese debate deberá culminar en "negociar y aprobar, tanto en Euskadi como con el Estado, el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika". Y tiene fecha, al recoger el documento que el "plazo orientativo para culminar este proceso de negociación y acuerdo no superará el año y medio desde el inicio de la nueva legislatura vasca". De celebrarse las elecciones vascas en la fecha prevista del próximo verano, julio de 2024, estaríamos hablando de un horizonte temporal que terminaría en marzo de 2026.
Además, ese futuro acuerdo resultante -que también comprenderá la salvaguarda de las competencias vascas, un sistema de garantías bilateral entre el Gobierno de Euskadi y el central o el respeto a los derechos forales de los territorios vascos-, deberá ser sometido a consulta del pueblo vasco. Para vigilar el cumplimiento se creará "una comisión bilateral". Esta será permanente y se reunirá cada seis meses.
2- Todas las transferencias de competencias pendientes deberán completarse antes de dos años
Respecto a la transferencia de competencias pendientes con el Estatuto de Gernika como referencia, la clave de este punto del acuerdo es que contará con una fecha muy marcada y bajo la premisa de "improrrogable". En dos años deberán completarse, siguiendo esta hoja de ruta: "Se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior y, en su caso, se, procederá a remover los obstáculos legales que impidan un mayor ejercicio del autogobierno".
No obstante, hay unas marcadas excepciones, que deberán completarse en un período mucho más reducido, de tres meses. Esto englobará a los ferrocarriles -"en los términos de la última propuesta remitida por el Gobierno Vasco"-, pero también a la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros, por el que deberán traspasarse los "medios para homologar y declarar la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros". También los relativos a la "fase de autonomía personal del sistema estatal de acogida".
Por otra parte, el pacto también mira a futuras leyes estatales que puedan incurrir en choques competenciales con el Gobierno de Euskadi, ya que el PSOE se ha comprometido a que "todos los proyectos de ley que afecten a competencias de la CAV contarán, en su caso, con una cláusula foral que se acordará previamente con EAJ-PNV".
3- Cambios en el concierto económico y en convenios colectivos
Como es habitual en las negociaciones con el PNV, buena parte del acuerdo se centra en el concierto económico de Euskadi. Entre los principales logros conseguidos, se encuentra la modificación del artículo 21 que afecta al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, para que "sea posible la aplicación de normativa autónoma en el caso de contribuyentes no residentes que obtienen rentas en la Comunidad Autónoma del País Vasco sin disponer de un establecimiento permanente, con el compromiso de no incurrir en competencia fiscal".
Además, el PNV también amarra para Euskadi otro impuesto a futuro y de gran relevancia por su potencial de recaudación, el que surgirá de la "transposición de la directiva (UE) 2022/2523 del consejo de 15 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión [Europea]". Se trata del tipo mínimo acordado en el seno comunitario para establecer un gravamen mínimo y común del 15% a las multinacionales.
La otra gran clave también responde a una reiterada demanda del PNV y del empresariado vasco, en materia laboral y en un momento clave de la negociación colectiva entre los agentes sociales. Se ha acordado la prelación de los convenios colectivos de carácter autonómico en el ámbito de Euskadi sobre los negociados a nivel estatal, es decir, que se primen los convenios logrados a nivel autonómico sobre los nacionales.
También en clave internacional, hay otro importante compromiso. El PSOE "se compromete a fomentar la visibilidad y presencia de las haciendas forales en el ámbito internacional, y en particular, en el ámbito de la Unión Europea y en relación con los regímenes de ventanilla única".
4- Seguridad y autogobierno: nuevas competencias para la Ertzaintza
Por otra parte, gracias a este pacto, la policía vasca, la Ertzaintza verá ampliadas sus competencias. Destaca en lo pactado su nuevo papel en el Puerto de Bilbao: "La Ertzaintza asumirá como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativos a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida".
Pero además también tendrán nuevas competencias en materia de vigilancia y seguridad medioambiental: "Corresponde a la Ertzaintza la investigación de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente acontecidos en Euskadi, sin perjuicio de lo que, en relación con los hechos e ilícitos penales o administrativos que tengan una dimensión supra o extracomunitaria, corresponda a los Cuerpos de Seguridad del Estado".
5- Navarra también se beneficia del pacto logrado por el PNV
Los jeltzales también han logrado incorporar algunas medidas que afectarán a la Comunidad Foral de Navarra -el nacionalismo vasco considera a Navarra como parte del territorio histórico que reclaman como nación vasca-. El compromiso será el de "avanzar en el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento, procediendo al inicio inmediato de negociaciones por parte del Gobierno de Navarra para la transferencia por parte del Estado de las competencias reconocidas a Navarra por la LORAFNA en el plazo de seis meses".
Así, en ese período de medio año, deberán transferirse a Navarra -gobernada por el PSE, con María Chivite a la cabeza- las competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como la de becas.