Madrid vuelve al 'ciudadano anónimo' al hablar del novio de Ayuso y evita reconocer que mintieron

A pesar de que el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad de Madrid acostumbran a ejercer de portavoces de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cuando tratan de vender alguna noticia positiva sobre su presunto fraude fiscal o, directamente fabricar un bulo, este miércoles ha tocado volver a la fórmula del 'ciudadano anónimo'.

Tras conocerse que Alberto González aceptó reconocer el fraude fiscal, pagar 550.000 euros y ocho meses de cárcel, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a censurar que se divulguen los datos "privados" del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Eso es lo absolutamente grave", ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa a la vez que hablaba de un "ciudadano anónimo".

García Martín ha sido preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por la reunión de la Junta de Fiscales de Sala por la investigación por revelación de datos de la pareja de la presidenta y por las informaciones que apuntan a que él asumió ocho meses de cárcel y pagar más de medio millón de euros para evitar juicio.

"Realmente lo que es lamentable es cómo se están utilizando los poderes del Estado, en este caso también la Fiscalía, para poder atacar a una persona anónima, a un particular. Ha tenido que llegar esa Junta de Fiscales porque ha habido una fiscal que no ha estado de acuerdo con las instrucciones que se han dado por parte del Fiscal General del Estado y de su equipo", ha criticado sin aclarar si Ayuso ya conocía que Alberto González había reconocido los delitos cuando salió ante la prensa para defender la inocencia de su pareja y asegurar que era una conspiración de todos los poderes del Estado para destruirla políticamente.

El consejero madrileño no ha querido entrar en lo que decida la Junta de Fiscales pero sí ha insistido en denunciar "que se estén utilizando los medios del Estado" no solo para "tratar de atacar a un ciudadano anónimo" sino para "desgastar y utilizarlo políticamente" así como para "echar tinta de calamar para tapar la situación en el que se encuentra en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está acorralado por una trama de corrupción económica sin precedentes". Además, ha hecho hincapié en que el Código Penal "recoge penas hasta de cárcel" por la revelación de este tipo de datos.