Los informes policiales que oculta Ayuso confirman que la Comunidad abandonó a las residencias

Es uno de los talones de Aquiles de la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. 7.297 muertes en residencias de mayores que, según muchos de los informes policiales adelantados por la Cadena Ser y a los que ha tenido acceso El HuffPost, podrían haber sido menos. En la práctica totalidad de los 205 informes policiales se muestra cómo la Comunidad de Madrid apenas suministraba material a los trabajadores de las residencias y en muchos de ellos se impedía el traslado al hospital de decenas de mayores para ser tratados en el hospital.

El caso más visible es el que se vivió en la Residencia de Mayores Mirasierra. Hasta allí se desplazó la Policía Municipal de Madrid el 23 de abril de 2020. La residencia tenía entonces 131 residentes. “De los 69 fallecidos, 9 murieron en el hospital. Y el resto (60) fallecieron en la residencia provocado por la no admisión de derivaciones de dichos pacientes en el hospital de referencia (Hospital de la Paz, explican los agentes que acudieron el centro)

Una situación límite y de impotencia que se refleja en el acta. “Durante la permanencia de estos agentes en el centro se observa cómo la directora se derrumba en varias ocasiones manifestando su necesidad de apoyo psicológico, a toda la plantilla en general y al equipo directivo y técnico en particular”, se recoge en el escrito detallándose doblaje de turnos, ausencia de libranzas y estrés. “La directora manifiesta el absoluto abandono por parte de las instituciones públicas”, finaliza la inspección.

Un agotamiento que se traslada en otras residencias como la Casa Solar Santo Duque De Gandía. Allí fallecieron hasta el 1 de abril de 2020 hasta 25 personas. En el informe policial que data de esa fecha se incide en que los trabajadores se encuentran “mal de salud por agotamiento mental y emocional”.

Hay uno de los informes policiales que es especialmente duro. Data del 15 de abril, apenas un mes después de haberse decretado el confinamiento de la población. En él, los propios Policías Municipales hablan de la directora de la Residencia Virgen de la Paloma. “Necesita apoyo psicológico por esta situación creada por el covid-19. Se derrumba al narrar el fallecimiento de uno de sus residentes por infarto de miocardio certificado. Necesitan con urgencia mascarillas FFP2, EPIs, guantes y apoyo psicológico para el personal del centro: ¡¡Con urgencia!!”, se puede leer.

Por poner otro ejemplo de la situación que se vivió en las residencias madrileñas, en la Casablanca El Plantío, la Policía recogió el 1 de abril que los trabajadores llevaban desde el 8 de marzo sin librar, encontrándose “tanto física como psicológicamente” agotados. Es decir, 24 días trabajando sin parar y sin haber recibido visitas para desinfectar o material para detectar positivos. Tenían hasta la fecha diez pacientes con síntomas y dos fallecidos.

En la Residencia Geriasa, a ochenta metros de la entrada del Hospital Gregorio Marañón, la Comunidad también impidió atender a ancianos. “Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos”, indicaba la responsable de la residencia mientras la Policía resaltaba que carecieron “de los medios hospitalarios”. “Quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado físico y emocionalmente”. En esta residencia, en la que había 122 mayores, fallecieron hasta la fecha 33 personas. 31 de ellos sin prueba covid que no constaron en las listas oficiales que realizaba a diario la Comunidad de Madrid.

Misma situación se vivió en el Conjunto Residencial Las Fuentes cuando la Policía Municipal acudió el 11 de abril de 2020. Cuando tuvieron el primer positivo (este sí pudo ser trasladado al hospital) pidieron a la Comunidad de Madrid la desinfección del centro “no obteniendo respuesta alguna”: Tampoco tuvieron respuesta, pese a haber “solicitado todos los días” test rápidos. Lo mismo ocurrió con un médico solicitado. Cabe resaltar que, en este centro, la Policía consideraba “urgente” que hubiera test rápidos para finalizar cuanto antes los confinamientos en habitaciones “al tratarse los residentes de discapacitados intelectuales” y resaltando que “el confinamiento en su habitación puede derivar problemas mayores conductuales”.

En la Residencia Madrid Sur, se detalla en el informe del 6 de abril de 2020 que, después de un mes de emergencia sanitaria, no habían recibido ningún medio de protección individual (EPI) de la Comunidad de Madrid. Una cuestión que no es baladí. En la misma acta de inspección se detalla que la UME había estado todo el fin de semana anterior desinfectando el centro, algo que sería ineficaz al no haber EPIs. En otro informe, el de la Residencia Nuestra Señora del Pilar, del 8 de abril, la Policía pide que se suministren más elementos de protección ya que “la desinfección no es eficaz” al poder contaminarse las zonas ‘limpias’ si se contaminan después con un posible positivo.

“Necesitan más EPIs en general, ya que están reutilizando los mismos”, añadía la Policía Municipal sobre el Centro Ocupacional Carabanchel en el que, de 44 personas, había 34 contagiadas a fecha de 15 de abril de 2020.

“Lo único obtenido hasta el momento es material donado; que no han recibido recursos humanos de apoyo de ningún tipo; que como materiales técnicos con carácter prioritario que necesita son vías, suero, jeringuillas, esterizador”, indica otra inspección del 2 de abril de 2020 en la Residencia Santa Genoveva Torres.

Hasta 3 días tardaron en la Residencia Madrid Valdemarín en recoger a un mayor fallecido. Allí, hasta el 3 de abril murieron 27 personas. En esa fecha de 2020 tenían 8 cuerpos esperando a ser trasladados en el sótano con hasta 72 horas de espera. Muchas de las residencias madrileñas no cuenta con capacidad para almacenar correctamente cuerpos.

Un día antes de la inspección, un equipo de bomberos acudió a la residencia para retirar un solo cuerpo que llevaba tres días esperando a ser recogido. “Manifiesta en relación a la situación que demandan sudarios y ayuda para retirar a los fallecidos en el menor tiempo posible”, reza el informe.

En la Residencia de Mayores Pedro Justo Dorado, su director hace constar en el acta de inspección que había “echado en falta apoyo institucional de la administración pública, la posibilidad de acceder a la compra de material, apoyo del centro médico de referencia, apoyo espiritual y el establecimiento de protocolos bien definidos y que no les genere contradicciones que les indujo a mucha confusión en el momento de máxima crisis”.

"Murieron de forma indigna"

No es una situación nueva ni desconocida. A pesar de que la Comunidad de Madrid ha intentado ocultar en los tribunales estos documentos alegando cuestiones como que están escritos a mano o que están escaneados y no hay un formato compatible para su lectura – se leen en PDF –, estos protocolos y situaciones ya fueron retratados en el libro ‘Morirán de forma indigna’.

Es la frase con la que el autor y entonces consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, alertó a sus compañeros del Consejo de Gobierno de que los protocolos iban a provocar la muerte de miles de personas y que eran evitables.

“Los informes policiales constatan que los protocolos de la vergüenza existieron. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado en ocasiones que estos protocolos en los que se dejó morir a personas de manera indigna no se produjeron y se constata que es verdad”; cuenta el autor en conversación con El HuffPost, explicando que “las fuerzas del orden constataron la situación que vivíamos en las residencias”.

En cuanto a las reacciones políticas, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado de "indecencia ética" el pretendido "carpetazo" que el PP ha querido dar a más de 7.000 muertes de personas mayores. Así, anunciaba este lunes que Más Madrid trasladará a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa toda la documentación que obra en su poder sobre la situación de las residencias durante la pandemia de Covid-19 por si se "vulneraron Derechos Humanos".

Por otro lado, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que publique las actas de las residencias, firmadas que precisamente están firmadas por la Policía Municipal con el objetivo de que "se depuren responsabilidades de lo que pasó en lo que fueron asesinatos de cerca de 7.300 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid".

También el Gobierno ha entrado de lleno en la polémica. La ministra de Sanidad, Mónica García, acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "ocultar" las actas que realizó la Policía Municipal achacándolo a que en esos documentos "confirman" lo que denomina como "protocolos de la vergüenza" seguidos en los primeros meses del coronavirus.

"Lo que pasó en las residencias creo que ya lo sabemos todos y creo que se tienen que dirimir responsabilidades para poder hacer justicia", incidía la que fue líder de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Entre esas responsabilidades, García, ha hecho referencia al que era en su momento el consejero de Sanidad en la Comunidad y que actualmente es senador del PP por Madrid, Enrique Ruiz Escudero al que ya acusaron cuando fue nombrado aludiendo a que se iba al Senado para estar aforado ante la gestión de la pandemia.

Madrid fue la región con más mortalidad

Cabe destacar que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020, según el barómetro anual que publica el Comité Europeo de las Regiones.

El estudio señalaba, entre otros aspectos, las "profundas diferencias" en las consecuencias de la pandemia dentro del territorio comunitario fruto de las políticas aplicadas. En este ámbito, la Comunidad de Madrid fue la región de la UE con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con la media de defunciones de los cuatro años anteriores (un 44%).