Un juez manda al banquillo al exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por fraude y estafa
Usó un préstamo de Industria de casi 2,5 millones para fines distintos de los que se fijaron
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha procesado al exlíder de Vox en Andalucía Francisco Serrano y sus dos exsocios por su participación en un posible delito de fraude de subvenciones y otro de estafa, en referencia a una ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria.
El auto, al que ha tenido acceso EFE, esgrime que Francisco Serrano y sus exsocios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López se concertaron en 2016 para obtener, "sin tener la debida solvencia", un préstamo de casi 2,5 millones que se destinó para fines distintos de los que fijaron, que eran la construcción de una fábrica de pellets en la localidad onubense de Niebla.
En la actualidad sólo se ha ejecutado la nave principal, por medio millón de euros, y el edificio de oficinas, por 142.600 euros, según el informe del Ayuntamiento de la localidad.
El juez entiende que de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros.
Ha reseñado que los investigados constituyeron la empresa porque conocían la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria "una imagen de solvencia", pero la empresa no se ajustaba a la realidad, y se incluían "fondos propios no reales" que facilitaban acceder a la subvención estatal.
En la memoria para conseguir la ayuda se indica, sin ser real, que tres granuladoras y el ciclo rotativo de secado no es necesario comprarlo porque ya lo poseen, y que el suelo donde se construirá la fabrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla bajo una concesión administrativa de suelo de 30 años.
El juez señala que una vez que recibió la ayuda "ya no era necesario mantener la apariencia" y en los días siguientes "comienzan las disposiciones para fines no comprendidos" en el anexo, como es el caso de varias transferencias al empresario Manuel Gavira Gómez y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario.
También se destinaron 1,3 millones a la constitución de un fondo de inversión que sirvió de garantía para que una entidad bancaria prestara aval para asegurar la ayuda, entre otros procedimientos que no correspondían con los objetivos de la subvención.
El juez considera que aparecen "indicios racionales" de un delito de fraude de subvenciones y de un delito de estafa, y que se evidencian "motivos suficientes" para atribuirlos a los tres procesados.
Por otra parte, ha archivado la causa contra un notario que participó en la operación para recibir la subvención, ya que "no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno".
La investigación se inició tras la denuncia del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
