Las claves de la rama balear en el 'caso Koldo': contratos "fuera de ley" y una reclamación que señala al PP

El Gobierno de las Islas Baleares cometió presuntas irregularidades en uno de los contratos ejecutados con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la sociedad mercantil que es el epicentro del 'caso Koldo'. En concreto, se refiere a un lote de 1.480.000 mascarillas que tuvieron un coste total de 3.701.500 euros a las arcas públicas. 

Esta entrega de mascarillas se produjo el 27 de abril de 2020, pero no fue hasta dos días después, el 29 de abril, cuando se solicitó la declaración de la tramitación de emergencia. La Ley de Contratación del Sector Público, que regula la formalización de contratos, establece que no "podrán procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización".  Es decir, no se puede realizar un contrato si antes no se formaliza. Y he aquí el problema.

Según un informe de la UCO incluido en el sumario del 'caso Koldo' al que ha tenido acceso El HuffPost, establece que "la entrega del material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro concreto". 

Sin embargo, podría no ser delito. La misma UCO explica que el 18 de marzo de 2020 el Consejo de Gobierno realizó un acuerdo en el que señalaba que cualquier contrato que se hiciera desde la administración pública balear destinado a la lucha por la covid sería considerado como uno de emergencia, dejando a la administración contratar libremente sin ceñirse a la ley anteriormente mencionada. Así, se desprende que se puede interpretar que el contrato es de emergencia desde su origen. Cuestión que la UCO no ve con buenos ojos. De hecho, entienden que la declaración de tramitación de emergencia para la adjudicación del suministro de mascarillas a Soluciones tiene fecha de 4 de mayo de 2020, que es cuando el órgano de contratación dictó resolución, y no el 18 de marzo.

Una cuestión que se agrava teniendo en cuenta que la UCO ha detectado más "irregularidades". Y es que no se ha encontrado el documento que hace referencia a la formalización del contrato en el que se recogen cuestiones tan básicas como quiénes hacen el contrato, las condiciones o la definición del contrato. Tampoco hay un responsable del contrato, tal y como especifica la misma ley de contratos del Sector Público. De tal forma, la UCO sostiene que "es indiciario que la adjudicación estaría pre-concedida", señalando que, aunque se de emergencia, es ilegal.

La reclamación tres años después

Sin embargo, el producto era defectuoso. Parte de las mascarillas no eran FFP2 y tenían una protección menor.

El 25 de ese mes se realizó un análisis de las mascarillas que concluyó el 8 de junio de 2020 con las principales conclusiones. En el informe se acreditaba que no cumplían con los modelos de FFP2 y que tenían la misma eficacia que una quirúrgica. Una cuestión que hizo que el Servicio de Salud las retirara de la distribución y las almacenó como stock de seguridad. Se compraron, nunca se utilizaron y ya han caducado.

Por ello, el equipo de Armengol, que cifró el importe de dinero público a devolver en 2,6 millones, decidió reclamar la devolución en marzo de 2023. Hace un año, en plena precampaña. Finalmente, se escribe el 5 de mayo de 2023. Todo ello deriva en que el subdirector de la Central de Compras y Logística, Antoni Mascaró Crespí, firma el expediente iniciado en marzo el día 6 de julio de 2023. Es la misma persona que solicita la tramitación del contrato por la vía de urgencia en 2020. Un día antes de que la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, acceda al cargo. El PSOE sostiene que no se devolvieron por temor a que hubiera un desabastecimiento de mascarillas, ya que podrían servir como mascarillas quirúrgicas, como las mascarillas de uso común con un tono azulado, y que solo cuando, en fechas similares, la OMS anunció el fin de la pandemia, se procedió al expediente.

La misma persona firmó el 12 de agosto de 2020 un documento en el que señalaba que el lote de mascarillas aportado por Soluciones de Gestión se había realizado "de manera satisfactoria". Dos meses antes se habían retirado por ser defectuosas, pero el subdirector de compras del Servicio Balear de Salud dio un salvoconducto a la empresa que decía que la entrega había sido correcta.

Desde entonces, los plazos marcados por la ley no dejan lugar a dudas. El Govern de Baleares, ya en manos del Partido Popular, tiene seis meses para no dejar caducar el expediente e iniciar acciones judiciales y reclamar administrativamente la vuelta del dinero a las arcas públicas.

En concreto, la legislación autonómica balear dicta en el artículo 50.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que "los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrán exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria".

El Servicio de Salud detalla, además, que se emitió un informe de rescisión por defectos en la calidad donde además destacan que el precio abonado a la Soluciones de Gestión era muy superior a la media, de 2,076 euros por unidad. Fuentes del PSOE sostienen que se avisó el mismo 6 de julio de 2023 al PP de que estaba este expediente abierto. El PP lo niega.

El Gobierno del Partido Popular tenía hasta el 6 de enero de 2023 para no dejar caducar el expediente y comenzar a iniciar acciones, pero no se produjo. Ni siquiera el Gobierno de Baleares del PP elevó al Consell Consultiu de les Illes Balears, el equivalente al Consejo de Estado en la comunidad autónoma, el expediente cuando Soluciones de Gestión formuló sus alegaciones quedando caducado el expediente.

Este viernes, la presidenta balear, Marga Prohens, ha señalado en una entrevista en Onda Cero que "el Gobierno de Baleares inicia el expediente de reclamación para recuperar el dinero de las mascarillas el 24 de agosto”, pero que "la situación ha cambiado y  el escenario es otro”. “Hemos pedido personarnos en el trámite judicial. Vamos a iniciar el trámite penal y lo vamos a ampliar (...). Lo vamos a cambiar porque la reclamación del gobierno anterior, que ni siquiera iniciaron la reclamación del expediente de manera formal, se ceñía a dos millones de euros explicaba que van a reclamar la cantidad total del contrato de 3,7 millones de euros.

Lo cierto es que la reclamación del Ejecutivo anterior se hace por la diferencia de precio y no por recibir unas mascarillas que no se ajustan al contrato.

Además, según indica laSexta citando al sumario, el Gobierno de Baleares no informó a la Fiscalía en el año 2022 de que habían retirado las mascarillas por defectuosas y que estaban en un almacén.

Las escuchas que señalan al PP

Paralelamente, las escuchas telefónicas tratan de vincular al PP. Koldo García, el asesor de Ábalos celebraba que el PP dejara pasar la reclamación. No fue el único. Lamentando que los “nuestros” (en referencia al Gobierno del PSOE) fueran los que iniciasen el expediente contra Soluciones de Gestión, en una conversación del pasado 4 de diciembre con su socio Juan Carlos Cueto se señalaba lo siguiente:

Koldo García: "Entonces antes de irme a Chile voy a tomar café con ellos (en supuesta referencia al PP) y demás y me van a decir la fecha en que os reciben. Pero ya me ha dicho [que] se pone ―hombre yo creo que esto no va a pasar de aquí― se va a quedar. Es verdad que querían abrir un frente pues pa quedar bien y qué bonito y qué bien lo hacemos que cada vez que vemos algo malo que hayan hecho los rojos pues lo sacamos y que vamos a por ellos a muerte ¿no?".

Juan Carlos Cueto: (Asiente).

Koldo García: "Pero bueno en este caso si se puede quedar en terceros (fonético) pues ya está".

Juan Carlos Cueto: "Vale".

Koldo García: "Aunque es verdad que lo inició el procedimiento los nuestros. Eso sí que es cierto".

Juan Carlos Cueto: "Pero lo que pasa es que es una mierda de procedimiento".

Koldo García: "Pero si es que… bueno yo lo he comentado ¿vale?".

En más conversaciones intervenidas, se trata de vincular a Génova 13, cuartel general de los populares como una especie de presuntos mediadores para no seguir con esta reclamación a cambio de "favores" en otras cuestiones explicando que hubo un silencio administrativo tras las presuntas reuniones.

Datan del día 29 y 30 de noviembre de 2023, ahí, el juez detalla que se observaron “conversaciones telefónicas a través de las cuales se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte de la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada”.

El 2 de diciembre, también a través de una llamada telefónica, el exasesor de Ábalos confirma al cabecilla de la trama que 24 horas más tarde, el 3 de diciembre de 2023, tendrían una reunión con Miguel Tellado facilitada por una persona que responde al nombre de “Alberto”.

Este viernes el propio portavoz parlamentario del PP ha negado la reunión y ha deslizado que el único nombre que se dice con nombres y apellidos en las escuchas es el suyo, para tratar de implicarles. Según se ha publicado, ya existía las sospechas de escuchas. En este sentido, Miguel Tellado ha echado por tierra la supuesta excusa de Koldo García para reunirse con él que era tratar de ayudar a la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol. Ha explicado que desde hace meses "saben que mantengo una cruzada política contra Armengol, que hace tiempo que debía de haber dimitido de su cargo" y que es "un peligro". "Es muy poco creíble que yo me hubiese prestado para ayudar a Armengol en un escándalo" cuando tiene "una relación bastante mala" con ella. El 10 de enero, a las 10:15 horas hubo una segunda reunión, según las escuchas, que se ha demostrado falsa ya que hay imágenes a esas horas de Tellado y Feijóo, al que se ha tratado de vincular como la identidad del "Alberto" en el Pleno del Congreso que se celebró en el Senado por obras en la Cámara Baja.

De vuelta al caso, un día más tarde de la celebración de ese supuesto encuentro, el 4 de diciembre, Koldo informa a Íñigo Rotaeche, el empresario vasco que aparece como responsable de Soluciones de Gestión en las pesquisas judiciales, que “en principio la Administración balear no tenía ninguna intención de continuar con la reclamación iniciada a Soluciones de Gestión”.

Una revelación que habría llegado, según el auto, después de la intermediación directa y el cambio de favores del propio José Luis Ábalos: “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino… él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio (del devenir de la intervención telefónica en curso se refería a José Luis Ábalos Meco)”, indica el auto.

Es decir, según se desprende del escrito judicial de la Audiencia Nacional, acabó propiciando un presunto silencio administrativo de la administración del PP después de la intermediación de Ábalos: “Todo va por buen camino (…) no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase mejor”, indicaba por teléfono Koldo a Cueto el 7 de diciembre.

No fue hasta el 14 de diciembre cuando Koldo y Cueto cerraron el tema. “Lo del expediente baleares está más que hecho”, indicaba entonces el exasesor de Ábalos al principal conseguidor de la trama.

El mismo auto indica que, según se desprende de las actuaciones de la Policía Judicial señala que este silencio administrativo tiene como intermediarios a José Luis Ábalos y Jacobo Pombo. Un nombre que no hay que perder de vista ya que, según publica este viernes El País es un excargo de Nuevas Generaciones de principios de los 2000 que creó un foro de debate. "Ahora con Feijóo y Tellado, con los que se lleva muy bien, estaba mucho más contento hasta el punto de que pensó en volver a la política", explican al citado medio fuentes del PP que trabajaron muy de carca con Pombo.

Volviendo a las pesquisas, Koldo se reúne entre otras personas, con el exministro de Fomento en la ya conocida marisquería La Chalana entre las 21:15 y las 22:20 horas aproximadamente del 10 de enero.

Según se indica, esa reunión es relevante dado que el día anterior Koldo y Cueto mantienen una conversación telefónica en las que el segundo pedía de que antes de que el exasesor viajara a Perú le diera un mensaje a un tercero. De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente –cuando se reúne con Ábalos– era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones realizada a Soluciones de Gestión.

Horas antes, Koldo García tuvo dos reuniones más en la marisquería. Ese mismo día KOLDO tiene dos encuentros en “La Chalana” para hacer negocios. En ellos, según se ha podido saber gracias a micrófonos instalados, se habla de comprar pizarras por valor de 200.000 euros en los que José Luis Rodríguez García, persona que se cree puso en contacto a Aldama y Cueto, reconoce saber que Cueto tiene 20 millones de euros por los contratos investigados. Además, Koldo García vio a Ignacio Díaz Tapia, que es socio de Jacobo Pombo.