'Antes todo esto era (protesta del) campo': el impacto de la revuelta agraria en los programas del 9J

Es el viejo dicho, pero readaptado a un contexto temporal más breve que para el que acostumbra a emplearse. Del 'antes todo esto era campo' al 'antes todo esto eran protestas del campo'. El estallido de las protestas del sector agrario que se levantó a escala europea afronta este domingo, el 9J, su prueba de fuego y una cita en la que el campo tiene mucho que decir a nivel europeo.

Una suerte de termómetro a las escenas de tractores llegando al corazón de Bruselas —pero también de las principales capitales europeas— reclamando una batería de marchas atrás en las políticas medioambientales y, por ende, un cambio sustancial en la Política Agraria Común (PAC). Algunas ya aparecen entre las propuestas de las principales formaciones, pero los representantes del sector desconfían, como explica a El HuffPost José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de UPA. "Lo que nos inquieta es que lo mismo que no han querido atender en cuatro años lo hayan entendido en un mes", apunta.

Aquella revuelta agraria que emergió con un marcado carácter heterogéneo —ante la diversidad de medidas que se reclamaba desde los sectores en cada país donde alzaron la voz—, contó con el fundamental apoyo, en ocasiones mera participación oportunista de formaciones de ultraderecha o populistas que ya llevaban tiempo desligándose de las políticas verdes de un Comisión Europea decidida a seguir siendo punta de lanza en este ámbito, marcando el paso a escala global.

Sin embargo, aquella serie de protestas tuvieron que ser abordadas inevitablemente por los distintos Gobiernos de países europeos, para dar respuesta a sus demandas. Fue sonado el caso francés, donde el Ejecutivo liberal de Macron puso sobre la mesa opciones de protección similares a las contempladas en la pionera ley de cadena alimentaria española. 

En nuestro país se tradujo en el compromiso del propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de dar la batalla por el campo en Europa -cuestión que tiene en el centro del debate a los acuerdos comerciales con terceros países, ante las denuncias de competencia desleal, por ejemplo en materia de regulación fitosanitaria-. Pero, meses después de todo aquello, ¿en qué se ha traducido esa presión en las promesas y propuestas que las principales formaciones llevan en sus programas? Si bien hay diferencias de magnitud y peso, todos ellos han tomado nota.

También lo hacen los miles y miles de agricultores y ganaderos. En su nombre, Luis Cortés, el coordinador estatal de la Unión de Uniones, bajo cuyo impulso salieron decenas de miles de trabajadores asume resignado que "no veo mucha novedad en los programas, pero tampoco me preocupa porque ya sabemos lo que se cumplen". Eso sí, avisa a un posible escenario postelectoral, porque "la política sabe que el campo puede volver a echarse a la calle, les ha quedado grabada la sensación de fuerza".

El PP ya habla de una PAC con "sentido común"

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo efectuó toda una declaración de intenciones al colocar como 'número 2' de la candidata Dolors Montserrat, la cabeza de lista para las europeas, a la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo, en un claro guiño a la importancia que tendrá el campo en Bruselas los próximos años. También se ha plasmado en distintas propuestas de su programa electoral, que tiene un epígrafe que no deja lugar a dudas: 'Una política agrícola competitiva y con sentido común'. 

En ese apartado se recogen las que han sido algunas de las principales demandas del sector lanzadas desde España. Para el PP, una PAC de sentido común será aquella "que fije plazos realistas para la puesta en marcha de las reformas, que utilice la evidencia científica en la toma de decisiones y que vele porque todos dentro de Europa cumplan los mismos requerimientos (cláusulas espejo para productos de terceros)". Esta última, una alusión a las quejas de dumping contra países exportadores, por ejemplo, como Marruecos. 

En materia de acuerdos comerciales con otros países, uno de los puntos de fricción en el caso del que se prepara con América Latina, llama la atención que el PP adelanta que "propondremos una verdadera Relación estratégica UE-África, estable y tangible, basada en reglas transparentes que promuevan las inversiones, los intercambios comerciales", pero en el caso de Iberoamérica se habla explícitamente de "la culminación y/o modernización de los acuerdos de asociación bilaterales y birregionales".

Mas no solo eso. Los populares aseguran que "rebajaremos la carga administrativa para agricultores y ganaderos y flexibilizaremos exigencias como los barbechos, la rotación de cultivos o el cuaderno digital". Concretamente, la superficie de suelo que debe destinarse a un período de inactividad o las obligaciones derivadas del cuaderno digital centraron buena parte de las protestas y en las conexiones no faltaba quien cargase contra este registro tecnológico. 

Sobre la carga administrativa, en otro punto apuestan por lo que denominan la introducción el "principio '1 entra, 2 fuera'", por el que "simplificaremos la regulación existente en la UE para reducir la carga regulatoria en un tercio". A esta se suma el planteamiento que describen como 'quien contamina paga y quien descontamina cobra', por el que proponen "la remuneración de los agricultores y propietarios forestales que dispongan de sumideros de CO2 certificados como cultivos o bosques".

Cabe destacar que también recogen otra demanda que ganaderos y agricultores plantearon a Planas ante la falta de relevo generacional: "Financiaremos a cargo de los fondos de los que dispone el programa de Garantía Juvenil, exenciones fiscales y préstamos a tipo de interés reducido para todos aquellos jóvenes que se formen y ejerzan profesiones del sector primario (agricultores, ganaderos, pescadores, etc.) u oficios en extinción". 

Vox lo apuesta todo a derogar el Pacto Verde y combatir el "ecologismo radical" de la Agenda 2030

Si ha habido una formación que se ha aferrado a la bandera de la lucha del campo -y no ha dudado en subirse a los tractores- ha sido la ultraderecha de Vox. De hecho, la cuestión de la agricultura, ganadería y políticas medioambientales constituye un grueso importante de su programa para las europeas. Hasta tal punto que en la introducción proclaman que "tenemos una oportunidad histórica para que en Europa oigan la voz de España con más fuerza que nunca. La voz de los agricultores, ganaderos y pescadores que habéis sido criminalizados y asfixiados por el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030".

Esa voz, a juicio de Vox, debe ser oída mediante "la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030". Eso significa la suspensión de la "Ley Europea sobre el Clima, el Reglamento de reparto del esfuerzo, el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, el paquete de reforma de la PAC, la Estrategia 'De la Granja a la Mesa', la Estrategia 'Biodiversidad para 2030', el Reglamento sobre la restauración de la naturaleza y el Reglamento relativo al uso sostenible de productos fitosanitarios".

Desde la formación cuya lista europea encabeza Jorge Buxadé reclaman también "informes de impacto completos y omnicomprensivos sobre los efectos que la aplicación conjunta de las normas dictadas a raíz del Pacto Verde Europeo produce sobre el número de explotaciones y su supervivencia, la rentabilidad media de las explotaciones, el empleo, las exportaciones e importaciones europeas y la competitividad de las empresas". 

En matera de trámites administrativos apuestan por "reducir drásticamente la burocracia, eliminar toda condicionalidad ideológica para la percepción de ayudas", si bien no concretan a qué se refieren con esa "condicionalidad ideológica". Si la rebaja de la limitación del uso de productos fitosanitarios constituye uno de los grandes pilares de Vox en esta materia, también lo es la defensa de una excepcionalidad a la hora de aplicar normas sanitarias, a la que se refieren proponiendo establecer "excepciones según las características propias de los cultivos y explotaciones ganaderas de cada zona". A la carta.

En Vox son más tajantes en lo referente a acuerdos comerciales con terceros países. Proponen "impulsar la inmediata revisión de los acuerdos comerciales con terceros países para permitir a cada Estado miembro suspender inmediatamente aquellas cláusulas que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias" que sí se imponen a los países comunitarios. En otro epígrafe más extenso, proponen específicamente "suspender todos los acuerdos comerciales y agrícolas ratificados entre la Unión Europea y Marruecos".

El PSOE toma nota: simplificar trámites y acompasar avances legislativos a sostenibilidad de explotaciones

El caso del PSOE es especialmente llamativo, puesto que ha sido una de las formaciones cuya familia política ha hecho mayor palanca en favor de los postulados contra el cambio climático y medidas como la aprobación de la pionera e histórica Ley de Restauración de la Naturaleza. Los socialistas españoles recogen algunas de las demandas agrícolas en su programa, pero cierran filas con el Pacto Verde y la PAC, que consideran "fundamentales para la construcción de una Europa fuerte, segura, sostenible y resiliente".

Precisamente, ponen el foco en las cuentas de la próxima PAC, que deberá ser "acorde con los retos - climáticos, ambientales, económicos, sociales o geopolíticos- que debe afrontar y ser capaz de garantizar la seguridad alimentaria en la UE, como se demostró en pandemia". Con todo, y recogiendo el descontento por la burocracia comunitaria en el sector, proponen una "solicitud única para lograr la simplificación de las cargas administrativas impuestas en las ayudas de la PAC". Esta deberán recoger "los requisitos de la condicionalidad medioambiental y social" y se pretende que esté operativa "lo antes posible y continúe en la PAC post-2027".

Sin desarrollar mucho la propuesta, el PSOE también plantea "sincronizar la legislación medioambiental con los avances ya realizados en el ámbito de la PAC, proporcionando alternativas viables, concertadas con el sector y preservando la rentabilidad y sostenibilidad económica de las explotaciones". En materia de falta de relevo, su receta pasa por la innovación y la tecnología: "Priorizaremos atraer a más personas jóvenes al medio rural, facilitando el relevo generacional en las actividades agrarias y el desarrollo de nuevos sectores económicos y de emprendimiento asociados".

También tocan el palo del comercio exterior y las quejas por competencia desleal con terceros países. "Queremos que la Política Comercial de la UE no reste competitividad a nuestras producciones, exigiendo que las condiciones exigidas a lo producido aquí y a lo que importamos sean lo más homogéneas posibles", recogen. Al mismo tiempo, realizan una apuesta firme por revitalizar el cooperativismo agrario con "medidas de apoyo para el fomento de las Organizaciones de Productores, así como la economía social asociada, como un pilar para el desarrollo del sector y del entorno rural".

Sumar propone enmendar el Pacto Verde fortaleciéndolo: ley de cadena alimentaria europea

El programa de Sumar tampoco muestra fisuras del tamaño de las dos derechas con el Pacto Verde y todo lo que atañe al sector agroalimentario. Desde la agrupación de fuerzas progresistas que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y encabeza la presidenta de CEAR para los comicios del 9J, Estrella Galán, hablan de acelerar un nuevo Pacto Verde, de "corregir sus tres grandes puntos débiles". 

Sumar apuesta por que ese nuevo Pacto Verde Europeo "debe convertirse en la piedra angular de una refundación de la arquitectura institucional europea y alinear todos los tratados europeos con sus directrices, especialmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Acuerdos de Libre Comercio o la actual definición taxonómica de las inversiones verdes".

En materia de propuestas, ponen sobre la mesa promover "una transición justa hacia la agroecología a escala europea a través de un cambio en la orientación de los subsidios". Eso se traduce en la "revisión del modelo de ayuda directa por unidad de superficie, que beneficia esencialmente a las grandes explotaciones y no a la agricultura familiar". También subrayan que "debe desincentivarse el modelo superintensivo basado en agrotóxicos" mediante el "apoyo directo a la agroecología y la agricultura regenerativa y pago por servicios ambientales agrosistémicos".

En lo que respecta al problema de relevo y el papel de la mujer, Sumar plantea "reforzar la titularidad compartida para apoyar la incorporación de mujeres de más de 40 años al sector agrícola". También abogan por crear e implementar una "infraestructura europea de asistencia técnica y apoyo administrativo para pequeños agricultores". Su objetivo será el de acompañar a los agricultores en los procesos burocráticos que la PAC ponga en marcha, al tiempo que buscan evitar "que las explotaciones agrarias se conviertan en una gestoría".

Entre las grandes propuestas estrella de Sumar sobresale, además de la eliminación de las macrogranjas y la crueldad animal en este sector, la apuesta por una ley de cadena humanitaria a escala europea con grandes similitudes a la española -de hecho, la nacional ha sido tomada como referencia en Europa-, como la creación de "un observatorio europeo de precios como mecanismo fundamental de regulación de mercado". Por ejemplo, esa ley comunitaria tendrá que impedir "de manera real y firme las prácticas desleales" y asegurar "que los agricultores y ganaderos cubran los costes de producción".

Por último, dicha norma de ley de cadena alimentaria europea también debe comprender  "la modificación de la directiva europea de prácticas comerciales desleales, prohibiendo y sancionando la compra a pérdidas en toda la Unión Europea, y desplegar".

El sector advierte: "El campo también necesita un proyecto europeo potente, sin demagogias"

Dos de las principales organizaciones nacionales en materia de defensa de los intereses agrarios han analizado el escenario resultante, así como lo que prevén que marcará la próxima legislatura comunitaria, para El HuffPost. En su diagnóstico comparten varios factores, entre los que destaca una falta de optimismo al analizar los programas en este ámbito de cara al 9J, pero sí cierta esperanza a que estas cuestiones adquieran otro relieve para la futura Comisión ante una mayor sensibilidad agrícola conquistada al calor de las protestas.

"Que las manifestaciones coincidiesen con unas elecciones europeas ha hecho que la Unión Europea haya reaccionado", reconoce José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), para poner el foco en los tiempos: "Lo que nos inquieta es que lo mismo que no han querido atender en cuatro años lo hayan entendido en un mes".

Roche opina que, de cara a la nueva legislatura, "es fundamental que salga una Europa unida, pues "el campo también necesita un proyecto europeo potente, sin demagogias y escuchando a todos los sectores. Y esto incluye a los grupos ambientalistas, pero también a los consumidores y a los agricultores". Sin embargo, admite que no esperan grandes cambios en la política agraria, puesto que cree "la UE seguirá su hoja de ruta con el Pacto Verde y la Agenda 2030, pero sí pueden darse cambios a otro nivel, sobre todo porque creo que se va a valorar el impacto de las medidas en el campo".

En línea similar se pronuncia Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante que serán necesarias concesiones: "El nuevo Parlamento Europeo, que parece posible un cambio de tendencia, tiene sobre la mesa urgencias del campo. Y la política sabe que el campo puede volver a echarse a la calle, les ha quedado grabada la sensación de fuerza que mostró el sector también a nivel europeo".

Cortés recuerda que el colectivo ha dejado las cosas claras, pero tienen clara la experiencia. "Hemos estado en Bruselas y a lo largo de la legislatura europea hemos comprobado el predominio de lo medioambiental sobre lo agrario con un abuso de leyes de bienestar animal, pacto verde... normas mal entendidas como ambientales", desgrana, para señalar que algo está variando desde entonces: "Pero lo que estamos hablando en privado con los partidos empieza a mostrar un cambio y yo espero un nuevo Parlamento con menos tendencia medioambientalista en favor de una mayor sensibilidad agrícola".

En ese sentido, el secretario de Relaciones Internacionales de UPA también apunta a una dinámica similar. "También espero que haya un cambio de paradigma a la hora de legislar", indica Roche. "Venimos de una perspectiva moralista de lo que se debe y lo que no y espero un cambio a una perspectiva puramente científica, que avale si una medida es correcta o no", desarrolla.

Cuando se les pregunta a ambos expertos por si realmente ha habido un impacto en los programas electorales, responden con una mezcla de cautela, experiencia y escepticismo. "En cuanto a los programas es complicado analizarlos todos, pero en general no veo ni en España ni fuera un partido que lleve verdaderamente una batería de propuestas agropecuarias. Veo mucho más enfoque en Sanidad, Transporte, Medioambiente, Comercio...", analiza Roche, explicando que cree que "falta más concreción en tema agrario, porque lo que aparece son generalidades: ayudas para incentivar la presencia de jóvenes, de mujeres, flexibilización de requisitos...". 

También lo que describe como "aspectos clave", entre los que entran "regular los mercados y las relaciones comerciales con terceros países", pero también "una reforma de la PAC que favorezca a las explotaciones familiares, porque tampoco se habla de agricultura familiar". No se queda ahí y echa en falta "referencias a la regulación de la cadena alimentaria fuera de España", puesto que "sólo aquí se analiza esta cuestión y nosotros abogamos porque la UE lance una normativa de obligado cumplimiento para prohibir las prácticas desleales".

En el caso de coordinador estatal de Unión de Uniones, no percibe cambios revolucionarios en las propuestas que se llevarán a Europa. "Si me preguntas por los programas yo no veo mucha novedad, pero tampoco me preocupa porque ya sabemos lo que se cumplen", comenta riendo, para matizar que "sinceramente, la esperanza la pongo en la sensibilidad que parecen haber empezado a mostrar para con el campo".

Luis Cortés también se detiene en algunas lecturas políticas que se están realizando del cara al 9J y el peso que tendrán las demandas del campo en las urnas. "Lo que no veo claro es el concepto del voto del campo' como colectivo", expone para afirmar que "en España tenemos unos 9 millones de jubilados y el sector primario cuenta con unos 250.000 personas, así por comparar. El peso es relativo en algunas regiones de Europa, pero no va más allá".

En su reflexión, Cortés tampoco cree "que haya un voto de bloque, el sector es muy variado, más allá de alguna suposición, como que una parte grande no es precisamente amiga de la candidata del PSOE, Teresa Ribera, tras años de desencuentros por el agua".