El PP tumbará la senda de déficit en el Senado si no hay bajadas de impuestos

El PP tumbará la senda de déficit en el Senado si no hay bajadas de impuestos

La aprobación o rechazo de la senda de estabilidad marcará el calendario presupuestario, que ya acumula un notable retraso.

Imagen de archivo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Senado.Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

El PP ha confirmado este lunes que votará en contra de la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos de 2024, si el Gobierno no acepta una serie de exigencias, entre las que figuran bajadas de impuestos y mayor flexibilidad de déficit para las comunidades autónomas.

"El PP rechazará los objetivos" si no se abre una negociación, ha subrayado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa para defender la posición del partido en el debate de la senda de estabilidad que se celebrará este miércoles en la Cámara Alta.

La aprobación o rechazo de la senda de estabilidad -que va acompañada, aunque no se vota, del techo de gasto- marcará el calendario presupuestario, que ya acumula un notable retraso, ya que si no sale adelante el Gobierno tendrá que presentar una nueva senda en Consejo de Ministros para después pasar por el Congreso y el Senado.

"Ni un mensaje del Gobierno para conseguir" el apoyo a la votación del miércoles

El resultado de la votación del miércoles depende de la postura del PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, pero a pesar de esta "debilidad parlamentaria", la formación no ha recibido "ni una llamada ni un mensaje del Gobierno para conseguir" su apoyo, ha criticado García.

A pesar de ello, el PP se muestra dispuesto a negociar si se cumplen una serie de exigencias que ha detallado el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y que en el ámbito tributario incluyen la deflactación de la tarifa del IRPF, la bajada del IVA de la luz y el gas, la rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas y la eliminación del impuesto sobre la producción de energía.

A esto añade la exigencia de "compartir" los objetivos de déficit entre Estado y comunidades autónomas, ya que actualmente la mayoría del margen es para la administración central; respeto para la autonomía fiscal de las regiones y la dotación de un fondo en favor de las autonomías para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales, que no ha cuantificado.

La senda propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso prevé reducir el déficit público al 3 % del PIB en 2024, cumpliendo así las reglas fiscales europeas, y avanzar en esa corrección en 2025 (2,7 % del PIB) y 2026 (2,5 % del PIB). La deuda bajará al 106,3 % del PIB en 2024, el 105,4 % del PIB en 2025 y el 104,4 % del PIB en 2026.

Retraso de los presupuestos

Una vez rechazada la senda de déficit, la Ley de Estabilidad establece que el Gobierno tiene que presentar una nueva en el plazo de un mes, que también tendrá que pasar por Congreso y Senado, lo que rechazará el proyecto presupuestario de 2024.

En caso de que esta segunda senda también sea rechazada, el Gobierno defiende que, de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado, puede presentar el proyecto presupuestario, aunque basado en los objetivos remitidos a Bruselas en abril, ya validados por las autoridades comunitarias, en lugar de en los nuevos.

Sin embargo, García defiende que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "se inventó un informe inexistente", una duda que justifica en que no se ha hecho público, a pesar de que el PP lo solicitó el pasado 12 de diciembre.

El uso de la senda de abril en lugar de la nueva no altera el objetivo global de déficit, que es del 3 % del PIB en ambos casos, pero sí el reparto por subsectores, lo que implicaría menor flexibilidad para comunidades autónomas (equilibrio en lugar de una décima de déficit) y ayuntamientos (dos décimas de superávit en lugar de equilibrio).

Bravo niega que el PP esté perjudicando a las regiones con su voto porque "la responsabilidad es del Gobierno" y "si el Gobierno no es capaz de hacer sus deberes" no puede culpar ni al PP ni a las regiones que elaboraron sus cuentas con el objetivo de déficit que se le había comunicado, que era del 0,1 % del PIB.

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