Justicia estudia cómo sacar rendimiento a los más de 4.700 millones que guarda en el banco

El Ministerio de Justicia está estudiando cómo sacar rentabilidad a los más de 4.700 millones de euros que guarda en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, dinero que ingresan ciudadanos y empresas en el marco de procesos judiciales y que, admiten sus gestores, genera escaso rendimiento en un momento de tipos altos.

Una multa o una fianza impuesta por el juzgado, la indemnización a un trabajador en un despido no consensuado, una pensión de alimentos en un divorcio contencioso, la devolución de un alquiler cobrado irregularmente... Todos ese dinero pasar por la cuenta de Justicia, que esta semana ha celebrado un coloquio para conmemorar el 35 cumpleaños de un instrumento que en su día revolucionó la vida de los juzgados y que sigue actualizándose.

Hay en realidad 4.516 cuentas operativas gestionadas por juzgados y tribunales, con un saldo vivo, a 31 de agosto, de 4.774,8 millones de euros, según los últimos datos del Ministerio.

No gustan en Justicia las informaciones que hablan de los miles de millones de los ciudadanos que están inmovilizados en esas cuentas: en 2022 se realizaron diez millones de operaciones y cada mes, de media, se mueven más de 1.000 millones de euros.

Pero es evidente, admitió el subdirector general de Programación y Gestión Económica del Servicio Público de Justicia, Francisco Ferrándiz, que para garantizar esos movimientos y que los juzgados disponen de fondos no es necesario tener en cuentas corrientes a la vista ese volumen de dinero.

Según explicó, el año pasado se abrió ya "un proceso de análisis y reflexión" sobre las posibilidades financieras de esas cuentas que desde hace más de dos décadas gestiona el Santander.

Por su volumen, apuntó, es el contrato público más importante del Ministerio de Justicia y le cuesta cero euros; la entidad financiera se asegura la gestión de unas cuentas que tienen un saldo medio superior a los 4.500 euros.

El largo proceso que requiere la licitación pública hace que siempre se esté funcionando de forma anticíclica desde el punto de vista de generar rentabilidades e ingresos, se lamentó Ferrándiz.

La licitación del actual contrato, que ha comenzado en enero y al que solo optó el Santander, se inició hace tres años, cuando la presidenta del Banco Central Europeo auguraba tipos negativos o cero hasta 2028, apuntó este alto cargo de Justicia. Y en base a esas perspectivas se licitó un contrato que "vincula a ambas partes y tenemos que respetar".

La cuenta que acabó con las 'astillas' y otras corruptelas

La implantación de la cuenta de depósitos y consignaciones a finales de los años ochenta del pasado siglo fue un hito en la lucha contra las astillas -cantidades de dinero que se pagaban en ocasiones a funcionarios para agilizar procesos- y otra corruptelas que se vivían en los juzgados.

A principios de aquella década, recordó el letrado de la administración de Justicia Luis Ignacio Sánchez Guiu, cada juzgado manejaba numerosas cuentas, todas nominativas, y pagos en metálico.

El decreto de 1988 que reguló el pago de depósitos y consignaciones fue claro en su artículo 1: quedaba "prohibida la recepción material de dinero o cheques en los juzgados o tribunales" y también la utilización de cuentas distintas a las marcadas por la ley.

Justicia está centrada ahora en la robotización y las mejoras tecnológicas de la citada cuenta, explicó el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo.

Este proyecto de automatización inteligente de muchas de las operaciones permite liberar de carga de trabajo a los letrados de la administración de Justicia y facilitar la labor de los operadores jurídicos con procesos más eficientes.

"A veces se ve lejano, pero el cobro de la pensión alimentaria en la parte vulnerable de una pareja se hace a través de esa cuenta, y es muy importante que ese pago llegue a tiempo", señaló Cubo.