La proliferación de pisos turísticos ilegales ahonda en la crisis de acceso a una vivienda
Solo en Madrid, más del 90% de los pisos turísticos no tienen licencia. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos inicia una campaña para que "vuelvan al mercado residencial a un precio asequible".
El pasado mes de febrero, un anuncio en Idealista de una vivienda en alquiler despejaba la incógnita. Por 1.800 euros al mes, una inmobiliaria ofertaba un piso en Lavapiés, distrito que definía como “el nuevo barrio cool de Madrid gracias al reemplazo de la población por personas con mayor poder adquisitivo”. Ese reemplazo tiene otra acepción: gentrificación. Según Naciones Unidas, este fenómeno “sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención”.
En los últimos cinco años, el barrio madrileño de Lavapiés ha perdido, según la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), un total de 10.000 vecinos. ¿Uno de los motivos? La proliferación de pisos turísticos, que no solo limita la posibilidad de vivir en la zona, sino que también impulsa los precios de las viviendas en alquiler. No es solo un fenómeno madrileño. Cada vez son más las ciudades de España que asisten al exilio de sus vecinos. El dilema es mayor. La gran mayoría de los pisos turísticos que se publicitan ni siquiera tienen licencia para ejercer como tal.
Hace unas semanas, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, confirmó que desde el Gobierno habían “tenido conocimiento de que la inmensa mayoría de los pisos turísticos son ilegales”. Por ello, desde su Ministerio han anunciado una investigación para “perseguir” la publicidad de estas viviendas. “Si un piso no dispone de licencia, la publicidad de ese piso tampoco es lícita”, aseguró el ministro en una reciente entrevista con El HuffPost: “La proliferación de viviendas turísticas sin licencia está ocasionando gravísimos perjuicios a los ciudadanos que viven en las ciudades”.
De igual modo, y “con el fin de combatir el fraude”, hace un mes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reunió a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para abordar “el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial a precios asequibles”. Tras el encuentro, Rodríguez anunció que su Ministerio, junto al de Industria y Turismo, creará un Registro Estatal de vivienda turística que esperan pueda estar en vigor a lo largo de 2025.
Tal y como señaló Bustinduy, desde Vivienda afirman que “diversos informes nacionales e internacionales indican que en nuestro país se está produciendo un incremento muy significativo de los pisos turísticos, que está afectando a la reducción de oferta en el mercado residencial y aumento de su precio”. “Para afrontar este fenómeno”, expresó Isabel Rodríguez, “necesitamos datos públicos y oficiales para dar respuesta a esta situación y perseguir el fraude”.
Este martes, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha iniciado una campaña cuyo objetivo es justamente el de localizar y cerrar los “16.000 pisos turísticos ilegales en la ciudad” para que puedan volver “al mercado residencial a un precio asequible”. Según datos del Ayuntamiento, más del 90% de los pisos turísticos de los que tienen constancia no disponen de licencia. Sabina Carrau, miembro del Sindicato, alerta de lo que llaman “desahucios invisibles”. “Están echando a la gente de sus casas para vender los bloques enteros a, por ejemplo, fondos buitre”, denuncia.
Más allá de la poca oferta de viviendas de alquiler asequible o de los alquileres de temporada, “la turistificación –considera Sabina Carrau– colabora de manera directa con la crisis de la vivienda” y “si desde las instituciones no toman acciones concretas solo puede ir a peor”.
Desde el Sindicato lamentan la escasa disposición de las diferentes Administraciones, también del Gobierno, en atajar la problemática. “En Madrid no hemos llegado a tener 16.000 pisos turísticos ilegales de un día para otro, esto se sabía, pero se ha apostado solo por aquello que da mayor rentabilidad”, manifiesta para reclamar que la vivienda vuelva a verse “como un derecho y no como un negocio”: “Las instituciones no están amparando lo que pide la ciudadanía”.
