¿Puede quitar Sánchez al CGPJ la facultad de nombrar jueces?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio este miércoles un ultimátum al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe el mes de junio. Tras más de 2.000 días de bloqueo del órgano del gobierno de los jueces (se tenía que haber renovado como muy tarde el 4 de diciembre de 2018), el líder socialista anunció que pondrá fin al "día de la marmota" planteando al Congreso de los Diputados una propuesta para el desbloqueo. Dicha propuesta, según sus propias palabras, incluiría que se revise la potestad del Consejo de realizar los nombramientos de las altas instancias judiciales del país para hacerla "más objetiva y más transparente".

En concreto, lo que busca Sánchez es limitar al Consejo sus designaciones para órganos como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. Algo que no ha gustado a miembros de la judicatura, asociaciones de jueces y al propio presidente por suplencia del CGPJ. Vicente Guilarte ha señalado este jueves que los nombramientos de los altos cargos judiciales deben seguir siendo competencia de los jueces y que no aceptarán "cualquier zona de influencia del Gobierno" en ellos. "Sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta", ha añadido.

El Consejo tiene atribuida la potestad para el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, pero también a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales y Salas, al Vicepresidente del Tribunal Supremo, al Secretario General o al Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial. ¿Puede entonces quitarle el Gobierno esta facultad?

El Artículo 122 de la Constitución recoge que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo: "La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario". Por tanto, para despojar al CGPJ de esta facultad sería necesario llevar a cabo una reforma constitucional. 

Lo que sí podría hacer el Gobierno, según fuentes, es incluir baremos o valoraciones para limitar el poder de decisión del CGPJ en dichos nombramientos. En todo caso, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que cualquier reforma legal que se emprenda para sortear el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respetará "los principios y valores de la Constitución".

La alternativa que baraja el Gobierno de revisar la potestad de los nombramientos se alinea parcialmente con la propuesta que Vicente Guilarte remitió en abril a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado. Aquella propuesta, enviada a título personal y que no representa la opinión del Consejo, tenía por objeto contribuir a desbloquear la renovación del CGPJ ofreciendo una "fórmula intermedia". 

En una columna en el diario El País en diciembre, Guilarte avanzó que, al igual que ocurre con los jueces decanos, ve bien que sean los jueces quienes directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elijan a sus presidentes en el ámbito provincial y autonómico, audiencias y tribunales superiores de justicia 

Desde el Consejo afirman a la agencia EFE que si la propuesta del Gobierno va en línea de objetivar nombramientos, podrán contar con Guilarte, quien tiene previsto remitir una nueva y última propuesta a las cámaras para concretar las fórmulas que permitan revisar la política de nombramientos.

Al margen de este planteamiento, quedaría todavía por decidir cómo se eligen a los jueces que forman parte del CGPJ. El Ejecutivo de Sánchez ya intentó en la pasada legislatura cambiar el sistema de elección de miembros para que los designados por las Cortes pudieran ser por mayoría simple y no por tres quintos, como obliga ahora la Constitución. Esta fórmula hace imprescindible un acuerdo PP - PSOE que lleva cinco años sin producirse pese a varios intentos de negociación. 

Desde que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 1985, que establece el modelo actual de elección, ha habido seis renovaciones del CGPJ. Algunas de ellas, también problemáticas. En 1995, Aznar bloqueó la renovación del órgano desde la oposición y solo accedió a renovarlo cuando ya llegó a la Presidencia del Gobierno. En 2006, con Zapatero gobernando, el socialista tuvo que negociar durante dos años con Rajoy hasta la nueva conformación del CGPJ.

En cambio, cuando ha sido el PP quien ha gobernado en el momento de la renovación (2001 y 2013), los pactos con el PSOE han sido mucho más rápidos. Los socialistas consideran que los populares no quiere renovar el CGPJ para mantener a toda costa su actual mayoría conservadora del órgano.