La Iglesia aprueba su plan para reparar a las víctimas de abusos, pero sin la aprobación del gobierno ni de las víctimas

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha defendido el plan "unilateral" de la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos y ha recordado al Gobierno que su responsabilidad es pensar en "todas las víctimas" y no solo en las de esa institución.

Ante las críticas del Gobierno por la aprobación de este plan, Argüello ha reconocido que la Iglesia ha actuado de manera unilateral y ha defendido que lo hace porque las vías jurídicas están cerradas al haber prescrito la mayoría de los casos.

"Es nuestra toma de decisión libre, que responde a una obligación no jurídica sino moral, la que nos hace decir: asumimos una obligación unilateralmente... por propia iniciativa asumimos la obligación de abrir una puerta", ha dicho Argüello en rueda de prensa.

El presidente de la CEE responde así a las acusaciones del Gobierno, que en boca del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha denunciado que se trata de un plan "unilateral" de la Iglesia, que no cuenta con la participación de las víctimas y que no es vinculante.

"Claro que es unilateral, pero esto que puede parecer un reproche, en realidad es un reconocimiento" que se produce "solo cuando las vías jurídicas están cerradas". Y, tras insistir en que la iglesia asume la obligación de reparar a sus víctimas, ha recordado al Gobierno que la suya es pensar en todas las víctimas, porque tiene responsabilidades sobre todas ellas.

Una "obligación moral"

Ha ido más lejos y ha recalcado que "con una mirada parcial y sesgada es difícil encontrar acuerdos". Y ha advertido de que el Gobierno de un estado democrático "debe respetar las reglas del juego porque una institución (la Iglesia) tiene el derecho y el deber de organizarse y de responde a lo que considere sus obligaciones".

Argüello ha detallado que no ha habido ningún voto en contra del plan en la Asamblea Plenaria a la que finalmente no han acudido asociaciones de víctimas y ha explicado que, a pesar de que lo aprobado no es un decreto jurídico que obligue jurídicamente a las diócesis, sí que implica una "obligación moral".

"Nosotros sí que hacemos público a las víctimas que hay una puerta común abierta por si acaso alguien se encuentra con una puerta particular cerrada", ha añadido en este sentido.

Así, el presidente de la Conferencia de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, ha explicado que si se llegara el caso de que una diócesis se negase a indemnizar a una víctima, el organismo superior intentará asumir esa deficiencia.

Las víctimas no tendrán que relatar sus experiencias si no quieren

Argüello no ha ofrecido datos sobre las cuantías económicas de las indemnizaciones y se ha limitado a afirmar que "la Iglesia responde", pero pide tiempo. "Hay dinero, tiempo y personas" y la Iglesia responderá con los recursos de su comunión de bienes. Díaz Sariego ha detallado que la valoración se hará "rostro a rostro" y que se evitará la revictimización de los afectados, que no tendrán que repetir, si no quieren, su relato.

El presidente de la CEE ha explicado que el plan aprobado se organiza "según las sugerencias del Defensor del Pueblo", que habla de reconocer, reparar y atender a las víctimas y a los supervivientes, así como de formar, sensibilizar, prevenir, informar e investigar.

En concreto, la Plenaria ha aprobado tres documentos: las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia católica en España, el Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de Abusos sexuales (PRIVA) y la creación de una comisión asesora formada por 10 miembros, uno de ellos de la CEE, otro de la Confer, además de especialistas jurídicos, psicólogos y psiquiatras.