'Pa'lante' todos: semana candente en el Supremo por la causa sobre el novio de Ayuso

e“Esto de meter a Miguel Ángel Rodríguez por en medio es patético (...). Miguel Ángel Rodríguez, como el perjudicado [su novio, Alberto González Amador], pueden contar lo que quieran, porque son sus datos personales, es su historial, lo que no tiene derecho a hacer ningún poder del Estado, ningún funcionario, y no digamos el fiscal general de Estado es contarlo”. La frase la pronunció Isabel Díaz Ayuso en las últimas semanas del año en una entrevista en Antena 3 y vendría a resumir el lío de declaraciones que se van a producir esta semana en el Tribunal Supremo.

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrá que declarar como testigo este miércoles en el Tribunal Supremo. Esta comparecencia se enmarca en la investigación sobre una presunta filtración de correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Ayuso, quien está siendo investigado haber cometido -y reconocido- dos presuntos delitos fiscales.

La citación de Rodríguez responde a una solicitud del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ambos investigados en esta causa. La Abogacía del Estado sostiene que Rodríguez podría haber tenido acceso a parte del contenido de los correos electrónicos filtrados, que se hicieron públicos entre la noche del 13 de marzo y el 14 de marzo, cuando la Fiscalía emitió una nota de prensa al respecto.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, "no dirá nada más que la verdad" en su declaración como testigo este miércoles ante el Tribunal Supremo.

Desde Colmenar Viejo, García Martín ha asegurado que Rodríguez "arrojará luz" sobre el caso en el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información sobre la pareja de Ayuso. Según el consejero, la declaración de Rodríguez pone de relieve "la utilización de los medios del Estado para acorralar a un rival político".

El PSOE, por su parte, ha presentado este martes una denuncia contra Rodríguez por un supuesto delito de revelación de secretos. Según la acusación, el jefe de gabinete habría difundido datos personales de dos periodistas, obtenidos presuntamente a través de un agente de la escolta de la presidenta madrileña. El PSOE ha solicitado que Rodríguez sea imputado y que su teléfono sea analizado para evitar "la destrucción de pruebas".

Miguel Ángel García Martín ha respondido a las acusaciones afirmando que Rodríguez actuará "con rigor" y ha criticado al fiscal general del Estado, a quien acusa de "borrar mensajes y deshacerse de su teléfono".

El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, llamó a declarar a MAR, como se le conoce en la jerga política y periodística, después de que el propio García Ortiz y la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez lo pidieran en sendos escritos de la Abogacía del Estado interesaron estas diligencias al entender que contribuirán a arrojar luz sobre la filtración a la prensa de los correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.

En concreto, los Servicios Jurídicos del Estado aseguraron que "existen indicios de que Miguel Ángel Rodríguez accedió cuando menos a una parte del contenido de aquellos correos", que se empezaron a conocer la noche del 13 de marzo y acabó detallando la Fiscalía en una nota de prensa difundida al día siguiente.

Se basaron, para ello, en una información publicada por eldiario.es el 17 de octubre donde se afirmaba que 'La primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez: correos a varios medios antes del desmentido de la Fiscalía'; y en dos mensajes publicados por el jefe de gabinete en la red social X.

El primero lo publicó a las 22:41 del 13 de marzo: "Resumen de la locura de hoy: La Fiscalía ofrece por 'email' un acuerdo al señor González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".

En el segundo, del 17 de octubre, Rodríguez indicó: "Aclaremos: si doy información con copia de un 'email' oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? Republica bananera con B de Begoña".

Según ha publicado este martes El Pais, el fiscal de delitos económicos Julián Salto, ha negado que eso que promocionó Rodríguez fuera cierto. En su declaración hace unas semanas, detalló ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las circunstancias de las llamadas que recibió de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, la noche del 13 de marzo. Según su declaración, estas comunicaciones se produjeron tras la publicación de una noticia en prensa sobre una denuncia que Salto había presentado días antes contra Alberto González Amador, empresario comisionista y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Salto aseguró que sus superiores le solicitaron explicaciones urgentes y los correos electrónicos relacionados con el caso para respaldar la transparencia de su actuación en la investigación por fraude fiscal contra González Amador. Según el fiscal, consideró esas órdenes "legales" y proporcionó la documentación requerida.

Sin embargo, el caso dio un giro mediático cuando Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, filtró uno de los correos confidenciales a la prensa. En su declaración, Salto expresó sorpresa al ver que un correo que había enviado "por cortesía" al abogado de González Amador fue manipulado por Rodríguez para presentar una versión tergiversada de los hechos. Según Salto, Rodríguez afirmó que la Fiscalía ofreció un acuerdo al empresario, cuando en realidad fue este quien propuso admitir dos delitos fiscales y pagar una multa para evitar la prisión.

Además, Salto desmintió las acusaciones de presiones en su contra para retirar una posible conformidad. "Nadie nunca me presionó para que retirara ninguna oferta de acuerdo", aseguró el fiscal, refutando las declaraciones públicas de Rodríguez.

El caso está ahora bajo investigación del Tribunal Supremo, que evalúa una posible revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La sospecha recae sobre la filtración de un correo clave pocas horas después de ser enviado por Salto a sus superiores. La controversia se agravó cuando se supo que García Ortiz cambió de teléfono móvil una semana después de iniciarse la investigación, eliminando las comunicaciones del 13 de marzo.

En su declaración, Salto subrayó que cumplió con todas sus obligaciones legales y que nunca ha filtrado información en sus 19 años como fiscal. Afirmó que las órdenes recibidas eran legítimas, especialmente dada la "trascendencia mediática" del caso, y detalló cómo informó a sus superiores sobre cada paso del procedimiento. El fiscal concluyó señalando que las versiones difundidas por el jefe de gabinete de Ayuso distorsionaron la realidad de los hechos.

En cualquier caso, para la Abogacía, "los documentos reseñados revelan, al margen de la veracidad o coincidencia con la realidad de la información, que Miguel Ángel Rodríguez propagó información manifiestamente falsa a propósito de la actuación desarrollada por la Fiscalía, que aquel tuvo acceso a los correos electrónicos que constituyen objeto de análisis en el presente procedimiento o, al menos, a alguno de ellos antes" que los propios investigados.

Por ello, interesó su testifical "a fin de esclarecer: a qué correos electrónicos tuvo acceso; quién le facilitó el acceso a los correos electrónicos o le informó de su contenido; si difundió información relacionada con el contenido de los correos electrónicos y, en tal caso, a quién y en qué consistió; y si conoce qué personas conocían el contenido de aquellos correos electrónicos antes de las 21:54 horas del 13 de marzo de 2024".

Los Servicios Jurídicos del Estado alegaron que "se trata de una diligencia a todas luces pertinente y útil a fin de determinar el círculo de personas que razonablemente pudieron difundir el contenido de los correos electrónicos que constituyen objeto de este procedimiento".

Y en este sentido recordó que, conforme a la jurisprudencia del propio TS, "cuando se revela un secreto y, más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo".

"De ahí que en el presente caso resulta útil y pertinente conocer si a Miguel Ángel Rodríguez le consta, a la vista de que tuvo acceso al menos parcial a dichos correos, qué personas y, en especial, qué profesionales de la información pudieron haber tenido conocimiento de los mismos", incidió la defensa de los fiscales.

Además de Rodríguez, el Tribunal Supremo ha citado a continuación a varios periodistas de Vozpopuli, El Mundo, El Plural, El País, Libertad Digital, Cadena Ser y eldiario.es como testigos para esclarecer la posible filtración de información.