La responsabilidad política: lo que las mascarillas de Almeida nos enseñan sobre la trama balear del 'caso Koldo'

Más allá del 'caso Koldo' y el contrato de mascarillas en Baleares, lo cierto es que rebuscando en la hemeroteca hay casos similares que siguen casi la misma cronología. Las compras de material sanitario en 2020 dejaron tras de sí numerosas compras que resultaron ser estafas fruto del caos internacional y con numerosos comisionistas que quisieron mediar y sacar beneficio en un momento tan complejo y delicado.

Justo en en marzo de 2022 el Partido Popular de Madrid denunciaba ante la Fiscalía el 'caso Koldo'. No obstante, y tal y como se puede constatar comparando el sumario del caso con la hemeroteca y las acciones judiciales, en Madrid se instruían en la capital dos procedimientos judiciales que afectaban de lleno al PP: el conocido caso mascarillas de Luceño y Medina y, aunque más desconocido, el caso Sinclair. Tanto los casos de Baleares como los de Madrid muestran numerosas similitudes y permiten trazar las posibles consecuencias judiciales que pueden existir para el Ejecutivo que lideraba la ahora presidenta del Congreso Francina Armengol.

El PP ha centrado su estrategia actual en pedir la dimisión de Armengol y el PSOE lleva días respondiendo aludiendo al caso del hermano de Ayuso, que cobró 283.000 euros de comisión en un contrato con la Comunidad de Madrid. No es el único. También con los del Ayuntamiento de Madrid.

En ambos casos, las compras vienen por recomendación directa de asesores y familiares que mediaron en hacer posible los contratos. Por un lado, Baleares adquirió 1.400.000 mascarillas por 3,7 millones de euros (2,5 euros la unidad) a una empresa sin experiencia en el sector sanitario. Es la ya conocida Soluciones de Gestión. Esta compra vino motivada a través del Ministerio de Transportes, que recomendaba, entre otras, empresas que ofrecían mascarillas. Se investiga si fue Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, la persona que hizo dicho comentario.

La primera fecha fue el 4 de mayo, cuando el director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares. No fueron las únicas. Un decreto del Consejo de Ministros y una orden del Consejo de Gobierno balear permitían excepcionalmente este procedimiento para agilizar burocracia y poder hacer frente a la emergencia sanitaria. Primero se adquiría el material y luego, sin concurso, se definía el contrato. Todas las administraciones, independientemente del signo político, usaron esta fórmula para tener test, mascarillas y equipos de protección individual cuanto antes.

Unos días antes, el Ayuntamiento de Madrid recibió una oferta de dos comisionistas: Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos, intermediarios y sin experiencia en el sector sanitario, ofrecían mascarillas, test y guantes de nitrilo. Según reconoció el propio alcalde y certificó la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento conoció dicha oferta gracias al primo de José Luis Martínez-Almeida. Costó 16 millones y el Ayuntamiento aún no ha visto un solo céntimo de lo que descubrieron después, sería una estafa.

Por si fuera poco, cuando el Ayuntamiento ya conocía la estafa, Almeida firmó una carta de recomendación a Luceño e hizo una llamada a Medina agradeciendo su gestión. Una vez destapado el escándalo no hubo ningún tipo de asunción de responsabilidades ni ninguna investigación interna en el Ayuntamiento.

La encargada de la compra fue Elena Collado, coordinadora de Presupuestos del consistorio y hoy responsable de Eficiencia Pública del PP. El Ayuntamiento de Madrid , como Baleares, se hizo con el material sin concurso y sin condiciones sobre el precio final a pagar. Finalmente fue de 6,5 euros por mascarilla; 2 euros por cada par de guantes de nitrilo y 17 euros por cada test rápido de detección de Covid. Los guantes tenían un precio inflado de 1,6 euros por par ya que se acabó rebajando el precio a 80 céntimos porque, según contó ella misma, Collado los encontró, exactamente iguales, más baratos en un supermercado haciendo la compra. Por esta operación se recuperaron 4 millones de euros, que podrían haber sido más ya que Luceño duplicó el precio.

Tras esto, Collado ascendió como cargo en el PP.

Transportes justificaba la compra por un contrato con Puertos del Estado mientras que el Ayuntamiento de Madrid lo hizo, de madrugada, a través de la empresa pública que gestiona los servicios funerarios, la EMSF.

Un informe también del Tribunal de Cuentas que analizó las compras de material sanitario en los municipios de más de 300.000 habitantes indicaba que fue la peor compra de España. Además, fueron las más caras. En aquellas fechas, por poner un ejemplo de ayuntamiento de la misma envergadura, existen contratos en el Ayuntamiento de Barcelona donde estas mascarillas costaban 2,50 euros.

En el caso de Madrid, los guantes eran inservibles, las mascarillas en su mayoría también y los test no tenían casi sensibilidad, provocando que se intentaran devolver, aunque sin éxito. El Govern balear pagó por mascarillas FFP2 para usarse en hospitales, pero tras un análisis se descubrió que tenían una eficacia mayor y podían ser usadas por la población para usarlas como mascarillas quirúrgicas. No obstante, se dejaron guardadas en un almacen y el 90% caducaron en 2022.

¿Cómo empezó el recorrido judicial? En aquel entonces, el Gobierno de Almeida no solo presentó denuncia alguna sino que no exigió judicialmente la devolución de lo defraudado a pesar de ser conscientes casi de forma inmediata la estafa. No fue hasta que la Fiscalía decidiera actuar tras recibir un informe de los servicios antiblanqueo (SEPBLAC) y se destapara el caso cuando el Ayuntamiento de Madrid comenzó a tomar cartas en el asunto. Sabían, tal y como se ha demostrado judicialmente, que llevaban meses conociendo la estafa.

Tal y como rescataba este lunes la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, Almeida se quejaba de la investigación judicial por la estafa que había sufrido el Ayuntamiento. "Almeida no colaboró con la justicia. La señaló y cuestionó: "Da la casualidad de que la Fiscalía solo investiga al PP, no se me ocurre por qué, salvo ese 'de quién depende'". Además existieron sospechas de que borrarán el nombre de su primo de los correos entregados al juzgado", indicaba. Por cierto, el Ayuntamiento se acabó personando en el caso pero jamás realizó ninguna pregunta a los investigados pese a que eran la víctima de los hechos que se juzgan.

En el caso de Baleares se enviaron muestras de todas las cajas de mascarillas compradas al Ministerio de Trabajo para su análisis. Pese a saber que habían pagado por un producto más caro, el subdirector general de Compras firmó a la empresa un certificado de calidad en agosto de 2020. El análisis fue en junio de 2020.

Justo hace un año, en marzo de 2023, el mismo funcionario inició la reclamación. Pedían que se devolviera 2,6 millones de los 3,7 que costaron. ¿Por qué? No exigían la devolución del importe del pedido sino la diferencia de precio que existía en aquella fecha una mascarilla quirúrgica y una FFP2. Después, y un día antes de dejar el Ejecutivo, el Gobierno de Armengol reclamó ya oficialmente el dinero. La ley balear es clara: había seis meses para reclamarlo y el plazo finalizaba el 6 de enero. El nuevo equipo, del PP, con Marga Prohens a la cabeza, no lo reclamó e hizo una nueva petición para que se devuelvan los 3,7 millones. En Madrid jamás se reclamaron a los comisionistas, que además se declararon insolventes. Solo se personaron como acusación en el juicio sin hacer una sola pregunta a los acusados.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Madrid tuvo otro caso: el Sinclair. El denunció un año después la estafa, pero la investigación del caso se cerró por la imposibilidad de encontrar al vendedor. No se ha recuperado el dinero. Fue el director general de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid el que denunció una estafa por parte de la empresa Sinclair and Wilde en relación a la calidad de las 500.000 mascarillas FFP2 que le compraron por 2,5 millones de euros. Hasta un año después el consistorio no se movió para reclamar el dinero. La oferta también vino de un entorno cercano. Fue el tío del presidente del Pleno y concejal del PP el que facilitó el contacto de la empresa estafadora.

Y tú más

Pese a las similitudes que existen en los dos casos, tanto PP como PSOE hablan de asumir “responsabilidad política”. Un término, muy manido en las últimas semanas que, de momento, solo se ha saldado con la expulsión de José Luis Ábalos del PSOE y su posterior marcha al Grupo Mixto.

En aquel entonces, el PSOE en el Ayuntamiento pidió la dimisión de Almeida cuando se hizo público el caso. El PP, también cuando se han conocido los detalles en Baleares, han pedido la dimisión de Armengol, provocando que la propia Armengol haya dado explicaciones defendiendo su gestión y asegurando que ni ella ni ninguna persona de su Gobierno constan en el sumario a diferencia del PP, en relación a Miguel Tellado.

De momento, en Madrid, el caso sigue desarrollándose y la Fiscalía Anticorrupción pide 9 y 15 años de cárcel para Medina y Luceño.

“Francina Armengol tiene que hacer dos cosas: dar explicaciones y dimitir como presidenta del Congreso y entregar su acta de diputado. Hay dos cuestiones que la invalidan completamente para seguir siendo tercera autoridad del Estado. Está acreditado, y no hay ninguna duda de que dos meses después de retirar las mascarillas por defectuosas un certificado de conformidad a petición de la empresa y engañara a la UE sabiendo que son defectuosas se sufragaran con fondos europeos. Creo que si el PSOE de verdad se cree que es incompatible con la corrupción, difícil de creer, Armengol debe cesar como presidenta del Congreso y entregar su acta de diputado”, llegaba a decir el mismo Almeida que agradeció, ya conociendo la estafa, a los comisionistas que donaran 200.000 mascarillas defectuosas habituales.