Nueve de cada diez contratos de la Xunta con la empresa de la hermana de Feijóo fueron a dedo
El Grupo Eulen se hizo con 1.579 contratos menores desde 2018, por un valor de 7 millones de euros, según adelanta 'ElDiario.es'. Ese tipo de contratación no requiere de concurso público.
Desde 2018, el Grupo Eulen, la empresa en cuyo equipo directivo se encuentra Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente de la Xunta de Galicia y actual presidente nacional del PP y jefe de la oposición, fue seleccionada a dedo por la Administración gallega para contrataciones. Concretamente, el 88,5% de esos contratos fueron menores, es decir, una fórmula que no obliga al concurso público.
Así lo ha adelantado este martes elDiario.es en una información en la que aluden a los propios datos de la Plataforma de Contratos de la Xunta. Si bien esta no ha sido la principal fuente de facturación, sí ha sido el modelo más frecuente de la relación contractual. Cabe destacar que los datos se remontan al 2018 porque aquel fue el año en el que se instauró la obligación de publicar esta información.
Este es un punto central de la comisión de investigación que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el PSdeG han impulsando en O Hórreo, un Parlamento de Galicia que -sin que Feijóo o Rueda tengan que comparecer tras ser salvados por la mayoría absoluta del PP en la Cámara autonómica- pone el foco en esos 1.579 contratos menores por valor de 7,2 millones de euros.
La clave: los contratos menores y el cambio en 2018
A esa cifra hay que sumarle el mayor monto, que es el que le llegó a Eulen mediante las contrataciones abiertas que alcanzaron las 55, sumando 19,7 millones de euros. Cabe recordar que los contratos menores tuvieron su máximo fijado en 18.000 euros, pero tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público ese tope se redujo a 15.000 euros. Eso si es para servicios o suministros, si se tratan de obras el máximo es de 40.000 euros.
No es el único asunto a tratar en la comisión de investigación, también se pretende abordar la supuesta contratación irregular de la Xunta durante la pandemia, por 4.000 millones de euros, además de los 470 millones de euros que podrían haberse ahorrado si se hubiera contratado por lotes la puesta en marcha del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.