La extrema derecha crece a costa de la ausencia de soluciones para la vivienda

Es más sencillo culpar que responsabilizarse. En política, sostener que todo está mal resulta más fácil que lograr que todo esté bien. Acusar es siempre menos engorroso. Y de esto se aprovecha la extrema derecha, sobre todo cuando hay datos que corroboran el hartazgo. Hace unas semanas, el periódico británico The Guardian entrevistaba al relator especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de la ONU, Balakrishnan Rajagopal, quien lanzaba un aviso: “Si queremos detener el ascenso de la extrema derecha, privarla de algo de oxígeno, cosas como la vivienda deben considerarse derechos fundamentales”. La crisis de acceso a la vivienda supone una suerte de alfombra roja a los discursos más extremistas y populistas y al voto de castigo.

Las dificultades para acceder a una vivienda fueron una de las principales preocupaciones de los votantes neerlandeses en las elecciones del año pasado, en las que se impuso el ultraderechista Geert Wilders. En Portugal, el crac inmobiliario contribuyó al crecimiento del partido de extrema derecha Chega. Igual en Irlanda o Alemania. En el país sajón, Tarik Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer realizaron una investigación en la que trataban de comprender cómo la crisis en el mercado del alquiler afectaba al comportamiento electoral. Sorpresa: allí donde las viviendas son más caras, más probabilidades de votar a los filofascistas de Alternativa por Alemania.

Para Abou-Chadi, especialista en política europea de la Universidad de Oxford, el aumento del precio del alquiler “constituye una amenaza para el estatus social y económico”, lo que contribuye al miedo, principal combustible para el motor ultraderechista. En una entrevista con El HuffPost, la Comisionada para la Salud Mental, Belén González, insistía en este extremo: “El malestar puede salir por varios lugares, y uno de ellos es el miedo: miedo al futuro, al otro. Y los discursos que encajan más con esa sensación de ‘nos atacan’ o ‘nos quitan cosas’ vienen a dar una explicación a esa sensación intangible de indefensión, de soledad, de traición”.

Balakrishnan Rajagopal, el relator de la ONU, opina en la misma línea: “Los partidos de extrema derecha prosperan cuando pueden explotar las brechas sociales que surgen de la falta de inversión y de una planificación gubernamental inadecuada. Y cuando pueden culpar a los de fuera. Esa es la situación en la que se encuentran ahora muchos países de la UE. La crisis de la vivienda ya no afecta solo a las personas con bajos ingresos, a los inmigrantes y a las familias monoparentales, sino también a las clases medias. Esa es la cuestión social del siglo XXI”.

España no escapa a ninguna de estas cuestiones, ni a la crisis inmobiliaria ni al ascenso de la extrema derecha. Los precios de la vivienda se han disparado tanto que el alquiler se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo de pobreza y exclusión social. Pese a una economía en alza y a unas cifras récord de empleo, España es, según Eurostat, el tercer país de la Unión Europea con más riesgo de pobreza y exclusión social, solo superado por Rumanía y Bulgaria.

En su último informe sobre el estado de la pobreza, publicado hace apenas unos días, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) situaba en un 20,2% la población española en riesgo de pobreza (9,7 millones de personas) y en un 48,7% los residentes con problemas para llegar a fin de mes. A pesar de existir múltiples factores para explicar esta situación, en EAPN-ES destacan uno: la vivienda. “El alquiler exige un esfuerzo económico mayor y supone un agravante de pobreza”, explican: “El incremento de los ingresos de los hogares no es suficiente para hacer frente al impacto del aumento del precio de la vivienda”. Lo confirmaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Puedo seguir subiendo el salario mínimo, que, si los precios de la vivienda siguen subiendo, si no hacemos nada, será misión imposible”.

Hace unos días, en la plaza de la Libertad de Nicosia, capital de Chipre, El País entrevistó a una pareja de 20 años que celebraba el resultado electoral en las europeas del youtuber Fidias Panayiotou. “¿Creéis que Fidias puede conseguir algo en el Parlamento europeo?”, preguntó el periodista, a lo que respondieron: “¿Y qué han conseguido para nosotros los grandes nombres de la política hasta ahora?” En los últimos años, el problema de la vivienda ha entrado también con fuerza en la política chipriota debido sobre todo al incremento del precio del alquiler.

Son muchos los análisis que pueden hacerse respecto al porqué del apoyo que recibe la extrema derecha, pero basta con escuchar, por ejemplo, a los jóvenes para intuir las soluciones. Hace unos días, el Consejo de la Juventud de España y Oxfam Intermón publicaron un informe titulado “Equilibristas” que busca analizar “las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual”. En el estudio, destacan que “el síntoma más evidente de la imposibilidad de la gente joven de construir un proyecto vital en nuestro país es la emancipación”. “El acceso a la vivienda se ha convertido en un imposible para las personas jóvenes”, detallan.

No resulta aventurado asegurar que, de no solucionarse el problema de la vivienda, el aliento a la extrema derecha y a los discursos más populistas no dejará de crecer. Conviene, en este aspecto, señalar que no siempre el voto significa adhesión. En muchas ocasiones, como puede ser el caso de Javier Milei en Argentina, la papeleta puede ser un grito de socorro, un mensaje que denuncia la traición de la que habla la Comisionada para la Salud Mental. Como el hastío de la pareja chipriota. Si los Gobiernos no garantizan un derecho fundamental como este, tendrán muy complicado lograr que quienes sufren la carencia puedan apoyarles.

En España, el Gobierno ha dejado en suspenso las políticas de vivienda durante el ciclo electoral reciente. El pasado mes de abril, PSOE y Sumar chocaron respecto a cómo debía abordarse este asunto. Fue a raíz de unas palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien aseguró que había “negocio” al llamar a “los promotores privados” a participar “de la oferta en alquiler asequible”. Aunque desde el Ejecutivo no dejan de alertar acerca de esta cuestión - el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que esta es “la legislatura de la vivienda” - no parecen estar cerca de una solución.

Tampoco es que la extrema derecha tenga una solución para la vivienda. No la necesitan. Mientras los demás no hagan, cuentan con una ventaja primordial: culpar al otro, bien sea el Gobierno de turno o el inmigrante.

Es más sencillo culpar que responsabilizarse.