La Audiencia Nacional inadmite la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este lunes inadmitir la querella presentada por el PP contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal, en base al testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz, al considerar que "se precisa algo más" que una información periodística.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 recuerda que "una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal".

Pedraz, que ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que en el caso de la querella del PP ese "algo más" según se sigue de la lectura de lo relatado en la querella no se da, pues de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado.

El magistrado explica que una "denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean esas mismas las que funcionen como elemento confirmador de otros, sin necesidad de desvelar la identidad del informador", tal y como establece el Tribunal Supremo.

La jurisprudencia, explica Pedraz, "requiere que esas informaciones estén sustentadas en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada".

Incluso, advierte el juez, "aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Ministerio Fiscal al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al Director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción 2 y contradice también a dichos denunciantes".

En el mismo auto, el juez Pedraz admite la personación como acusaciones populares del Partido Popular, Manos Limpias, la Asociación Hazte Oír y Vox, previa prestación de fianza de 10.000 euros.

La supuesta entrega de 90.0000 euros

La querella, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, se dirigía contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García -ex asesor del otrora ministro socialista José Luis Ábalos-, entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

El escrito se presentó ante el juzgado que dirige Santiago Pedraz porque se enmarca en las pesquisas secretas que dirige esta sede judicial por un presunto fraude de IVA de más de 182 millones en el sector de los hidrocarburos.

Los 'populares' basaron su querella en la información publicada el pasado 10 de octubre por The Objective, que recoge el testimonio de dos informantes anónimos, uno de los cuales aseguró que llevó 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz en dos entregas que se hicieron con bolsas de plástico en octubre de 2020.

El objetivo último, de acuerdo con estos testimonios, sería que a través de la intermediación de De Aldama con Koldo García la empresa Villafuel consiguiera el título de operador en el sector de hidrocarburos, que finalmente obtuvo.

Para el PP, "la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político" es un indicio bastante importante como para "iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos".

No obstante, apuntaba también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el 'caso Koldo' y a la existencia de "un aforado" -Ábalos- que, alegaban, podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.

La AN mantiene en prisión sin fianza a Aldama

El juez Pedraz ha acordado a su vez mantener en prisión sin fianza a Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo' al que investiga por pertenecer a una trama que estaría involucrada en un fraude en el mercado de los hidrocarburos. En su auto, recogido por Europa Press, el juez rechaza así la petición de la defensa de De Aldama que recurrió su prisión provisional al entender que la medida era desproporcionada y vulneraba su derecho a la presunción de inocencia.

El magistrado entiende que la medida debe permanecer para evitar que pueda obstruir la acción de la justicia. "Las alegaciones efectuadas no desvirtúan lo acordado, habida cuenta como se ha hecho ya constar en la resolución que existen motivos bastantes para creer responsable al investigado del delito, aconsejándose la medida como se dijo fundamentalmente a los efectos de que no pueda obstruir a la instrucción de la causa", apunta.

Pedraz añade que "se han acordado múltiples diligencias" que, de hallarse en libertad, pudieran no llegar a su fin "pues pudiera actuar para evitar su consecución". "Es más, una parte importante de lo defraudado (73.902.852,60 euros) podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero y se hace preciso proceder a su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas", añade.

Al hilo, recuerda que sustituir la prisión por la prohibición de salida del territorio nacional sería insuficiente dado que, "hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países"

El PP afirma que lo que importa es "cómo acaba este caso, no como empieza"

Según fuentes del PP, el partido respeta la decisión de la Audiencia Nacional, "frente a aquellos partidos que insultan, persiguen y amedrentan a aquellos jueces que no les dan la razón". 

"Nuestra obligación era denunciar los hechos conocidos sobre los que no había investigación judicial alguna. En cualquier caso, lo que importa es cómo acaba este caso, no como empieza", han agregado. 

Además, el PP asegura que, "a diferencia de la querella presentada por la Abogacía del Estado a petición de Pedro Sánchez, para la presentación de la nuestra no se han utilizado fondos públicos. Para la de Sánchez, también archivada, contribuimos económicamente todos los españoles".