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La acusación popular: una figura que el PSOE quiere limitar mientras la usa y que el PP critica pese a proponerlo en 2017

La acusación popular: una figura que el PSOE quiere limitar mientras la usa y que el PP critica pese a proponerlo en 2017

El PSOE propone excluir a los partidos políticos de la acusación particular, una medida que el PP critica aunque quiso hacer lo mismo. Asociaciones de juristas, tanto conservadores como progresistas, critican el intento de reforma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, izquierda, con Alberto Núñez Feijóo.JESÚS BRIONES/GTRES

“Se usa el procedimiento judicial para, a través de una denuncia con cierta apariencia de veracidad, eliminar al adversario político, por lo que creo que debería limitarse el uso de la acusación popular en nuestro país”. El argumento podría parecer de Félix Bolaños con relación a los casos que ahora circundan a Pedro Sánchez. Pero, por mucho que ahora pudiera comprarlo palabra por palabra, no lo es. La sentencia es de Rafael Hernando. La dijo en 2017, cuando era portavoz parlamentario del PP. Alberto Núñez Feijóo entonces era presidente de la Xunta de Galicia, pero atendiendo a sus declaraciones más recientes, debía entender que lo expresado por su compañero de partido era “inconstitucional en su totalidad”. “Sin la acusación popular, no habría caso Gal, ni Nóos, que implicó a la Corona, ni el caso Watergate”, diría. ¿O no?

La limitación de la acusación popular no es un debate reciente. Si bien ha vuelto a primera plana tras registrar el PSOE una proposición de ley orgánica que busca limitar esta figura procesal para que no puedan ejercerla partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos, no es la primera vez que entra en disputa. Lo intentó el PSOE con Zapatero, el PP con Rajoy y ahora, otra vez, el PSOE con Sánchez. Daría la sensación de que los partidos políticos mayoritarios han sacado a colación el asunto cuando eran uno u otro los principales perjudicados.

El PP propuso cambiar la norma cuando negociaba un acuerdo con Ciudadanos en la Región de Murcia. El anterior presidente, Pedro Antonio Sánchez, del PP, acababa de dimitir acorralado por acusaciones de corrupción. Estaba siendo investigado tanto en la trama Púnica como en el caso Auditorio. En el PP estaban molestos porque el PSOE y Unidas Podemos se habían personado como acusaciones populares contra su compañero. Por eso, cuando Ciudadanos puso como condición para un nuevo pacto eliminar los aforamientos, los de Rajoy respondieron que sí, siempre y cuando también se limitara la acusación popular a partidos políticos y sindicatos, algo que no compartieron los de Albert Rivera, quien casualmente defendía lo que hoy alega Feijóo: dudas sobre la constitucionalidad de la reforma.

Si bien el PSOE mantiene desde hace años una postura favorable a la limitación de la acción popular, el último intento acaba de producirse a principios de este mes. El partido ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. El PSOE no solo quiere limitar la acusación popular. También aboga por la inadmisión de denuncias basadas en recortes de prensa, la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y la abstención y recusación de jueces por “declaraciones políticas”. Destaca, además, con relación a la figura procesal tratada en este artículo, que quieren que dicha limitación se aplique a los procesos en curso. Esto tiene especial relevancia teniendo en cuenta que los casos contra la pareja y el hermano del presidente del Gobierno han sido impulsados por acusaciones populares. Muchas organizaciones ultras, como Manos Limpias, han hecho de la acusación popular su gran negociado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se refirió de hecho estos días a este tipo de asociaciones. “Usan siempre los mismos métodos. Pervertir la acusación popular para perseguir en los juzgados a personas que no piensan como ellos”, dijo al enterarse de que Abogados Cristianos se había querellado contra la cómica Lalachus. La afirmación guarda especial similitud con la de Hernando de hace unos años. La postura del PSOE, eso es cierto, no ha cambiado, pero no deja de sorprender que la misma formación política que quiere impedir que los partidos la usen se persone habitualmente como acusación popular. Sin ir más lejos, hace pocos días, y según avanzó Infolibre, el PSOE solicitó al Supremo personarse en la investigación por financiación irregular al eurodiputado ultra Alvise Pérez. Lo hizo también con el caso Koldo y en la causa que investiga fraude en el sector de hidrocarburos, incluso en la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal. Y en muchas otras, como los casos Gürtel, Kitchen o Púnica, cuyo principal señalado era el Partido Popular. Cuando solicitaron ser incluidos como acusación en las dos causas en las que está imputado Víctor de Aldama, el PSOE defendió dicha figura procesal por estar “ante causas de interés nacional, en las que los graves hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos públicos”. “Dada la preocupación y la alarma social generada, se ha adoptado esta decisión”, dijeron entonces.

Sin que sirva de precedente, la propuesta respecto a la acusación popular ha unido en la crítica a las asociaciones judiciales conservadores y progresistas. No la comparten, por ejemplo, ni en la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ni en Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD). En una columna de opinión en La Voz de Galicia, Sergio Oliva, portavoz nacional de la AJFV, considera que “el eventual espurio de la acción popular no puede legitimar a un Gobierno a hacer saltar por los aires un derecho constitucionalmente reconocido a favor del pueblo”. “Decisiones legislativas como esta, que huyen de los informes técnicos y que parecen tomarse sin pensar en el mañana, generan espacios de impunidad que son una profunda injusticia y una amenaza al sistema democrático. Legislar para hacer trajes a medida nunca ha sido buena idea. Sobre todo cuando implica limitar los derechos de la ciudadanía”, añade.

"Se usa el procedimiento judicial para, a través de una denuncia con cierta apariencia de veracidad, eliminar al adversario político, por lo que creo que debería limitarse el uso de la acusación popular en nuestro país"
RAFAEL HERNANDO, EXPORTAVOZ PARLAMENTARIO DEL PP, EN 2017

Es una opinión muy parecida a la de Edmundo Rodríguez, portavoz de JJpD. Consultado por El HuffPost, Rodríguez cree que sí hay que regular mejor la figura procesal, “pero a través de la reforma que ya está en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no de esta manera, sin informes técnicos y por parte de un partido político, por separado”. “Hay que mantener la acusación popular no solo porque está en la Constitución, sino porque ha servido en el pasado y servirá en el futuro para seguir persiguiendo delitos. Hay muchas asociaciones que lo usan sin mala fe, muchas en causas ecologistas, contra la corrupción, en defensa de las minorías, contra la violencia de género... Hay que regularla bien, sí, controlando los abusos, pero sin limitar los derechos”, dice.

En respuesta a un teletipo de la agencia de noticias Europa Press que decía que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente “avisan de que la ley del PSOE para limitar la acción judicial permitirá que gobiernos de cualquier signo puedan eludir el control judicial”, Óscar Puente ironizó diciendo que su opinión resultaba conmovedora. “Es enternecedor ver a juristas y pseudo juristas defender que la limitación de la figura de la acusación popular acaba con el control del gobierno por la justicia cuando no existe en ningún otro país de la UE. Nuestros colegas europeos no deben tener ni democracia ni justicia”, escribió en redes sociales.

Pero las posturas reacias a la proposición del PSOE no provienen únicamente de la judicatura o de la oposición política que encabezan PP y Vox. Tampoco ha sido bien recibida por los socios del PSOE en el Gobierno de coalición. Enrique Santiago, abogado y actual diputado por Sumar, miembro de IU, aseguró nada más conocer la propuesta que “el lawfare se combate impidiendo que los jueces hagan política, no restringiendo la acusación popular, [...] un avance democrático que ha posibilitado perseguir la corrupción y las violaciones de Derechos Humanos ante la inacción del Estado”.

En todo caso, y pese a que ellos mismos lo defendieron hace unos años, cuando más les afectaba, el PP parece haber encontrado un nuevo dardo que utilizar en su ofensiva contra el Gobierno. No importa que hayan opinado igual. Feijóo ya ha tildado la propuesta como “ley Begoña”, para él “una medida más propia del régimen de Maduro o del régimen de Franco”. “¿Hay algún precedente de que un presidente de un Gobierno democrático saque una ley para proteger a su familia e interrumpir los juicios que se están celebrando?”, se preguntaba estos días Feijóo. Quizás estaría bien escuchar la respuesta de Rafael Hernando. Por lo pronto, el exportavoz parlamentario del Partido Popular tan solo ha compartido la opinión de su actual líder en redes sociales.