La verdad sobre la "inspección salvaje" de Hacienda al novio de Ayuso: 17 reuniones en 18 meses antes de denunciarle
La Agencia Tributaria dio tiempo suficiente a González Amador para defenderse de las acusaciones por fraude fiscal. La documentación remitida por él acreditaba el delito, según su expediente al que ha tenido acceso El País.
El pasado mes de marzo, cuando los medios de comunicación publicaron que la actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, había sido denunciado por fraude fiscal, la presidenta de la Comunidad de Madrid salió en defensa de su novio para decir públicamente que había sido víctima de una "inspección salvaje" por parte de la Agencia Tributaria y que él no debía ningún tipo de dinero a la Hacienda pública. Todo lo contrario, era el Estado el que tenía que desembolsar casi 600.000 euros a su favor.
La realidad es que el empresario, que envió un email a la Fiscalía Provincial de Madrid admitiendo la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, no fue objeto de ninguna "inspección salvaje". Según su expediente tributario, al que han accedido El País y La Ser, Hacienda dio hasta 17 oportunidades a González Amador para explicar sus ingresos millonarios durante los 18 meses que duró la inspección, antes de que decidieran denunciarle por fraude fiscal ante la incoherencia de sus excusas. Es decir, la investigación se llevó a cabo con todas las garantías, muy al contrario de lo que defendió Ayuso en aquella rueda de prensa de marzo.
El novio de la presidente madrileña habría defraudado a Hacienda hace tres años al evitar pagar 350.000 euros en impuestos por lo que había cobrado -presuntamente- en comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia. González Amador fabricó facturas falsas para poder deducirse gastos y así evitar pagar al fisco, y además creó una empresa pantalla con la que poder compensar sus beneficios.
Cuando Hacienda se percata de la irregularidad, González Amador presenta documentación sobre sus intentos de negocio en México o Costa de Marfil: billetes de avión, contratos con intermediarios y hasta fotos con autoridades sanitarias. Pero es justamente esa documentación, según señala El País, la que los inspectores de la Agencia Tributaria esgrimen para apuntalar sus conclusiones sobre los dos fraudes fiscales cometidos por él.
González Amador, acorralado por la Agencia Tributaria, finalmente admitió estos hechos en un escrito de alegaciones que presentó su abogado: “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”. Por ello, se comprometió a pagar 525.000 euros por su fraude de 350.000, y a asumir una condena de ocho meses de cárcel.