Junts y sus votos junto a PP y Vox: ¿hacia un nuevo Pacto del Majestic en la derecha?
Los de Carles Puigdemont tumban junto a la derecha y la ultraderecha en el Congreso admitir a debate la regulación de los alquileres de temporada.
“Junts no será el partido que facilite una ley que invade competencias a Cataluña”. El subterfugio al que ha acudido el secretario general de Junts, Jordi Turull, para justificar su voto en el Congreso contra la regulación de los alquileres de temporada está ya muy manido. Más allá de las formas (avisaron tres minutos antes al portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, de que cambiarían el sentido de su voto y por tanto impedirían la toma en consideración de la propuesta), lo cierto es que los de Carles Puigdemont han vuelto a votar lo mismo que Partido Popular y Vox. “Han votado con quienes quieren meterles en la cárcel”, resumió este miércoles Errejón desde los pasillos del Congreso.
La justificación de la invasión competencial podría llegar a entenderse si no fuera porque Junts también tumbó junto a PP, Vox y PSC una regulación de los alquileres de temporada que el Govern de ERC decretó en Cataluña poco antes de las elecciones. Entonces, además de denunciar electoralismo, Josep Rull llegó a tildar la medida como un “despropósito monumental”, una definición que también utilizó el presidente de la patronal catalana de promotores, Xavier Vilajoana.
La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, recordaba este martes aquella votación en el Parlament para contrarrestar los argumentos de Junts: “Que no busquen excusas", decía: “Si denuncian invasión competencial, ¿por qué votaron en contra hace unos meses también en el Parlament de la ley catalana que regulaba los alquileres de temporada?” En aquel momento, el diputado de la CUP Xavier Pellicer aseguró sentir “vergüenza”. “Este decreto no es la panacea, pero servía para tapar agujeros”, lamentó.
La queja de la CUP en Cataluña es similar a la del PNV en Madrid tras la votación. Los vascos no compartían el texto planteado, pero sí estimaban oportuno que al menos pudiera debatirse. Votaron un “sí crítico”. “Teníamos diferencias con el texto presentado”, comentaba esta mañana Aitor Esteban en La 1, donde sí estimaba necesario el “estudiarlo, porque verdaderamente hay un problema”. Darían trámite, propondrían enmiendas y luego ya verían “cómo quedaría el texto para decidir nuestra posición final”. Aunque este martes tan solo se votaba la admisión a trámite del debate, Junts optó directamente por el no.
La decisión de Junts no ha sentado nada bien a los movimientos sociales de lucha por la vivienda que promovían la mencionada regulación. Desde el Sindicat de Llogateres consideran “incomprensible que cualquier partido se oponga a debatir sobre un problema tan grande como el de la vivienda en el Congreso”. “En el caso de Cataluña”, recuerdan, “la situación es extrema, puesto que el 80% de la población vive en zonas de mercado tensionado y los límites de precios no se aplican a las modalidades de alquiler temporal y de habitaciones”. “Es difícil entender que un partido quiera silenciar el debate sobre este fenómeno en lugar de plantear sus propias propuestas”, denuncian. El Sindicat se manifestó la tarde del miércoles frente a la sede de Junts en Barcelona bajo el lema “Junts, especuladores”.
A pesar de utilizar siempre Cataluña y las competencias como justificación, las decisiones de los juntaires son tan solo la plasmación de un programa político similar al de la derecha o la ultraderecha. En las elecciones catalanas, de hecho, ya dejaban claro que su apuesta en materia de vivienda no pasaba por el control o la limitación de precios, sino por más ladrillo. “Debemos velar por crear las condiciones que permitan reactivar la generación de oferta”, especificaba su programa. También han demostrado su cercanía a PP y Vox estas últimas semanas en lo relativo a política migratoria. Si el Gobierno ha perdido 35 votaciones en el Congreso, una buena parte tienen que ver con esta suerte de alianza programática, donde tan solo la soberanía es obstáculo.
Ante este escenario, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, alertaba ya de un nuevo Pacto del Majestic. “Hay un fantasma que recorre este hemiciclo”, le decía este miércoles al presidente del Gobierno: “Es el fantasma de la derecha y la ultraderecha, un bloque nuevo que se está conformando: PP, Vox y Junts”. “Se está conformando un bloque de derechas que seguramente llevará a Feijóo a La Moncloa”, advertía el diputado catalán.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es ajeno al contexto desfavorable de gobernabilidad. No en vano, hace unos días afirmó aquello de que avanzarían “con o sin concurso del poder legislativo”. Por mucho que se insistiera durante meses, en el Congreso puede que haya una mayoría plurinacional, pero no tanto progresista. Junts tenía motivos para apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez, la opción más favorable para sacar adelante una ley de amnistía. Una vez ya aprobada, no obstante, Puigdemont está todavía en Waterloo y a expensas de lo que decidan los tribunales. Y para más inri, ERC ha pactado con el PSC la investidura de Salvador Illa en Cataluña. No solo es que la política de Junts en materia de vivienda sea distinta, sino que además su estrategia ya no pasa por apoyar al Gobierno de coalición.
Quien también está al tanto es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tampoco habría tenido problemas en hablar de amnistía, aunque con más dificultades, si eso le hubiera sentado en el despacho del presidente en La Moncloa. En un extraño giro argumental, Feijóo denunciaba hace unos meses en una entrevista en La Razón que Sánchez había “engañado” a Puigdemont con la amnistía. En dicho diálogo, el líder del PP confesaba que Junts es un partido con “representación” y “votos detrás”, deslizando la posibilidad de establecer relaciones.
Aunque aún no se ha repetido aquello del “hablo catalán en círculos reducidos” de José María Aznar, cada vez es más tangible el bloque de derecha en el Congreso.