Permanecer o morir: ¿qué va a pasar con los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas?

El Gobierno, de nuevo en la encrucijada. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere convertir en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las energéticas que impulsó en 2022 por la guerra de Ucrania, pero las amenazas de las empresas y entidades de ambos sectores, así como la posible negativa de Bildu y Junts, complican el acuerdo.

Por el momento, tal como señalaba este miércoles El País, El Ministerio de Hacienda ha pospuesto la reforma para negociar con ambas formaciones políticas sobre esta medida. La idea inicial del Gobierno era incluirla a través de una enmienda en la transposición de la directiva europea que establece una imposición mínima a las multinacionales. Pero para hacerlo por esta vía, debería llegar a un acuerdo con todas las fuerzas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez y ser votada antes del 30 de octubre. Si no se alcanzara esta solución, podría forzarse una nueva prórroga del gravamen a través de un real decreto, pero de nuevo contando con el apoyo mayoritario de la cámara.

El impuesto temporal a los bancos grava al 4,8% los intereses y comisiones generados en España por su actividad bancaria en aquellas entidades que facturen más de 800 millones. El tributo energético grava a su vez el 1,2% de la cifra de negocio de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones, excluyendo para el cómputo los ingresos derivados de las actividades reguladas.

Según los datos aportados por el ministerio de Hacienda, el impuesto ha sumado para las arcas del Estado en dos años un total de 5.767 millones de euros. En concreto, 2.908 millones en 2023 y 2.859 millones en 2024.

El pacto entre PSOE y Sumar para formar Gobierno y el plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana incluyen la prolongación de este gravamen para convertirlo en permanente, algo que ha provocado el enfado generalizado tanto de la banca como de las energéticas. Repsol, por ejemplo, ha amenazado con retirar las inversiones milmillonarias previstas en España, y muy especialmente las que afectan a Cataluña: 1.100 millones de euros para el futuro del polo petroquímico de Tarragona. Otras, como Iberdrola, ni siquiera contemplan su pago en sus previsiones.

Esta maniobra ha hecho que Junts ya se haya posicionado abiertamente en contra de mantener estos impuestos y el PNV también teme que pueda afectar al tejido económico del País Vasco. En una entrevista en RTVE, el presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, emplazó a los socios del Gobierno a tener “cuidado” y ser “razonables” con el diseño de los gravámenes porque “no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro".

Cuerpo aboga por una "adecuación" a los nuevos ciclos

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el pasado viernes en Valladolid que este impuesto sea permanente, pero buscando su adecuación atendiendo a la “inversión y a los ciclos de crédito y tipos”. De hecho, la prórroga de los gravámenes para este año ya preveía que el tributo energético incorporara deducciones para las inversiones estratégicas vinculadas a proyectos industriales y de descarbonización, aunque finalmente no se aplicó.

Para defender su permanencia, Cuerpo argumentó que el acierto de esta medida se refleja en su impacto “redistributivo” y que no ha afectado “ni a la propia actividad, ni a la competencia, ni a la solvencia de ninguno de los dos sectores”. 

Lo cierto es que la gran banca española ha impulsado sus beneficios un 23,4% hasta junio, mientras que las grandes energéticas han logrado un beneficio récord durante los primeros sies meses del año. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa han sumado unas ganancias hasta junio de 7.770 millones de euros.

Pero las presiones para que el Gobierno ceda en sus pretensiones son altas. El FMI ya lleva avisando desde hace tiempo que estos impuestos deben ser "limitados y temporales", mientras que el Banco de España - ahora con el exministro José Luis Escrivá al frente - ha pedido que se cambie el impuesto a la banca para que “descuente las provisiones” y sea “neutral”. El Gobierno de Aragón, del popular Jorge Azcón, ya ha dicho también que recurrirá en la instancia judicial y ante las autoridades de la Competencia ante el temor de que torpedee la reindustrialización de la región. 

Sumar, mientras, presiona a su socio de gobierno y la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a dejar en el aire su apoyo a las futuras cuentas si no hay avances en la negociación del paquete fiscal, que debe pasar por "la permanencia de impuestos que ya hemos conseguido en años anteriores".