La primera iniciativa legislativa que Feijóo impulsó en Galicia: una norma "provida" del Foro de la Familia

Alberto Núñez Feijóo ha 'bloqueado' el protocolo antiaborto que su partido y Vox negociaron y presentaron la semana pasada en Castilla y León. Dicho plan, que aún no se ha publicado en el boletín oficial de la región ni ha llegado a los hospitales, establece que todas las mujeres embarazadas - quieran abortar o no - serán informadas de la posibilidad de acceder a una prueba para escuchar el latido del feto y una ecografía en 4D, además de atención psicológica durante todo el proceso. 

El Gobierno central reaccionó rápido ante una norma que atenta contra la libertad del derecho al aborto, regulado en el Título II de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Tres días después de su anuncio, Sánchez envió un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstuviera de aprobar o aplicar medida alguna que fuera en contra de la actual normativa.

El PP, tras diversas contradicciones y ambigüedades, subrayó que, en contra de lo pactado con su socio de Gobierno en la CC.AA., no iba a implementar dicho protocolo e invitó a Vox a romper la coalición en el caso de mostrarse en desacuerdo con esta decisión. De esta manera, Feijóo buscaba poner fin a una controversia que ha opacado las diferentes polémicas que acorralaban a Sánchez, como eran la reforma del delito de la malversación o las rebajas de condenas a agresores tras la entrada en vigor de la ley del "sólo sí es sí".

Pero la estrategia y el cálculo electoral de Feijóo choca con sus decisiones del pasado. Y es que la primera ley que aprobó el Parlamento gallego después de que el líder popular conquistara la Xunta fue una iniciativa legislativa popular que habían impulsado Foro de la Familia y Redmadre, dos organizaciones provida y ultracatólicas. La ley 5/2010, todavía en vigor,  establece y regula "una red de apoyo a la mujer embarazada" cuyo objetivo principal es ayudar "a muchas mujeres se ven condicionadas a interrumpir su embarazo por falta de apoyos". 

La ley marca que las embarazadas tienen derecho a "ser informadas de los programas y mecanismos de apoyo dispuestos a su favor, así como el derecho a la vida en formación desde la concepción, y a que se propicie el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esta finalidad". Un razonamiento muy similar al que ahora plantea el protocolo diseñado por la Junta: informar a la mujer antes de tomar la decisión de interrumpir el embarazo.

La norma, a su vez, dio cobertura legal a la denominada Red Madre y al Foro de la Familia para asesorar a mujeres gestantes con dificultades socioeconómicas, con las consecuentes ayudas económicas para ambas asociaciones. Según detalla El País, RedMadre ha recibido más de 430.000 euros en subvenciones de la Xunta. 

En paralelo a esta norma, Feijóo anunció en 2010 un "protocolo de renuncia de bebés" que consistía en "promocionar" entre las mujeres embarazadas "la acogida y la adopción de bebés como alternativas eficaces para permitirles seguir adelante" con la gestación. El entonces presidente Zapatero, que acababa de aprobar su ley del aborto, amenazó con hacer estallar un conflicto de competencias similar al de ahora y Feijóo acabó desistiendo de su plan.

Actualmente, el PP tiene recurrido en el Constitucional la ley sobre el aborto de Zapatero, pese a que Feijóo se ha opuesto a las tentativas de Ruiz-Gallardón y Casado de hacerla más restrictiva. Una postura que, sin embargo, choca con las leyes y normas que ha implantado en Galicia durante sus trece años de gobierno.