La política migratoria de Meloni que elogia Feijóo y que Von der Leyen considera "innovadora": en qué consiste

El 24 de agosto de 2001 un pesquero de madera de 20 metros de eslora, el Palapa 1, encalló en medio del Océano Índico a 140 kilómetros de la Isla de Navidad, perteneciente a Australia. Allí es adónde pretendían llegar las 438 personas que viajaban a bordo, en su mayoría procedentes de Afganistán. Comenzaba entonces lo que terminaría conociéndose como el Tampa Affaire, que acabaría generando un conflicto diplomático entre Noruega y Australia.

De manera muy resumida, aunque el puerto más cercano estaba en Indonesia, el capitán del buque noruego, Arne Rinnan, creía más seguro acercar a los refugiados hasta la isla australiana, algo que el Gobierno del primer ministro John Howard no quería asumir bajo ningún concepto. Tiempo después, Rinnan recordaría el suceso como lo peor que había vivido en 23 años como capitán. “Cuando pedimos comida y medicinas para los refugiados, Australia envió tropas de comando a bordo”, dijo.

En Australia, John Howard, en un alarde de políticas que envidiaría cualquier persona contraria a la migración y por ende a los derechos humanos, implementó entonces la conocida como Solución del Pacífico, un nombre con ecos de un pasado sombrío. ¿En qué consistía esta suerte de resolución? Australia básicamente rechazaba la entrada en su país de cualquier persona que buscara asilo. El ejército australiano tenía no solo el permiso sino la obligación de interceptar toda embarcación y llevar a las personas a bordo hasta centros de procesamiento y detención en las islas de Nauru y Manus. Sería allí donde se determinaría si eran refugiadas o no, si eran personas con derecho a asilo o no. Allí, nunca en Australia. Y todo pagado con fondos australianos.

¿Qué demuestra esto? Que por mucho que diga la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la política migratoria de la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, no es en absoluto una “estrategia innovadora”. El 6 de noviembre de 2023, el Gobierno italiano firmó un acuerdo con Albania para construir en este país dos centros de detención que utilizará para reunir a todas las personas que traten de alcanzar el país alpino. La intención, como en la Solución del Pacífico, es que sea en esos campos donde se gestionen los asilos. Y, al igual que Australia, todo pagado por Italia. Vamos, que Italia tiene ya su isla de Nauru.

Todo esto, sumado a los acuerdos que el país tiene con Libia o Túnez para frenar, sin atención alguna a derecho, la salida de migrantes en busca de asilo desde esos países. Y tampoco es algo que se le pueda achacar solamente a Meloni y a la ultraderecha. El acuerdo entre Italia y Libia, tal y como recuerda Íñigo Domínguez en El País, se firmó en 2017 con Paolo Gentiloni, del Partido Democrático (PD) en el poder. Desde entonces, ningún Gobierno italiano ha puesto inconveniente a renovar el acuerdo a pesar de las denuncias de torturas y violaciones de los derechos humanos. Todo por presumir de que llega al país un 60% menos de migrantes.

Tampoco esta es una estrategia innovadora. Es, de hecho, una fórmula muy de la Unión Europea. Entre 2015 y 2021, la UE ha proporcionado a Marruecos, Mauritania y Túnez más de 400 millones de euros para frenar la migración. Una investigación de El País con Lightouse Reports reveló recientemente cómo estos tres países usan la financiación europea para detener y desplazar forzosamente a migrantes y refugiados. ¿El modus operandi? Las fuerzas de seguridad de cada uno de estos territorios arrestan a los migrantes subsaharianos en redadas por las calles, en sus propias casas o ya en las pateras. Luego, los amontonan en autobuses y los llevan a cientos de kilómetros a zonas remotas. Muy humano.

En política migratoria europea, la ideología, ser de derechas o de izquierdas, parece importar poco. Antes que Feijóo, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, se vio con Meloni también para aprender cómo lo hace. Lo de Starmer es sin duda extraño. Y no porque sea del Partido Laborista, sino porque Reino Unido no es ajeno a esta externalización de la política migratoria. Los británicos llegaron a un acuerdo con Ruanda para deportar allí a las personas migrantes que llegaran al país. Nada más que a 10.000 kilómetros. Sí es curioso, sin embargo, que Starmer alabase las políticas de Meloni cuando él mismo puso fin al conocido como Plan Ruanda nada más llegar al Gobierno.

El encuentro entre el británico y la italiana fue la excusa perfecta que encontró el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para viajar a Roma y sacarse una foto con Meloni, aunque tampoco es que precisara ningún pretexto. “Como ha acreditado el primer ministro británico, Meloni tiene una política migratoria que creo que debemos de conocer con determinación y exactitud porque funciona”, afirmó Feijóo.

El líder de la oposición elogió la política migratoria de Meloni, pero no quiso entrar a valorar los acuerdos de Italia con Albania. ¿Por qué? Según él, por no inmiscuirse en temas de política exterior de un país que no es el suyo. Ya, pero si la italiana está consiguiendo rebajar las cifras de migración es justamente por eso, por sus acuerdos con terceros países. Claro que, si Feijóo lo defiende, tendría entonces que asumir las violaciones sistemáticas de derechos humanos. A Meloni le da igual, ¿pero a él, quien pretende exponer una imagen de cierta moderación?

Es imposible hablar de las políticas italianas sin reconocer que puede que funcionen para frenar la llegada de migrantes y refugiados, pero a costa de la vida de cientos de personas. Ya hemos hablado de lo que suponen los acuerdos con algunos países africanos, ¿pero qué sucede con ejemplos como el de Australia y la isla de Nauru? Es decir, con lo que pretende Italia con Albania. Cuando los centros de detención en el Pacífico comenzaron a funcionar, ACNUR ya informó de que este modelo no garantizaba condiciones seguras ni humanas. En 2016, The Guardian reveló 2.000 documentos clasificados sobre Nauru que expusieron agresiones, abusos sexuales, intentos de autolesión o maltrato infantil. “Pintan un panorama de disfunción y crueldad rutinarias”, alertaba el periódico.

Estos hechos los constata el organismo australiano Human Rights Law Centre, que denuncia “un trato y unas condiciones que equivalen a tortura”. Sostienen, además, que a pesar de que durante algunos años se interrumpió el proceso, hace poco el Gobierno australiano se comprometió a enviar más financiación al Ejecutivo de Papúa Nueva Guinea “para la prestación de servicios a las personas que abandonó allí, en lugar de llevarlas finalmente a un lugar seguro en Australia”. “Alrededor de mil personas que sufrieron años de detención en alta mar antes de ser transferidas a Australia, permanecen aquí [en los lugares de detención] sin la oportunidad de reconstruir sus vidas”, manifiesta el centro de derechos humanos.

No se puede enaltecer la posición de Meloni sin atender a las consecuencias. Olivia Sundberg, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo, cree que esta externalización y derivación a terceros países “siempre causan violaciones de los derechos humanos”. Atestigua, además, que no son experiencias “nuevas” y recuerda el daño que han causado a miles de personas los ejemplos de Ruanda y Australia. “Han producido daños injustificables”, denuncia. “En Australia hay personas que han estado años detenidas, conocemos casos de violaciones de derechos humanos, de trata, tortura, se han separado a niños de sus padres... Todo esto demuestra que ya se ha intentado y no ha funcionado. Lo que Italia quiere hacer con Albania tiene un coste muy elevado que podría y debería utilizarse para mejorar las políticas de asilo”, defiende Sundberg.

En opinión de esta defensora de los derechos humanos, la Unión Europea debería centrarse en “fortalecer infraestructuras y en vías legales y seguras”. Porque la realidad, explica, es que por muchos esfuerzos que se lleven a cabo para evitarlo, la gente que sufre en sus países de origen “va a seguir intentando salir de ellos”.

Otro que conoce bien la postura de Italia es Óscar Camps, fundador de Open Arms. ¿Qué piensa él de la externalización? Lo explicó en una entrevista en TVE. “Se están financiando a países de dudosa solvencia democrática para que apliquen la fuerza en campos de detención completamente ilegales, donde se vulneran derechos humanos, donde se viola, se tortura, se esclaviza”.

Hace tiempo, desde UNICEF pidieron a Camps que contara “alguna historia positiva” de su experiencia. La respuesta es inequívoca: “No la hay. La única historia bonita es cuando has rescatado a un grupo y no hay ningún muerto. Y después de dormir tranquilos, sin que nadie los violente, robe, agreda… Cuando han comido y llevan ropa seca, les cambia la cara e incluso empiezan a cantar. Y llega el agradecimiento, la humanidad. Se acerca alguno, te pide el móvil, te enseña su Facebook y ves que tiene familia, que es cantante o peluquero, que no vive en una choza en medio de la selva, que tiene una formación y habla dos idiomas. Pero lo primero que ves es a un negro desarrapado en una barca, al que han apaleado durante meses, sin dignidad”.